La causa contra García Ortiz, abocada al juicio aunque no se recupere su móvil

La causa por la filtración del correo de Alberto González Amador encara una nueva fase tras los interrogatorios de Álvaro García Ortiz y de Pilar Rodríguez. A falta de que el 5 de febrero declare el tercer imputado en estas diligencias, el procedimiento pone el foco ya en intentar recuperar los elementos borrados de los terminales del fiscal general; una misión prácticamente imposible que no parece que vaya a cambiar el rumbo de la investigación.

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, se dirigió hace apenas unas semanas a las empresas proveedoras de Whatsapp y de Google para rescatar el contenido de los terminales asociados al fiscal general, toda vez que la UCO se los encontró vacíos en el registro del pasado 30 de octubre. Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por LA RAZÓN coinciden en que es muy complicado que las compañías que operan tras estos programas accedan a aportar la información facilitada. Habitualmente suelen escudarse en el secreto de las comunicaciones y en la protección de datos del afectado.

Así pues, no se prevé una respuesta efectiva de estas diligencias, al menos en lo referido a Whatsapp. Sin embargo, no parece que esto vaya a ser un obstáculo para que la causa acabe en juicio, dado que el magistrado instructor lleva semanas advirtiendo en sus autos de que hay "elementos objetivos" suficientes que sitúan al fiscal general tras la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La difícil misión de recuperar los mensajes

Con todo, la recuperación de los terminales borrados se ha convertido en un objetivo prioritario para los investigadores. El instructor acordó en octubre la entrada y registro de los despachos de los entonces dos imputados en la causa: García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Tras efectuar la diligencia, la Guardia Civil informó al juzgado de que no encontró mensajes en los terminales incautados al fiscal general entre los días 8 y 14 de marzo del año pasado.

A tenor de este resultado, Hurtado pidió analizar los identificadores numéricos asociados a las tarjetas y se encontró con que el fiscal general cambió el teléfono justo después de que arrancaran estas diligencias. La UCO detectó que el inicio de la actividad de uno de los terminales correspondía con el 23 de octubre, esto es, una semana después de iniciarse el procedimiento.

Desde la Fiscalía General del Estado se defendió que existe un protocolo de borrado de datos para los altos cargos de la institución, por el cual el fiscal general elimina periódicamente el contenido de sus teléfonos. Él mismo se pronunció sobre este extremo en su interrogatorio el miércoles. Según dijo, el carácter confidencial y reservado de sus comunicaciones y su información sobre altas instituciones, le lleva a cambiar de terminal con mucha frecuencia. Por sus manos habrían pasado, según matizó, seis teléfonos desde que asumió la jefatura de la Fiscalía en 2022.

Sin embargo, los investigadores trabajan para recuperar el contenido del teléfono que usó en marzo del año pasado; máxime porque el móvil de Pilar Rodríguez, también rastreado, evidencia todas las directrices que dio entre la noche del 13 de marzo y la mañana siguiente para desmentir la supuesta propuesta de pacto del órgano a González Amador.

"Mensajes de interés"

Así, por un lado, el juez encargó a la UCO que tratara de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea del fiscal general y, por otro, se dirigió a dos operadoras telefónicas para que faciliten todos los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten.

Por su parte, la Guardia Civil informó hace apenas unos días al instructor de que había extraído "información de interés" de los mensajes de Whatsapp. Los agentes especificaron que la aplicación -propiedad de la estadounidense Meta- genera dos tipos de copias, una de carácter local y otra virtual. La primera se realiza de manera automática por la aplicación y se aloja en el dispositivo telefónico, mientras que la segunda se almacena en las cuentas de Google que están asociadas al teléfono en cuestión.

La UCO precisó que, para que su investigación llegue a buen puerto, era "imprescindible" que se pudiera tener acceso "íntegro" a todos los datos contenidos en el dispositivo. Por ese motivo, Hurtado libró sendas comisiones rogatorias a los proveedores de Whatsapp y Google para que remitan al Tribunal Supremo, en el caso del primero, copia de seguridad de todas las conversaciones mantenidas en los días que se investigan y, en el del segundo, todos los datos almacenados en su cuenta, además, de un registro con toda la información.

Sin rastro de su teléfono

La causa aguarda ahora la respuesta de los entes requeridos, aunque la experiencia demuestra que es muy complicado que respondan al requerimiento. Sin embargo, no parece que el instructor dependa de esta diligencia para seguir adelante. Al contrario, va dejando claro a través de sus escritos de que hay indicios fehacientes como para que el asunto termine en procesamiento, al menos en lo que respecta al fiscal general.

Tampoco se espera obtener información de los terminales que ha ido utilizando en todo este tiempo. Hace apenas unos días, el servicio de informática de la Fiscalía respondió al Tribunal Supremo que se le hizo entrega a García Ortiz de un nuevo teléfono el pasado 24 de mayo, esto es, dos meses después de los hechos que ahora se investigan. Según explicaron, no consta que devolviera el móvil viejo, por lo que se desconoce el paradero del teléfono que usó en el momento de los hechos.