Desazón en la carrera con García Ortiz: "Tenemos un fiscal general del Gobierno, no del Estado"

La investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está haciendo mella en la institución. Fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN explican que el máximo representante del Ministerio Público tendría que haber cesado ya porque, al margen de que acabe en el banquillo o salga indemne del procedimiento en el que está imputado, se está erosionando la imagen de la Fiscalía. "Tenemos un fiscal del Gobierno, no del Estado", razonan.

Las mismas fuentes razonan que la situación en el seno de la institución es cuanto menos extraña ante lo anómalo de la situación. "Se tenía que haber ido desde el principio. Se está permitiendo que lo excepcional se convierta en normal", alegan, al tiempo que recuerdan que la carrera no puede hacer nada ante esta situación puesto que su salida depende de él.

Algunas de las voces consultadas prefieren no valorar la estrategia de defensa de García Ortiz, quien este miércoles declaró como investigado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general declinó responder a las preguntas del juez y de las partes porque considera que sus derechos se vieron vulnerados con el registro a su despacho, y se limitó a contestar a su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado.

“Parece un ministro más”

En su interrogatorio expuso que esta causa está predeterminada desde su origen, al margen de los indicios que se hayan recabado contra él por su presunta responsabilidad en la filtración del correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con todo, negó estar detrás de la difusión en prensa de su contenido o del expediente tributario de Alberto González Amador y declinó haberle facilitado esta información a Moncloa.

Las fuentes consultadas lamentan que amagara con la sombra de 'lawfare' en su intervención en el alto tribunal. "El artículo 124 de la Constitución Española dice que el fiscal tiene que velar por la independencia de los tribunales y lo primero que hace es acusar al juez de 'lawfare'. Si quiere decir que esto es lawfare o que el juez está predeterminado, debe cesar y, entonces, defenderse como considere correcto", explican.

"Es capaz de provocar un choque institucional para defenderse él", apuntalan. Por ello, consideran que tendría que cesar del cargo y defenderse al margen de la Abogacía General del Estado.

"Choque institucional"

De hecho, ponen en el foco en el hecho de que el fiscal general del Estado cuestione ese procedimiento, pero luego dé órdenes de cómo debe actuar la Fiscalía en el resto de diligencias. "Es absolutamente insostenible. Está rebajando la institución a su nivel. Dentro de unos años procesaremos todo esto, pero ahora no nos damos cuenta de que tenemos un jefe que está imputado y que se va a sentar en el banquillo de los acusados, apuntalan.

Al respecto, sostienen que hay muchas posibilidades de que el procedimiento acabe en juicio, con el daño que esto hace para la imagen de la institución. "Todos los días hay noticias negativas de la Fiscalía", aseveran a este medio. Por eso, la gruesa mayoría considera que tendría que haber dado un paso al lado para no perjudicar más la imagen del Ministerio Público. Al hilo, se muestran sorprendidas por la defensa que hace Pedro Sánchez y el resto de su equipo a García Ortiz. "Parece que el fiscal general del Estado es un ministro más", señalan.