Las asociaciones de jueces cargan contra el anuncio de Bolaños: "Estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro"

Las principales asociaciones de jueces han cuestionado el anuncio del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, relativo al aumento del 50% de los jueces sobre violencia de la mujer porque sospechan que no entraña un aumento real de la plantilla, sino un traspaso de jueces provenientes de juzgados de instrucción. "Estamos desvistiendo un santo para vestir a otro", alegan.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) muestran sus recelos con esta medida del Ejecutivo, mientras que desde Juezas y Jueces para la Democracia la defienden y la tildan de "necesaria", según explican los presidentes de las cuatro asociaciones a LA RAZÓN.

Así, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, desconfía del anuncio por cuanto que ni se les ha informado de la previsión de crear juzgados ni tampoco se han aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Por ello sospecha que no se van a crear nuevas plazas, que es lo que se precisa. "No sabemos de dónde va a salir ese 50% de jueces, salvo que pretenda 'colarnos' por la puerta de atrás a jueces sustitutos", sostiene.

"Confianza la justa"

"Este anuncio, como otros, nos pone en alerta porque sin dinero no se crean juzgados ni plazas de juez, y sin criterios objetivos y procesos de selección serios tampoco hay jueces independientes. Así que, con este anuncio, como con otros, confianza la justa", ha dicho en declaraciones a este medio. Barco apela a la reforma legal que ha propiciado el anuncio del ministro, relativa a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En concreto, alude a la disposición transitoria cuarta que establece que, a los nueve meses de la entrada en vigor de la ley, los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán las competencias en materia sexual de los procedimientos incoados a partir de esa fecha. Este precepto no habla de creación de plazas, sino de "transformación de los juzgados", previo informe del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, de la comunidad autónoma afectada.

"Nosotros como APM solicitamos la semana pasada al CGPJ que nos informara sobre los trabajos que suponemos está realizando el servicio de inspección (...). Por tanto, sin esos datos y sin el informe del CGPJ, no sabemos de dónde saca el ministro ese 50% que anunció. Salvo que, como imaginamos, haga esa transformación sin un estudio cierto, se limite a un cambio de juzgados de instrucción en violencia sobre la mujer, y traslade el problema de unos órganos judiciales a otros y cause un perjuicio al normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Otro más", precisa.

"Absoluto fracaso"

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, avisa de los peligros de legislar "a coste cero" y vaticina un "fracaso absoluto" con la medida. Primero, porque el aumento de jueces de violencia sobre la mujer tendría que llevar aparejado un aumento del número de fiscales, de letrados de la administración de justicia, funcionarios, médicos forenses y persona de oficinas de atención a víctimas, entre otros. Y, segundo, porque con el traspaso de jueces se va a crear un problema "donde no lo había", en referencia al vaciado de los, ya de por sí saturados, juzgados de instrucción.

"Hacer reformas a coste cero nos dirige hacia un absoluto fracaso. Nos tememos que el aumento de jueces de violencia no pase por aumentar la plantilla de jueces existente, sino por convertir a jueces de instrucción en jueces de violencia. Desvestir a un santo para vestir a otro", sostiene. Oliva replica al ministro que es necesaria "una estrategia" antes de actuar, especialmente cuando se trata de violencia sobre la mujer.

"Una medida positiva"

Del mismo modo le reprocha que haga el anuncio en redes sociales, en referencia a la publicación del ministro de Justicia en su cuenta personal de X este sábado, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. "No parece lo más razonable. Hay que escuchar a los operadores jurídicos para que el sistema judicial pueda seguir siendo eficaz. A la indignación de los jueces de violencia sobre la mujer por esta reforma, sumamos la de los jueces de instrucción. Y al final, los grandes perjudicados serán los justiciables. Esta reforma provocará un terrible colapso de nuestro sistema judicial", advierte.

Por el contrario, desde Juezas y Jueces para la Democracia se tilda de "positiva" la medida. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, afirma en declaraciones a este medio que este paso era "necesario" porque ahora los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán más competencias que antes tenían los tribunales penalistas. Lo siguiente será, explica, incrementar el número de personas de la judicatura que formarán parte de estas nuevas secciones de Violencia sobre la Mujer en los tribunales que, de acuerdo con la Ley 1/2025, comenzarán a funcionar a los seis meses de su entrada en vigor.

"Como el 7 de marzo también se han hecho públicas las relaciones de puesto de trabajo para estas secciones especializadas se está actuando con previsión suficiente para tratar de afrontar el enorme reto que supone ponerlos en funcionamiento al mismo tiempo que se aplica el cambio de competencia", sostiene Rodríguez.

"No se trata de cambiar de sitio los muebles"

En Foro Judicial Independiente tampoco ven con buenos ojos este anuncio. Su presidente, Fernando Portillo, se muestra pesimista porque, dice, Bolaños no se ha pronunciado sobre un posible incremento de la planta judicial, ni tampoco sobre una convocatoria de plazas para cubrir las que ahora se crean. "No se trata de mover piezas o de cambiar de sitio los muebles, cuando lo que tenemos en la inmensa mayoría de los juzgados es una grandísima sobrecarga que se paliaría si, efectivamente, fueran a incrementar en un 50%, de verdad, la planta judicial", razona.

A su juicio, no parece que vaya a ser este el caso, de ahí que se muestren disconformes con la medida que, del redactado de la ley y del mensaje del ministro, todo apunta que terminará derivando los jueces de los juzgados de instrucción a los de la violencia contra la mujer.

"Con lo cual mucho me temo que utilizando precisamente los mecanismos que la ley de eficiencia ha establecido, que son sobre todo mecanismos de flexibilidad a la hora de mover funcionarios, pero también jueces de un sitio a otro, pues se aproveche esta herramienta y se transformen juzgados de instrucción en juzgados de violencia contra la mujer. Estaríamos desvistiendo a un santo para vestir a otro y desde luego esa no es la forma, entendemos, razonable de solucionar un problema", apostilla.