En Canarias y Baleares la empresa del “caso Koldo” intentó dar “gato por liebre” con las mascarillas

Es lo que el refranero llama tradicionalmente “dar gato por liebre”. Los gobiernos de Canarias y de Baleares se encontraron con dos “pufos” al contratar con la empresa del “caso Koldo” el suministro de mascarillas. En ambos archipiélagos, los servicios de salud recibieron al menos en una ocasión partidas que no se correspondían con las que habían contratado. En las licitaciones de emergencia solicitaban material con unas determinadas características, pero después les proporcionaban mascarillas con menor rango de protección frente al coronavirus.

En el caso de Canarias, se trataba del contrato facturado el 22 de abril de 2020 que solicitaba 2.750.000 mascarillas del tipo FFP2 por un importe total de 6.875.000 euros, a 2,50 euros cada unidad. El destino eran los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud, en lo peor de los contagios en España y en pleno confinamiento. El pedido se abonó con una segunda factura fechada el 4 de mayo.

Según el expediente al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las mascarillas se enviaron con gran celeridad, los días 23, 25 y 28 de abril. Pero el fiasco fue mayúsculo cuando el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro comprobó que un total de 837.800 mascarillas no se corresponden con las FFP2 que habían solicitado. El valor de la partida equivocada era de 2.094.500 euros, casi un tercio del total.

Las mascarillas se enviaron después al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para conocer su valoración sobre los niveles de protección que ofrecían y la conclusión fue la misma: no eran aptas para el uso hospitalario que se requería en ese momento y en el contrato. Eran mascarillas FFP1.

En octubre, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa vinculada a la trama del "caso Koldo", envió una carta a la Dirección General de Recursos Económicos y un email en el que planteaba una solución para que no se anulase el pedido. Y propuso cobrar las mascarillas que no cumplían con los requisitos como quirúrgicas, a 0,85 euros la unidad, por un importe de 707.518 euros y completar el pedido con 555.0000 unidades FFP2, que eran las correctas. Estas se cobraron a 2,5 euros, con un importe de 1.387.500 euros. De este modo, se completaba el importe inicial.

El director del Servicio Canario de Salud aceptó este "trueque". Tal como se indica en el documento, dada la subida de los casos de contagio y con un consumo semanal de más de medio millón de mascarillas quirúrgicas y FFP2, y teniendo en cuenta que el proveedor se las podía facilitar de manera inmediata, “esta Dirección acepta como compensación y resarcimientode la situación generada ajena a esta Administración, la propuesta planteada”, indica el texto. Esta decisión fue refrendada por la Dirección General de Recursos Económicos.

Este contrato no figura entre los nueve investigados en el marco del “caso Koldo”, entre ellos, los cuatro celebrados por Soluciones de Gestión con el Gobierno canario, entonces liderado por el actual ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y forman parte del auto de la Audiencia Nacional (AN) son cuatro: uno por cinco millones de euros; otro por 417.000 euros en concepto de servicios de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95; un tercer contrato por importe de 2,1 millones de euros por mascarillas; y una última adjudicación de 33.000 euros para la adquisición de 625.000 agujas.

2,6 millones de euros en Baleares

En el caso del Gobierno balear, por entonces liderado por Francina Armengol, actual presidenta de las Cortes Generales, directamente se pidió a la empresa Soluciones de Gestión que cursara la devolución de 2,6 millones de euros. Detectaron el mismo comportamiento: se enviaron mascarillas de menor nivel de protección que las licitadas en los contratos de emergencia. Este contrato sí es uno de los nueve que están bajo sospecha.

En este caso, el Servicio de Salud balear adquirió material por 3,7 millones de euros. Posteriormente, el Govern le reclamó a la sociedad la devolución de 2,6 millones de euros porque parte de las mascarillas no eran de las características licitadas.

En el auto de la AN se indica que Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes y actual diputado del PSOE, José Luis Ábalos, se habría interesado por el expediente del archipiélago. Y se señala que estaría maniobrando para frenar la devolución de dicho importe por parte de Soluciones de Gestión. Aunque formalmente no tiene vínculos con esa empresa, sí los ha tenido y los mantiene con los dos empresarios involucrados con esa sociedad, Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto. La Fiscalía Anticorrupción sitúa a García en el centro de la mediación para que desde Transportes se adjudicaran los contratos a esta empresa. El primero de ellos vino de Puertos del Estado y el segundo de Adif.

A partir de estos contratos, a las empresas se le abrieron las puertas de otras contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia y sin publicidad. El Ministerio Público cree que Koldo García cobró cuantiosas comisiones por estas negociaciones, que queda avalada por el sensible incremento patrimonial que experimentó a partir de 2020, cuando se formalizaron estos contratos, y por el uso intensivo de dinero en efectivo de procedencia desconocida.

La AN investiga a García, Aldama, Cueto, además de a Íñigo Rotaeche, José Luis Rodríguez, Patricia Uriz y Joseba García por supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.