"Caso Koldo": los nueve contratos bajo sospecha valorados en más de 50 millones

Un total de nueve contratos están siendo investigados en la causa que instruye la Audiencia Nacional (AN) en el marco del «Caso Koldo». De ellos, hay ocho bajo sospecha por un importe de 51,5 millones de euros que suscribió la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. con distintas administraciones públicas. Esta empresa está vinculada con Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, el actual diputado socialista José Luis Ábalos, durante los momentos más duros de la pandemia.

A estas ocho adjudicaciones se suma otra de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad. Era parte del Acuerdo Marco desarrollado para centralizar las compras de material fungible e indumentaria de protección. De esta manera, se pretendía acceder a mejores precios, por un importe cercano a los 2.600 millones de euros divididos en varios lotes. Soluciones de Gestión se adjudicó dos lotes mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas) con Ferrovial. En concreto, se adjudicó la venta de mascarillas FFP2 y FFP3.

El primero de los contratos, el que fue la «llave» de entrada a otras adjudicaciones para la empresa vinculada a García, se formalizó el 21 de marzo de 2020 con Puertos del Estado, una empresa pública dependiente precisamente del Ministerio de Transportes, del que por entonces era titular Ábalos. El total fue de 24,2 millones de euros para el «suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del Covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad», tal como consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Según el auto del juez Ismael Moreno, después de esta adjudicación, se abrió la puerta a otras administraciones públicas.

La contratación de emergencia permite adjudicarlos de forma directa y sin publicidad

El segundo, datado el 27 de marzo del año de la pandemia, fue con ADIF por 12,5 millones de euros para el suministro de cinco millones de mascarillas FFP2. Esta empresa también forma parte de la cartera que lideraba Ábalos, del que García era asesor. Después le siguió la contratación el 20 de abril con el Ministerio del Interior. En concreto, la adjudicación la realizó la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, por 3,5 millones de euros. El material sanitario tenía como fin ofrecer medidas para prevenir los contagios del personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Tras estos tres contratos, le siguieron varios con los servicios de salud de las Islas Baleares y de Canarias. En el caso del archipiélago mediterráneo, las adjudicaciones se produjeron en la etapa en que Francina Armengol, actual presidenta de las Cortes Generales, estuvo al frente del Gobierno balear entre 2015 y 2023. En este caso, el Servicio de Salud balear adquirió material por 3,7 millones de euros. Posteriormente, el Govern le reclamó a la sociedad la devolución de 2,6 millones de euros porque las mascarillas no eran de las características licitadas.

Más tarde, el Gobierno canario, entonces liderado por el actual ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, adjudicó a esta misma empresa un contrato de cinco millones de euros para el Servicio Canario de Salud. El mismo que abonó en otro contrato 417.000 euros en concepto de servicios de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95. Un tercer contrato con la administración canaria fue por importe de 2,1 millones de euros por mascarillas de ese mismo modelo y otras del tipo FFP2. Hubo otra adjudicación de 33.000 euros para la adquisición de 625.000 agujas.

Todas estas contrataciones se produjeron a través del procedimiento de contratación sin publicidad y con tramitación de emergencia, lo que supone saltarse algunos controles y procedimientos clave para prevenir conductas ilícitas. Estas adquisiciones se financiaron con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).