La Audiencia suspende la asociación contra la corrupción del exjuez Presencia

El exmagistrado Fernando Presencia, expulsado de la carrera judicial por vincular con actividades corruptas, sin prueba alguna, a jueces del Tribunal Supremo (TS) y a altas instituciones del Estado -a quienes atribuía supuestas cuentas en paraísos fiscales- tendrá que responder el próximo miércoles en la Audiencia Nacional por dos nuevos delitos. El magistrado Joaquín Gadea le ha citado a declarar tras imputarle blanqueo de capitales y alzamiento de bienes y ha acordado asimismo la suspensión cautelar la asociación que preside, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap). Al término de su comparecencia, se celebrará una vistilla para decidir si se acuerda alguna medida cautelar contra él.

El instructor le investigaba ya por delitos de organización criminal, asociación ilícita, estafa agravada e injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado.

Ahora, Gadea ve la decisión de suspender las actividades de su asociación -fundada en 2018- "idónea, pertinente y proporcionada" al apreciar indicios "suficientes y racionales" de que se trata de "una asociación ilícita, constituida con la sola finalidad de delinquir, y utilizada como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal dirigida" supuestamente por Presencia, quien -señala-, "como se ha podido constatar en este procedimiento, ha hecho de la maquinaria delictiva de Acodap su único modus vivendi".

El magistrado considera "esencial" adoptar la medida cautelar para proteger así a las altas instituciones que "a diario" se ven "desprestigiadas con las denuncias mendaces difundidas desde Acodap y sus redes sociales afines, y especialmente, a fin de evitar la revictimización de los perjudicados, así como la perpetuación del delito de asociación ilícita aquí investigado". "La seguridad de la investigación, su integridad y finalidad, se verían perjudicadas de no adoptarse esa medida cautelar", insiste Gadea.

Una mera "pantalla" para enriquecerse

La Fiscalía respaldó la suspensión de actividades porque Acodap "sería de facto el medio por el que, al parecer, se enriquecerían las personas aquí investigadas, empezando por su presidente", quien según aseguraba "una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno". Para el Ministerio Público -un posicionamiento que suscribe "íntegramente" el juez- "la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas".

De ahí que, señalaba, las denuncias presentadas contra diversas instituciones del Estado se convertían "en la pantalla y el componente necesario para seguir desarrollando la ilícita actividad a la que se dedican", utilizándolas además "de altavoz para ser replicadas en medios afines y en otras redes sociales y medios de comunicación".

El Tribunal Supremo ya confirmó una condena de 34 meses de prisión al exjuez Presencia por calumnias y denuncia falsa contra el fiscal jefe de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Demetrio de la Cruz, al que acusó sin pruebas de corrupto.

En esta causa, compareció en la Audiencia Nacional en julio del pasado año, pero se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia ante Gadea, negándose también a someterse a un examen forense para determinar si padece algún tipo de trastorno psiquiátrico.

Sigue operando "con total impunidad"

En la resolución en la que cita a declarar a Presencia, el instructor señala que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditan la falsedad de la trama delictiva, que atribuía cuentas corrientes en el extranjero a diferentes personalidades, muchos de ellos magistrados del Tribunal Supremo, a través de documentos que -según los investigadores- fueron elaborados por unos de los imputados. Se trataría, asegura, de una plantilla que habrían utilizado para elaborar los supuestos documentos bancarios que se acompañan a las denuncias sobre la titularidad de cuentas en paraísos fiscales.

Con esas premisas, argumenta, la asociación ahora suspendida sería solo "un artificio, un ardid o engaño creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción. Se trata, en consecuencia, de una asociación creada para delinquir" que, además, sigue operando "con total impunidad" porque "la mecánica criminal se encuentra plenamente operativa, sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos".

Sirviéndose, precisa, de un nuevo dominio, "Acodap.ue" -según pone de relieve la UCO-, vinculado a la asociación investigada y que permite dar continuidad al reclamo de aportaciones económicas (se facilita para ello una cuenta corriente de Lituania). Los miembros de la organización, por tanto, "siguen con la misma estrategia de publicación de denuncias falsas, entre ellas, las que se dirigen contra el presidente y otros magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

Ante esa reiteración delictiva, el magistrado cree necesario acordar medidas cautelares (cuya petición queda ahora en manos de las acusaciones) "encaminadas a poner fin" a esta situación.