APIF cree que García Ortiz maniobra para volver a nombrar a Dolores Delgado fiscal de Memoria

Una asociación de fiscales reprocha a la Fiscalía General del Estado que sea "maleable al interés evidente de ayudar a los candidatos que

prefiere" Álvaro García Ortiz por la manera en que pretende retomar el proceso de nombramiento para la plaza de fiscal de Memoria Democrática después de que el Tribunal Supremo (TS) anulase la designación de Dolores Delgado para el puesto.

En un comunicado, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) cuestiona que la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, les haya dado cinco días de plazo para que fijen su posición sobre la posible incompatibilidad para el cargo de la exministra por su relación con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, abogado al frente de una fundación especializada en asuntos de derechos humanos.

Una carta similar ha recibido la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), que junto a APIF y otro de los candidatos también recurrió el nombramiento de Dolores Delgado, según confirman fuentes de la asociación.

Para la Comisión Ejecutiva de APIF -que tiene a uno de sus asociados, Salvador Viada, en el Consejo Fiscal que debe pronunciarse sobre la cobertura de la plaza- resulta "incuestionable" que el nombramiento de Dolores Delgado está "anulado", por lo que consideran que "procede la ejecución del fallo a través de un decreto del Gobierno publicado en el BOE". Sin embargo, admiten su "sorpresa" por el hecho de que el fiscal general adopte "diferentes criterios a la hora de ejecutar los recientes y reiterados fallos jurisdiccionales que son adversos" a los nombramientos que propone "en función de sus conveniencias", por lo que apuesta, dada la reiteración de dichos pronunciamientos, por "establecerse un protocolo de ejecución",

La asociación de fiscales -cuyo recurso admitió el Supremo anulando la elección de Delgado- afirma que en estos momentos no están en condiciones de cumplimentar ese requerimiento, que sitúan "al margen de lo dispuesto" por el Tribunal Supremo en su sentencia.

En primer lugar, esgrime que la Inspección carece de competencias y habilitación legal para efectuar dicha petición. Pero, además, precisa que APIF consultará con su letrada "el alcance que tiene dicha petición y las consecuencias de atenderla al margen de lo dispuesto por el Tribunal Supremo", una consulta que se demorará "un mínimo de 30 días".

Quiere saber si Delgado está detrás de la iniciativa

APIF insta a la fiscal jefa de la Inspección a que aclare "si su iniciativa es propia, extralimitándose -en nuestra opinión- de sus facultades, o bien actúa usted por delegación del actual fiscal general del Estado, y si en dicha iniciativa ha intervenido la candidata" Dolores Delgado. Asimismo, aclara que no contestará a su petición hasta que aclare esos extremos.

La asociación de fiscales recuerda que cuando el pasado noviembre se anuló la plaza de la Fiscalía Togada, que supuso el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera, la de fiscal de Sala, el Supremo ordenó "la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza", apreciando el alto tribunal "desviación de poder". Pero García Ortiz, subraya, en lugar de retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su propuesta, decidió celebrar un Consejo Fiscal "para proceder a un nuevo informe de los vocales", lo que propició "que obtuviera apoyos quien no tuvo ninguno en el primer Consejo Fiscal, y nuevamente, que fuera propuesta una fiscal diferente de quien recurrió ante el Tribunal Supremo".

Ahora, ante una nueva nulidad, APIF cree que "pudiera parecer que la intención de la Fiscalía General del Estado no es la de convocar nuevamente la plaza, ni siquiera someter nuevamente al parecer del Consejo Fiscal los candidatos que ya aspiraban a la misma en el concurso anulado", sino "limitarse a examinar la posible incompatibilidad" de la exministra de Justicia, obviando que "más de medio Consejo Fiscal, enervado por la ilegalidad que se cometió y que ahora ha corregido el Tribunal Supremo, se negó a participar en aquella votación".

Para la asociación de fiscales, este modo de actuar, "como si la Fiscalía fuera maleable al interés evidente de ayudar a los candidatos que prefiere el fiscal general del Estado, no nos parece de recibo".