El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a convertirse una semana más en el centro de las miradas del mundo de la Justicia, esta vez con los ojos europeos más cerca que nunca. La visita del comisario de Justicia comunitario, Didier Reynders, se espera como la última solución antes de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, materialice su dimisión ante el bloqueo del órgano. Los vocales conservadores se reunieron anoche para consensuar la postura de los próximos días en los que, además del viaje del emisario europeo, hay convocado un pleno extraordinario para decidir sobre la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Las fuentes consultadas en este bloque aseguran que no quieren precipitarse sin saber qué efecto tendrá Reynders en España y, por tanto, no llevarán nombres de candidatos al órgano de garantías. No obstante, han programado una nueva reunión el miércoles por si cambia el escenario.

En el encuentro del bloque conservador a última hora de la tarde de este lunes, los vocales pusieron en valor el hecho de que Bruselas vuelva su cabeza estos días hacia la Justicia española. «De vital importancia», señalan estas fuentes sobre el viaje de Reynders. Así, creen que si ellos toman alguna decisión el jueves podrían entorpecer la labor del responsable europeo. «Podríamos perjudicar el resultado posible de la gestión avanzándonos», remarcan. En este grupo no esconden su malestar con Lesmes porque éste haya programado el pleno extraordinario el mismo día que hay previstas reuniones de Reynders con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, o el responsable de Relaciones Institucionales del PP Esteban González-Pons.

Estos vocales no entienden que Lesmes haya incluido ya este punto para el jueves si el acuerdo para renovar el TC todavía no ha llegado. «Las cosas no se hacen así», dice un vocal, «rompe las reglas que establecimos». El orden del día lo decide Lesmes, aunque también puede suceder que un nutrido grupo del CGPJ haga una petición. En este caso fue el propio presidente el que introdujo este punto que, para el bloque conservador, se salta sus propias normas que establecieron al inicio de empezar a negociar hace semanas. «Habíamos acordado una cosa, pero debió ser un falso entendimiento», ironiza otro vocal. Y los consultados añaden que supone una contraprogramación a la visita de Bruselas.

Los nombres propios

A falta de volver a verse el miércoles, los conservadores no hablaron ayer de nombres propios. Señalan estas fuentes que los que se han venido filtrando hasta ahora son «impuestos» o magistrados que se han ofrecido a ir al TC, pero que en ningún caso tienen ya una lista afinada.

«Que nuestros candidatos los elegimos nosotros y los buscamos nosotros», señala uno de los vocales. En las quinielas de ese lado están nombres como el de su excompañero (jubilado hace unos meses) y exmagistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde; el de la magistrada de la Sala Tercera del alto tribunal Inés Huerta (próxima también a la jubilación); el de otro magistrado de ese órgano que, además, fue letrado del Constitucional, Diego Córdoba; y el del propio presidente de la Sala Primera Francisco Marín. Aunque este último presenta más dudas porque sería el sustituto natural de Lesmes si este renuncia en las siguientes semanas. Todos ellos han mostrado disposición favorable, pero fuentes del bloque conservador aseguran que la búsqueda para el «candidato de consenso» continúa.

No así el sector progresista que ya tiene clara y meridiana una lista de nueve personas que se han ofrecido. De hecho, fuentes de este otro grupo aseveran que ya hay incluso candidato favorito, pero que llevarlo a pleno o no dependerá de cómo actúen sus compañeros. Si el jueves ellos deciden poner nombres sobre la mesa, los progresistas harán lo mismo. «En una hora lo solucionamos», dicen.

De este lado tampoco esconden su interés por cumplir ya con la renovación del TC: «Cuanto antes pasemos el examen mejor». En liza están los magistrados José Manuel Bandrés, de la Sala de lo Contencioso del Supremo y miembro fundador de Juezas y Jueces para la Democracia; Eduardo Espín, de la Sala Tercera del TS; repite el nombre de Fernández Valverde y Ángeles Huet; Jacobo López Borja, presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo; Pablo Lucas, el magistrado del TS que se encarga de la supervisión judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y las igualmente magistradas del Supremo Isabel Perelló (Sala Tercera), María Luisa Segoviano (presidenta de la Sala de lo Social) y Rosa María Virolés (perteneciente también a la Sala Cuarta del TS).