Defensa traslada al Consejo del Poder Judicial la petición de información sobre la «fosa de Andreu Nin»

La página web del mapa de fosas de la Guerra Civil elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez situó en Alcalá de Henares, con el número de registro 2502/2012 MADR, dentro de la tipología de «ejecuciones extrajudiciales» y con el estado de intervención de «exhumada total», la que se ha especulado fuera sepultura de Andreu Nin y otros seis individuos –una mujer entre ellos–, ejecutados «a cañón tocante o muy corta distancia», según un estudio forense dirigido por el doctor Enrique Dorado.

La pista la siguió con atención la Asociación de Memoria Histórica Raíces, que localizó el enterramiento y, en base a la Ley de Transparencia se dirigió a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para reclamar copia de la documentación de todas las actuaciones en la fosa hallada en 2008, el destino de los restos, su identificación y si se hicieron pruebas de ADN con las posibles familias de las víctimas, y en particular con la del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

La respuesta fue que «en el momento de iniciarse la intervención arqueológica, los restos óseos ya habían sido retirados de la fosa sin rigor científico, lo que dificultó considerablemente el posterior estudio antropológico», sin más comentario sobre el resto de las cuestiones planteadas, aparte de la remisión a un estudio de la Sociedad Científica Aranzadi que recoge «por dónde entraron y salieron los proyectiles», sin referencia a que se trata de víctimas caídas a manos del Frente Popular, como se ha recogido en diversos medios de comunicación y en un estudio del historiador Pedro Corral, «sin ni siquiera identificar las balas asesinas, las ropas o cualquier otro signo distintivo que habría servido para localizar a las víctimas, a sus familiares o al contexto en que se produjeron las muertes», denunciaba la entidad reclamante.

A continuación fue el abogado y activista de la Memoria Histórica Guillermo Rocafort –miembro de Raíces– el que pidió datos precisos a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a su vez ordenó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática remitir la solicitud de clarificación sobre la supuesta fosa de Nin al Ministerio de Defensa, pues fue descubierta en instalaciones militares. Desde la cartera de Robles acaban de contestar en un expediente, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, donde se informa de que «la documentación requerida por el solicitante no está en poder del Ministerio de Defensa, sino en los órganos jurisdiccionales que se encargaron de llevar a cabo las diligencias de investigación citadas», por lo que «se procede a remitir su solicitud de información al Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de ello al interesado».

El ministerio revela que se «ha consultado al Ejército de Tierra sobre el asunto, al pertenecer al mismo la Base Primo de Rivera [de la Brigada Paracaidista (BRIPAC)] de Alcalá de Henares» donde se hallaba la fosa, y cómo tras el «hallazgo de restos óseos durante unas obras de acondicionamiento» se procedió a informar del hecho al Juzgado Togado Territorial Militar (JUTOTER) nº 11, que ordena la paralización». Tras «acordonar la zona, se persona en la base el Grupo de Apoyo a la Jurisdicción Militar junto a la secretaria judicial y la forense de guardia del juzgado de Alcalá, debido a que JUTOTER 11 envió un exhorto al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. Tras la toma de fotografías de los restos, se procede al levantamiento a cargo de la forense, quien se hizo cargo para su remisión al Instituto Nacional de Toxicología». Posteriormente, «en enero de 2009, se autoriza por parte del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcalá la reanudación de las obras paralizadas».

Rocafort asegura que «los forenses tendrán que demostrar ahora qué fue de esos restos», porque la duda permanece: «¿Dónde está Andreu Nin?».