El Consejo de Transparencia pide aclarar las dudas sobre la supuesta fosa de Andreu Nin

En una resolución inédita en el ámbito de la Memoria Histórica, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ejecutivo de Pedro Sánchez esclarecer las dudas sobre la supuesta fosa de Andreu Nin hallada en Alcalá de Henares en 2008, aplicando además la propia normativa al uso en vigor.

Se trata de una nueva resolución de fecha 11 de julio de 2022 (nº 117/2022) ganada por el abogado y activista de la Memoria Histórica Guillermo Rocafort, en esta ocasión contra el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, después de que el Consejo de Transparencia haya estimado la reclamación y ordenado al ministerio remitir a su vez la solicitud de clarificación sobre la posible fosa del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) al Ministerio de Defensa, pues fue descubierta en instalaciones militares. Y a la vista de que el Ministerio de la Presidencia en manos de Félix Bolaños no ha hecho «nada más por intentar resolver lo interesado» por Rocafort, según el propio letrado.

La solicitud del reclamante abarcaba la «copia de la documentación de todas las actuaciones realizadas en la fosa, incluidos los informes de la sociedad informante (Sociedad de Ciencias Aranzadi) al respecto de sus actuaciones; información de balística sobre las balas ejecutoras y sobre los enseres personales hallados (ropa, símbolos religiosos, etc); conocer el destino actual de los restos, pues aparece como exhumada total; clarificación sobre si se han identificado los restos humanos localizados y si se han hecho pruebas de ADN con las posibles familias de las víctimas, y en particular con la familia Nin; expediente completo de todos los informes oficiales desde que se descubrió la fosa hasta el momento, y en especial, los informes que ordenaron la paralización de las actuaciones tras su descubrimiento».

El Ministerio de Memoria Democrática respondió que «en cuanto a este caso concreto, según información facilitada por el Ministerio de Defensa, se trata de un hallazgo casual en terreno militar como consecuencia del cual se abrieron diligencias por un juzgado militar, que posteriormente remitió las actuaciones a la jurisdicción ordinaria. La información que tiene este ministerio en la actualidad sobre la fosa encontrada de forma casual en el Acuartelamiento Primo de Rivera de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares y que aparece en la web del mapa de fosas es la misma información que nos aporta el solicitante. En cuanto a la solicitud de informes, cuando en el mapa de fosas hay una referencia a ‘entidad informante’ se refiere al origen de la información recibida en el Ministerio de Justicia para incluir la fosa en cuestión en el mapa de fosas estatal. En este caso, informó de la existencia de esta fosa la Sociedad Científica Aranzadi debido a la publicación en revistas científicas especializadas, y [cita] significativamente Dorado, E.; Magaña, C. y Ramírez, I. 2012. ‘Lesiones en los restos óseos procedentes del acuartelamiento Primo de Rivera (Alcalá de Henares, Madrid). Estudio antropológico’, en Boletín Galego de Medicina Legal e Forense 18: 81-88».

Disconforme con esta contestación, porque «no respondía a nada» de lo reclamado, «escudándose en lo aportado por el Ministerio de Defensa y señalando un informe forense para nada esclarecedor», el reclamante acudió al Consejo de Transparencia reiterando la petición de información sobre la fosa.

En su resolución, el Consejo de Transparencia incide ahora en la necesidad de la búsqueda de la verdad que fija la propia Ley de Memoria Histórica, cuando afirma que en este asunto es aplicable la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que facilita el conocimiento de los «hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura». Además, en su artículo 22, apartado primero –menciona la resolución– se regula el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados en estos términos: «A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten», para a continuación fijar que el Ministerio de Memoria Democrática debe remitir este asunto «al órgano competente» –Defensa en este caso– en aplicación del artículo 19.1 de la Ley de Transparencia en busca de una respuesta válida.

Para Rocafort, que se mantiene a la espera, «sacar restos de unas fosas mientras se contamina otras [como pasó con la de Alcalá] es uno de los actos más viles del socialismo español».

Siete cuerpos en total

En febrero de 2008, durante unas obras para construir un muro perimetral en el acuartelamiento Primo de Rivera de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, se localizaron restos humanos de siete cuerpos correspondientes a víctimas de la Guerra Civil presuntamente asesinadas por el Frente Popular. Mucho se conjeturó entonces sobre si allí estaba el histórico dirigente del POUM, que se cree pasó sus últimas horas en un chalé cercano, donde permaneció retenido hasta que fue salvajemente torturado –llegó a ser desollado vivo– por agentes de Stalin en 1937.

Después de que se cubriera el asunto de la fosa complutense «con un manto de silencio y de cemento, según denuncias», la Asociación de Memoria Histórica Raíces localizó el enterramiento en la página web del mapa de fosas que ha elaborado el Gobierno de Pedro Sánchez. El estudio de la Sociedad Científica Aranzadi determinó que «en el momento de iniciarse la intervención arqueológica, los restos óseos ya habían sido retirados de la fosa sin rigor científico, lo que dificultó considerablemente el posterior estudio antropológico».