La Abogacía del Estado ha pedido la absolución de los policías acusados de allanamiento de morada por irrumpir en marzo de 2021 en un piso del centro de Madrid en el que se estaba celebrando una fiesta incumpliendo las medidas anti-Covid. En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los Servicios Jurídicos del Estado (que defienden a cuatro de los seis policías que intervinieron en el operativo) concluyen que el comportamiento de los agentes no constituye “infracción penal alguna”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 28, Jaime Serret, ha señalado para el próximo 10 de junio la vista preliminar para decidir si sienta en el banquillo a los seis policías, que en ese caso se enfrentarían a un juicio con jurado.

Para el caso de que finalmente haya juicio y se considere que la actuación de los agentes el 21 de marzo de 2021 en el piso de la madrileña calle Lagasca sí fue delictiva, la Abogacía del Estado reclama que se les aplique la eximente completa de haber actuado en “cumplimiento de un deber” o en el ejercicio del derecho, oficio o cargo.

En su escrito -en el que pide la declaración como testigos de los asistentes a la fiesta que sí querían abrir a la Policía y del portero y varios vecinos del inmueble-, la Abogacía del Estado asegura que fue un vecino del inmueble quien avisó a la Policía a las 00:50 de ese 21 de marzo del pasado año, alertando a los agentes de que en un piso se estaba celebrando una fiesta en la que los asistentes incumplían “todas las restricciones establecidas” en el decreto de estado de alarma por la Covid-19.

Los vecinos, “desesperados”

Una vez en el lugar, explica, el denunciante explicó a los agentes que desde hacía tres o cuatro días no podían conciliar el sueño “porque llevan soportando fiestas nocturnas continuas” en el piso superior, por lo que estaban “desesperados”.

Al llegar al rellano donde se encuentra la vivienda, los agentes comprueban “el excesivo ruido de la música y los gritos” que se escuchan y sospechan que se trata de un piso turístico de los que habitualmente se alquilan para fiestas (el sistema de apertura era con llave magnética o clave).

Los agentes, continúa el relato de la Abogacía del Estado, “llamaron insistentemente al timbre del piso, sin obtener respuesta, por lo que procedieron a golpear fuertemente la puerta, identificándose como policías de viva voz y ordenando que abrieran la puerta para identificarles” y sancionarles por incumplir la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Pero no hubo respuesta, señala.

Intentaron causar “los menores daños posibles”

Ante la falta de colaboración, el subinspector al mando les avisó de que podían incurrir en un delito de desobediencia o resistencia flagrante “que ampararía la entrada en el inmueble”, negándose pese a ello los ocupantes del piso a abrir la puerta y a identificarse “transcurriendo más de 45 minutos”.

Ante esa situación, el oficial al mando ordenó la entrada en el inmueble -”con los medios a su alcance y tratando de causar los menores daños posibles, subraya- con el “pleno convencimiento” de que los ocupantes de la vivienda estaban cometiendo un delito “flagrante” de desobediencia. Durante esa intervención, añade, nadie se identificó como el inquilino o propietario del piso.

La Abogacía del Estado sí reseña que había una persona, Isabel R. I. -bisnieta de un exministro de Franco según asegura el abogado del subinspector y de otro de los agentes en su escrito de defensa- “que se negaba a abrir” y acatar las órdenes “pareciendo discutir con los asistentes a la fiesta”.

Con un ariete

Tras intentar desmontar la cerradura sin éxito, lo agentes recurrieron a un ariete para abrir la puerta. Dentro había, dice, “multitud de botellas y vasos apoyados” en lo que parecía “una barra de bar”.

Los Servicios Jurídicos del Estado hacen hincapié en que solo se detuvo “a los integrantes de la fiesta que se negaron a abrir la puerta y obedecer los mandatos de los agentes”, y no a quienes les dijeron que querían abrir “pero no pudieron, produciéndose alguna discusión” con la citada mujer “y tensión entre ellos”. En ese escrito de defensa, solicita además que se reproduzca en el juicio el vídeo de la intervención policial y el que fue difundido en redes sociales.

El abogado del subinspector que estaba al mando del operativo y de otro de los agentes también ha pedido su absolución en un escrito el que, como informó LA RAZÓN, sugería que en el interior de la vivienda de la calle Lagasca se estaba celebrando una fiesta para clientes de Oriente Medio con prostitutas de alto standing.

Al igual que las defensas, la Fiscalía pide la absolución de los policías pues sostiene que el delito de allanamiento de morada no se puede cometer por imprudencia. Sin embargo, la acusación particular, que ejerce el inquilino de la vivienda, solicita para cada uno de ellos una pena de cuatro años de prisión por el citado delito.

27 requerimientos, según los agentes

Según la defensa del subinspector y otro de los agentes, el piso no era una vivienda habitual, sino que se trataba de un inmueble “dedicado a la organización habitual de fiestas hasta altas horas de la madrugada” y, de hecho, mantiene que detrás de esa fiesta estaría supuestamente una “organización lucrativa de prostitución de alto nivel para los visitantes de Oriente Medio”.

Según explica el letrado Juan Antonio Frago, los agentes instaron a los ocupantes del inmueble a abrir la puerta e identificarse hasta en 27 ocasiones. En su interior había catorce personas, cuatro de ellas de Emiratos Árabes y una de Arabia Saudita (ahora en paradero desconocido, según la defensa).

Para el letrado había “indicios muy evidentes” de que en el interior se estaba celebrando supuestamente una fiesta con prostitutas, por la “concurrencia de jóvenes señoritas (españolas, del este, etc) con ciudadanos de Oriente Medio que aún no se ha explicado cómo entraron en España en plena pandemia y se dice ahora que están ilocalizables”.