“Nos sentimos desamparados e indignados”, dicen los policías que actuaron para frenar una fiesta ilegal durante la pandemia

“Nos sentimos desamparados e indignados”. Es el sentimiento de los policías nacionales que mañana deben comparecer ante un juzgado de Madrid acusados de allanamiento por una intervención durante la pandemia en la calle Lagasca de la capital, en la que, ante las reiteradas negativas a identificarse por parte de las personas que celebraban una fiesta ilegal en un piso, no tuvieron más remedio que derribar la puerta con un ariete.

“Lo único que se les pedía, como se demuestra en las grabaciones, es que nos franquearan la puerta para proceder a la identificación de esas personas que, tras las quejas formuladas por los vecinos del inmueble, que requirieron la actuación policial, iban a ser denunciadas por unas actuaciones expresamente prohibidas como consecuencia de la pandemia”, han señalado a LA RAZÓN fuentes próximas a estos agentes.

Subrayan que se les pidió que se identificaran hasta en treinta ocasiones y, en función del artículo 16.5 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que indica que “en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos (…) En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación” se estará a lo dispuesto en el Código Penal.

“Si prospera la denuncia contra nosotros se sentaría el precedente de que toda persona que no quiera ser denunciada, lo que es habitual, se podría negar a identificarse”, subrayan.

“Partiendo del máximo respeto a la independencia judicial, nos reafirmamos en acompañar y apoyar a los compañeros que realizaron la intervención en la calle Lagasca de Madrid durante la pandemia. Denunciamos una vez más la situación de desamparo en que se hallan los policías que se juegan sus carreras y su futuro por cumplir con su deber de socorrer a los ciudadanos”, señala en SUP en una nota hecha pública.

“Nuestros compañeros ven ahora como se pone en peligro su futuro y el de sus familias sólo por cumplir con su deber de socorrer a los vecinos que pidieron insistentemente su ayuda para acabar con una fiesta ilegal en medio de una situación de excepcionalidad y riesgo sanitario. En el SUP respetamos la autonomía judicial, ya sea cuando le da la razón a los compañeros como ocurrió en primera instancia o cuando se la quita como ha ocurrido después. Lo que no vamos a tolerar es que se acuse de mala fe a nuestros compañeros. Ellos actuaron en beneficio de las víctimas y también en beneficio de la salud de los infractores en plena pandemia, e intervinieron porque se produjo un delito de desobediencia entre otros más”, agrega.

“El meollo de la cuestión es que nadie duda de que el delito que desencadenó la actuación policial existió, pero se discute según diferentes interpretaciones judiciales si era suficiente o no para justificar la reacción policial. Y mientras, los policías son los perjudicados por una Ley que, o no es clara o es demasiado interpretable, vista la disparidad de criterios. Una vez más todo, el foco de la polémica se pone en los policías, mientras los que hacían fiestas ilegales en plena pandemia y se negaban a identificarse ante los agentes, no reciben ni un solo reproche por su actitud”.