La Fiscalía no ve delito en la fortuna de Juan Carlos I en Jersey

La Fiscalía Anticorrrupción no ve delito en la investigación sobre la fortuna de Jersey del Rey Juan Carlos I, que era una de las tres líneas de indagación que se mantenían abiertas en el Ministerio Público desde hace más de un año. El borrador del decreto de archivo de esta línea concreta, que ha adelantado la Cadena COPE debe ser todavía firmado para que se considere verdaderamente archivada la causa y, según indican fuentes fiscales a LA RAZÓN, es la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, la que debe dar esa orden de rúbrica. El trust que estaba en examen se constituyó cuando Juan Carlos I era príncipe como un soporte para la posible inestabilidad de la monarquía en el futuro, indican las conclusiones del Ministerio público.

En este borrador de archivo se especifica que desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular que el trust que estaba bajo la lupa tuviera relación con Don Juan Carlos “ni en su gestión, ni en la capacidad para disponer de los fondos; ni en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario”. Según se explica en el propio decreto redactado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, “un trust es un instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón, de naturaleza fiduciaria, mediante el cual la persona que lo constituye (setlord) crea un patrimonio separado al cual se le transmiten unos activos que son administrados por un trustee en favor de las personas designadas como beneficiarios o en el cumplimiento del fin establecido en el trust”.

Luzón no ve “indicio alguno” que permita vincular esta cuenta con el exjefe del Estado y concluye que es perceptivo el archivo. The JRM 2004 Trust se constituyó en la isla de Jersey (ubicada en el Canal de la Mancha y ligada a Reino Unido) en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y consejero que fue de don Juan Carlos. Dicho trust nace de la fusión de los fondos procedentes de otros dos trusts credos en 1995 y 1997 por iniciativa de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, persona muy próxima al monarca, que falleció en 2009. Dos de estas cuentas procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 del pasado siglo y era dinero que aportaron personas diferentes para apoyar el sostenimiento del entonces príncipe.

En este detallado escrito se expone que “la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia de ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”. Por eso, indica el documento, el Rey Juan Carlos “decidió liquidar los trust y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”.

El trust ha tenido durante todos estos años una baja actividad, indica Luzón, en la que nunca ha habido disposiciones de fondos a terceros. Esta tercera línea indagatoria se abrió a raíz de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac) a finales de 2020.

Este documento es solo uno de los tres,tal y como adelantó este periódico, que marcarán el archivo de todas las investigaciones de Juan Carlos de Borbón. El único fleco que queda por cerrar en este caso es la orden de firma que debe partir de Delgado. Desde la Fiscalía General del Estado han declinado pronunciarse sobre cuándo será y por qué se está demorando.

La espera

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, había prorrogado hasta en dos ocasiones (por seis meses cada una) las diligencias porque siempre faltaba algún fleco por terminar. Unos decretos de prórroga que no han estado exentos de polémica por la indefensión que siempre supone para los investigados -en este caso Don Juan Carlos- no conocer qué es lo que está bajo la lupa porque nunca se ha llegado a judicializar. La última de ellas -que se firmó en diciembre, aunque en diferentes fechas- se hizo habida cuenta de que faltaba una información importante por llegar de Suiza: las cuentas de la Fundación Zagatkade los años 2014 y 2015.

Al fiscal de Ginebra Yvess Bertossa -cuya investigación también corrió la misma suerte de archivo- se le olvidó incluir estos datos en una comisión rogatoria que envió a España y la Fiscalía española los necesitaba para comprobar que las regularizaciones practicadas por Don Juan Carlos estaban bien terminadas.

En esto se ha demorado la Agencia Tributariacorroborando los datos del fisco. A través de su abogado Javier Sánchez-Junco, el monarca realizó dos pagos a Hacienda. El primero, el 9 de diciembre de 2020 por un total de 678.393 euros correspondientes a una deuda tributaria de 2016 y 2018. El segundo, en febrero de 2021 por más de 4 millones de euros, referente a rentas no declaradas durante años por pago en especie a través de billetes de avión.

Con este archivo listo, en el aire están las otras dos líneas de investigación que, como ya han avisado desde el Ministerio Público, correrán la misma suerte. No se va a interponer querella por ninguna de ellas. Ni por la investigación sobre comisiones millonarias del AVE a La Meca, ni por el presunto uso de tarjetas opacas.