El secretario general del Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el líder del PP, Pablo Casado, están citados mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid para celebrar un acto de conciliación tras el anuncio del político independentista de querellarse por injurias y calumnias contra el dirigente popular, a quien reclama 24.000 euros de indemnización, por llamarle “delincuente condenado por dar un golpe de estado”. La ley no obliga a que ambos comparezcan personalmente, aunque fuentes próximas a Sànchez apuntan que el político soberanista sí acudirá a los juzgados, no así Casado, que según fuentes del PP estará representado por un abogado del partido.

El líder de Junts per Catalunya exige al presidente del PP que se retracte de sus palabras cuando aseguró que “un señor que ha sido condenado a nueve años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado” a él no le iba a dar “lecciones de legalidad ni de democracia”.

La defensa de Sànchez presentó la preceptiva demanda de conciliación en los juzgados de Madrid -un paso necesario antes de la interposición de la querella-, por la que pretende que Casado admita -tanto en su cuenta de Twitter y en el del PP como en una rueda de prensa- que el líder independentista “no dañó los coches de la Guardia Civil aparcados ante la Conselleria de Economía” durante los graves incidentes del 20-S de 2017 en Barcelona, no “intentó el uso de la violencia durante el proceso de autodeterminación catalán” ni “ha enaltecido el terrorismo ni ha apoyado a Terra Lliure” o “incitado al odio de los catalanes y catalanas que no comparten el proyecto político independentista”. Según asegura, no quiere llevar la denuncia a la vía penal “excepto que sea estrictamente necesario para preservar la verdad y su honorabilidad”.

En ese escrito Sànchez precisa que la indemnización que reclama por daños morales la destinaría “a organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas a promover la lengua catalana”.

El pasado 17 de diciembre, Casado criticó en un acto del PP en Galicia la postura del Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo que avaló que al menos el 25% de las clases en Cataluña se impartan en castellano. E hizo alusión al acoso a un menor en Canet después de que sus padres exigiesen el cumplimiento de la resolución judicial.

Ve las acusaciones de Casado “gravísimas” y “delirantes”

“¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pueda apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?”, se preguntó Casado, que responsabilizó de esa situación a ERC, JxCat y la CUP y “al partido que les hace imprescindibles a nivel nacional, que es el Partido Socialista”.

A raíz de esas palabras, Sànchez anunció la interposición de una querella por delitos de odio, injurias o calumnias, a lo que Casado replicó en un acto en Zaragoza: «Que un señor que ha sido condenado a nueve años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado a mí no me va a dar lecciones de legalidad ni de democracia».

Un argumento que reiteró ese mismo día en su cuenta de Twitter: «El mundo al revés: un delincuente condenado a 9 años de prisión por dar un golpe al Estado y destrozar patrullas policiales denuncia a quien exige cumplir la ley y la convivencia”.

El político independentista considera que son “acusaciones gravísimas, absolutamente delirantes y sin ningún tipo de punto de contacto con la realidad” que atentan contra su honor y “desprecian el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, en la medida en que frivolizan su sufrimiento y lo instrumentalizan vilmente, con fines exclusivamente partidistas”.