Piden que declare Yolanda Díaz para reabrir la investigación a Simón por la gestión de la pandemia

Abogados Cristianos quiere que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid reabra la investigación al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por la gestión de la pandemia y que cite a declarar como testigo a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Así se lo ha solicitado la asociación querellante tras tener conocimiento de las declaraciones de la ministra de Trabajo asegurando que el 15 de febrero (de 2020), cuando la pandemia azotaba fuertemente a Italia”, convocó a su equipo “para desplegar un montón de medidas” porque eran conscientes de “lo que iba a pasar”.

La asociación letrada se querelló contra el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, por la gestión de la pandemia, pero el Tribunal Supremo rechazó las denuncias contra el Ejecutivo, reconduciéndolas a los correspondientes juzgados territoriales y supeditando una hipotética actuación a que los jueces de instrucción advirtiesen indicios de delito contra algún aforado.

El Supremo acotó entonces las líneas de investigación a las muertes en residencias de la tercera edad, en la posible carencia de medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir el virus.

A instancias de la Fiscalía, el juzgado madrileño también archivó la denuncia, que ahora pretende reabrir la asociación de abogados, que ha recurrido el cierre de la investigación y está a la espera de que se resuelva su recurso.

“El Gobierno sabía del peligro del virus”

El pasado septiembre, el Juzgado de Instrucción número 13 abrió diligencias, aunque ciñó la investigación a Fernando Simón, unas actuaciones a las que posteriormente dio carpetazo. Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Abogados Cristianos asegura que las palabras de Yolanda Díaz suponen “un reconocimiento absoluto” de que “desde el Gobierno de España se sabía del peligro del virus y a pesar de ello, se promocionó las manifestaciones del 8-M por interés político e ideológico”.

En el escrito en el que se solicita su comparecencia como testigo y amplía los hechos objeto de su denuncia inicial para forzar la reapertura de las diligencias, la asociación recuerda que en su querella defendía “que el Gobierno era conocedor de la letalidad del virus ya a principios del año 2020, hechos que no fueron tenidos en cuenta por el órgano juzgador y que estas declaraciones vienen a corroborar”. “Por ello -añade Abogados Cristianos- se hace preciso investigar de nuevo tales hechos y que la autora de las declaraciones acuda a declarar para que explique y amplíe la información suministrada sobre los hechos objeto del presente procedimiento”.

Además, la asociación que preside Polonia Castellanos incide en que con sus manifestaciones Yolanda Díaz “reconoce que el ministerio de Trabajo que ella dirige sacó una “guía de prevención” con la que advertía tanto al Gobierno como a la población de los riesgos que podía conllevar el coronavirus”, por lo que considera su citación como testigo “pertinente y útil”.

En un comunicado, la presidenta de la asociación letrada critica también la actuación de la Fiscalía al solicitar el archivo de las actuaciones. “Es una vergüenza que la Fiscalía no defienda a los ciudadanos y que trate de evitar que se investigue algo que se ha investigado en prácticamente todos los países de nuestro entorno -se queja- pese a que en la mayoría de ellos, las consecuencias no fueron tan dramáticas como en España”.