Menas: temor a un efecto llamada

A España llegaron en 2020 un total de 3.307 menores no acompañados (menas). Son datos de la última memoria de la Fiscalía General del Estado que refleja un 15,1% más que el año anterior cuando arribaron a nuestras cosas un total de 2.873 jóvenes. Los datos solo recogen la llegada de los menas que llegan de manera irregular a bordo de embarcaciones precarias y frágiles. Es decir, esta cifra no tiene en cuenta la entrada de menores a través de otras vías como, por ejemplo, pueden ser los bajos de camiones. En este sentido, el dato de 2020 es el más elevado desde 2014 , exceptuando las llegadas en 2018, cuando se batieron todos los récords y desembarcaron de manera irregular más de 7.000 menores.

Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto mediante el cual modifica la Ley de Extranjería, una reforma con la que pretende regularizar la situación de estos menores a la par que les facilita el acceso a la vivienda y papeles para poder trabajar a partir de los 16 años. De este modo, el PSOE da luz verde a una polémica norma que llevaba meses en el cajón por las discrepancias entre el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá y el de Interior de Fernando Grande-Marlaska. Este último se oponía a la reforma al considerar que podría alentar un efecto llamada.

La modificación de la ley no convence a todas las formaciones políticas. Entre las más críticas está el partido que dirige Santiago Abascal, cuyo portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, señaló que «en plena crisis de inseguridad ciudadana, el PSOE y Podemos regularizan a 15.000 menas. Son corresponsables de cada delito que cometen». Por su parte, el Ejecutivo apela a la «solidaridad» y la «humanidad» para aplicar esta nueva norma, pese a ser consciente de que puede impulsar un aumento de llegadas.

El grueso de la modificación se aplica a tres artículos, concretamente de los 196, 197 y 198 del reglamento, que ponen fin a la situación en la que se impedía la inclusión de los menores no acompañados y los jóvenes extutelados. De esta forma, simplifica los procedimientos y homologa la norma con la de los países europeos. Con el cambio normativo se evitará, entre otras cuestiones, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad al cumplir los 18 años.

Volviendo a las cifras de este fenómeno, hay que distinguir entre las nuevas entradas anuales, por un lado, y por otro, los menores inscritos en los registros. En concreto, en la última memoria de actividades de la Fiscalía consta que a 31 de diciembre de 2020 en el Registro MENA había inscritos un total de 9.283 menas, frente a los 12.417 que de 2019. Son varones, en su mayoría: 8.365 frente a 918. Respecto a su nacionalidad, la mayoría de los que llegan solos a nuestras costas proceden del país vecino. Marruecos lidera el ránking con el 60% de las entradas irregulares de 2020; le sigue Argelia con el 12,28%; Guinea, que supone el 9,6% de las entradas; Costa Marfil que representa el 6,33% y Mali, el 5,56%.

Una de las principales problemáticas de este fenómeno, más allá de las dificultades que a veces existen para la integración de los jóvenes debido a las barreras lingüísticas o culturales, es su asimétrica distribución entre las comunidades autónomas. Según explica la página web del Ministerio de Interior, cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localizan a un extranjero no acompañado cuya minoría de edad no puede ser establecida por su documentación o de su apariencia física, éste será entregado a los servicios de protección de menores competentes, para que le presten la atención inmediata que precise, poniéndose tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá, en el plazo más breve posible, la determinación de su edad, para lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias que, con carácter prioritario y urgente. Se realizan, entonces, las pruebas necesarias. Determinada su edad, el Ministerio Fiscal pone al menor a disposición de los servicios competentes de protección, informando al delegado o subdelegado del Gobierno. Esto implica que donde llegan las pateras o embarcaciones precarias suele ser donde permanecen los menas. De ahí que la tutela de los menas se concentre en comunidades autónomas costeras del sur de España, Levante o Gran Canaria. Según los últimos datos de la Fiscalía, Andalucía acoge a 2.507 menores; le sigue Canarias con 1.849 y Cataluña, con 1.849. En el lado opuesto, las comunidades con menor número de menores bajo su tutela son La Rioja, con 11; Extremadura con 35 y Castilla y León, con 49.

Mención especial es el caso de Ceuta, comunidad a la que llegaron alrededor de 7000 menas en el mes de mayo, poniendo contra las cuerdas a la red de acogida e esta comunidad. También preocupa la situación en las Islas Canarias, comunidad que desde los últimos dos años está soportando la mayor tensión migratoria debido al cambio de ruta de los flujo migratorios como consecuencia del aumento de la vigilancia en otros enclaves como Ceuta o Melilla. De hecho, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado aprobó esta semana por unanimidad –salvo el voto en contra de Vox– una moción del PSOE para instar al Gobierno a que haga efectiva la acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las Comunidades Autónomas. Una iniciativa que ya impulsó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra –Unidas Podemos–, y que será apoyada en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2022 con un aumento en su presupuesto del 26% respecto al ejercicio anterior, hasta los 35 millones de euros, monto que refleja la preocupación por este fenómeno.