La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación por prevaricación y cohecho contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 y por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

La Sección Cuarta de lo Penal del citado tribunal desestima así los recursos presentados por PSOE y la asociación de abogados ADADE contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón. Del mismo modo, confirma el archivo de las actuaciones en relación con la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y con el empresario Arturo Fernández, presidente del Grupo Cantoblanco por estos mismos hechos, al desvincular sus donaciones a una fundación del PP de esas adjudicaciones investigadas.

Al igual que el instructor, la Sala expone que la investigación ha puesto de manifiesto “de manera clara y contundente la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad” respecto a los tres investigados. Y es que considera que no ha quedado acreditado “ni siquiera indiciariamente que la adjudicación de los servicios de explotación del restaurante de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco Colectividades SL durante los ejercicios sujetos a comprobación tengan una relación directa con las donaciones, por importes de 100.000 euros y 60.000 euros, que hicieron las entidades Arturo Grupo Cantoblanco SL y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente, en favor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), controlada por el Partido Popular”.

Respecto a Cifuentes, la Audiencia señala que del resultado de las diligencias se deduce que no se ha podido constatar que su actuación haya sido determinante para la adjudicación de los servicios de cafetería y restauración de la Asamblea en favor del Grupo Cantoblanco. Como tampoco que en tales adjudicaciones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por el empresario a Fundescam. “Inexistencia de indicios de criminalidad que hemos de extender a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular”, concluye el Tribunal.