El juez archiva la causa contra Cifuentes por la financiación del PP de Madrid: “Es una mera sospecha”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del “caso Púnica”, ha archivado la investigación a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011. El magistrado considera asimismo que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, algo que la ex presidente regional ya negó al juez en su declaración como imputada.

El instructor también acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y al presidente del Grupo Cantoblanco, el empresario Arturo Fernández, a quienes al igual que a Cifuentes imputaba delitos de prevaricación y cohecho.

El juez rechaza la participación de Cifuentes en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de la empresa SWAT -a la que la Fiscalía Anticorrupción involucra en la supuesta trama para financiar electoralmente a los populares- porque, que según asegura “no se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno”.

García Castellón señala que la imputación se sustenta en la declaración de la ex responsable de Comunicación del Gobierno regional Isabel Gallego, que son -recuerda- manifiestamente contrarias a lo que manifestó Cifuentes, que negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz, administrador de la empresa SWAT, y a las que hizo este último, que negó igualmente haberse reunido con la ex presidenta.

Cifuentes no participaba en la gestión de Fundescam

El instructor esgrime asimismo los documentos incorporados a las actuaciones durante la investigación, en los que se constata, dice, que Cifuentes “no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008”.

García Castellón ha tomado esta decisión tras valorar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las presuntas irregularidades cometidas en el contrato bajo sospecha, que el atestado policial vinculaba con determinadas donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), también en el foco de la investigación del “caso Púnica” sobre la supuesta financiación irregular del PP autonómico.

Tras las diligencias realizadas, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. De ahí que considere que defender que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam “se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente”.

La expresidenta de Madrid intervino para “favorecer” al empresario

De ahí que, añade, dado que no se puede sostener que conociera las donaciones de Arturo Fernández a Fundescam, tampoco se puede concluir que interviniera en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid -formó parte de la mesa de contratación y del comité de expertos- con la “voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación”.

Según los testimonios de los integrantes de la mesa de contratación, incluidos los que pertenecían a otros partidos, subraya el instructor, “se realizó una efectiva fiscalización del proceso de licitación” y el resultado que se propuso al órgano competente para la contratación “fue consecuencia de un proceso objetivo y reglado, sin que se aprecie actitud arbitraria ninguna por parte de las investigadas”.

Además, señala el juez, el Grupo Cantoblanco, que finalmente resultó adjudicatario, “era notoriamente conocido por gestionar esta clase de servicios” y cuenta, según acreditó documentalmente, con un “amplísimo catálogo de instituciones y entidades públicas, así como de empresas privadas” a las que ha prestado sus servicios.

“Irrelevante nivel de implicación”

“No se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la sra. Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam -sostiene el magistrado-, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación”.

Cifuentes defendió que, pese a ser patrona de la entidad, solo asistió a una reunión de la fundación el 10 de marzo de 2006, convocada con motivo de una modificación de sus estatutos, no acudiendo a ninguna otra actividad más.

La ex presidenta regional cesó en el cargo de patrono de la fundación en el Congreso Regional del PP de Madrid celebrado los días 19 y 20 de septiembre de 2008, aunque no se elevó a escritura pública hasta abril de 2010. “Aun cuando este cese no se formalizó hasta después de licitado el primer contrato de servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid -subraya el juez-, sí evidencia el irrelevante nivel de implicación” de Cifuentes en una Fundación “de cuyo Patronazgo ya había sido cesada.

En esa misma línea, García Castellón mantiene que tampoco hay indicios de que Tatiana Recorder realizara ningún comportamiento injusto o una actuación manifiestamente contraria a la ley para asegurar que el Grupo Cantoblanco fuese el elegido en la adjudicación.