La Ley de Memoria Democrática deja en el aire la Cruz del Valle de los Caídos

En junio de 2018, quince días después de estrenarse como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se marcó como objetivo prioritario exhumar los restos de Franscisco Franco del Valle de los Caídos, y anunció que pretendía convertir Cuelgamuros en «un lugar de memoria». Tras un laborioso proceso judicial que acabó en el Tribunal de Estrasburgo, Franco reposa en Mingorrubio desde el 24 de octubre de 2019, el Ejecutivo está a un paso de quedarse definitivamente con el emblemático Pazo de Meirás –a expensas de la última palabra del Tribunal Supremo–, y con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática –pendiente de su tramitación parlamentaria– pretende ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y expulsar de allí a los monjes benedictinos que, según Moncloa, «se lo han ganado a pulso» por su oposición a que se trasladaran los restos de Franco.

Con el nuevo articulado, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos será un hecho –«proviene de un real decreto Ley del año 57 que es por completo contrario a los valores democráticos», según dijo ayer Félix Bolaños, ministro de Presidencia–. Pasará a depender de Patrimonio Nacional y el Gobierno tendrá que decidir el futuro de la gran Cruz de Cuelgamuros, que sus socios de Podemos pidieron derruir en 2018 aunque, en mayo del año pasado, el Grupo de Izquierda Confederal planteó en el Senado la demolición de todo el complejo. La intención última sería la creación allí de «un lugar de memoria como los que existen en otros países de Europa», según fuentes de Moncloa.

Finalmente, se confirma que los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados, como ya había planteado el Ejecutivo. Bolaños insistió en que «no podrá haber ningún cuerpo de los protagonistas en un lugar preeminente del Valle de los Caídos», y el líder de la Falange se cambiará de sitio en la basílica –donde puede permanecer al ser víctima directa de la Guerra Civil–, o irá al lugar convenido con su familia, que al día siguiente de la exhumación de Franco anunció que no se iba a pronunciar hasta que hubiera una propuesta concreta.

El proyecto de ley recoge la extinción las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Es la fórmula que estableció el informe emitido por el CGPJ tras advertir de que la disolución de la Fundación Franco podría suponer un delito de persecución ideológica o menoscabo de la libertad de expresión.

En el caso de la Fundación Francisco Franco, su disolución no puede ser inminente. «Una vez que hay causa de extinción por enaltecimiento» o «por humillación de las víctimas, se inicia un procedimiento» a instancias del protectorado que forma parte del Ministerio de Cultura o la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, «que concluirá con un expediente administrativo que derivará en un procedimiento judicial», explicó Bolaños, encargado de llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto que ideó la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo. En definitiva, un magistrado tendría la última palabra sobre esta y las demás fundaciones bajo la lupa de Moncloa: Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Súñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.

La norma quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando, además, un régimen sancionador –con multas desde los 200 a los 150.000 euros en función de la gravedad– del que carecía la Ley de Memoria Histórica. También se prevé laretirada de honores, medallas y distinciones, incluidos los títulos nobiliarios del franquismo y hasta 1977.

Como novedad, además de ESO y Bachillerato, se estudiará Memoria Democrática en Formación Profesional y en la formación inicial y continua del profesorado.

La ley recoge por primera vez de forma explícita, en su artículo 1.3, un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública, subrayan fuentes del Ejecutivo. Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.

Se crea la figura de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que será nombrado por el fiscal general del Estado. El Gobierno cuenta con que prácticamente todos los autores de delitos que se pudieran cometer durante la Guerra Civil y la dictadura han fallecido ya, pero deja en manos del fiscal la posibilidad de elevar la investigación en caso de que alguno continúe vivo y aprecie delito.

Además, la norma señala al Estado como el responsable de todo el proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres en fosas comunes. El cálculo es que hay entre 20.000 y 25.000 cadáveres. La Secretaría de Estado de Memoria dedica un 60 por ciento de un presupuesto de 11 millones de euros a este cometido, que cuenta con un catálogo de 304 fosas para culminar este año y prevé alcanzar más de 500.

Una vez se ponga en funcionamiento la ley, «arrancará el Banco Nacional de ADN», para el que «ya se ha contactado ya con empresas y forenses», según fuentes gubernamentales, con el fin de favorecer la identificación de los restos de las víctimas.

Para el Gobierno, «no hay verdad si no hay documentación», por lo que se garantizará el «acceso a los archivos a la ciudadanía en su conjunto», incluso eludiendo la trabas que pueda suponer la Ley de Secretos Oficiales franquista.

La Ley de Memoria Democrática no entra en la reparación o compensación económica a las víctimas de la dictadura y a quienes sufrieron pérdidas patrimoniales porque ya a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros. El hecho de que esta ley no genere ese «derecho adicional», según Bolaños, no significa que no se hayan acometido compensaciones, una parte de la responsabilidad que el Gobierno considera ya «suficientemente cubierta».

Otras actuaciones del proyecto aprobado por el Gobierno, son las siguientes:

RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

–La ley hace un novedoso reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, y expone una definición que comprende no solo a los que murieron, fueron heridos o desparecieron en España, sino también a los que tuvieron que exiliarse y a los que sufrieron reclusión en los campos de concentración nazis.

–También se les reconoce, al igual que sus familias y a la sociedad, el derecho «a la verdad» para la «verificación de los hechos y la revelación pública y completa» de las violaciones de derechos humanos en la guerra y la dictadura.

DÍAS OFICIALES PARA EL RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

–La nueva norma fija dos fechas oficiales para recordar a las víctimas del franquismo: el 31 de octubre para rendir homenaje a las víctimas «del golpe militar, la Guerra y la dictadura» y el 8 de mayo para recordar a quienes sufrieron exilio fuera de España.

POLÍTICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

–Se establece la obligación de adoptar medidas en el ámbito de la memoria democrática, con reconocimiento a las mujeres, y mediante planes de Memoria cuatrienales. También se crea un Consejo Territorial de Memoria Democrática para favorecer la cooperación entre administraciones.

LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

–Se declararán «lugares de memoria democrática» aquellos enclaves donde tuvieron lugar hechos de especial relevancia histórica vinculados a la memoria democrática y a la lucha por los derechos y libertades de los españoles. Habrá un inventario de estos lugares y gozarán de protección legal.

PANTEÓN DE ESPAÑA

–Se modifica el «Panteón de Hombres Ilustres» por un Panteón de España donde recordar a los principales representantes de la historia de la democracia y quienes hayan destacado por sus excepcionales servicios a España.

RECONOCIMIENTO AL MOVIMIENTO MEMORIALISTA

–Se reconoce la labor de las asociaciones y entidades memorialistas por su defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Se crea el Consejo de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo que dará voz a estas agrupaciones memorialistas. Habrá un registro de entidades.

NACIONALIDAD PARA HIJOS DE MUJERES EXILIADAS

–Se podrá conceder la nacionalidad española a los hijos de mujeres que se tuvieron que exiliar y se casaron con extranjeros para evitar la discriminación que suponía restringir este beneficio solo a los vástagos de los hombres exiliados.