España ha entregado a las autoridades uruguayas a un ex coronel reclamado por delitos de genocidio y lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en la “operación Cóndor”, cuyo objetivo era la eliminación sistemática de disidentes políticos en la década de los 70 y principios de los años 80 en el marco de las dictaduras militares en Iberoamérica.

El militar fue detenido el pasado 28 de enero en la localidad de Peñíscola (Castellón) por parte de agentes de la Brigada Provincial de Información de Castellón y de Interpol en virtud de una Orden de Detención e Ingreso en prisión acordada por la Audiencia Nacional en 2018, informa la Policía Nacional en un comunicado.

Las autoridades judiciales uruguayas le acusan de haber detenido ilegalmente, torturado y hecho desaparecer a jóvenes militantes de organizaciones opositoras al Gobierno militar de Uruguay vigente entre los años 1973 y 1985, cuya actividad era esencialmente el reparto de propaganda y la organización de manifestaciones y reuniones políticas. Todo en el marco del citado “plan Cóndor”, desarrollado fundamentalmente en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia.

El pasado sábado, la Policía llevó a cabo su entrega a la Dirección General Contra el Crimen Organizado e Interpol uruguaya, lo que permitirá que sea juzgado en su país, como reclamaban las autoridades uruguayas, que le atribuyen una participación en numerosos hechos delictivos considerados delitos de genocidio y lesa Humanidad. Una sucesión de actividades ilícitas que incluyen supuestamente detenciones ilegales, interrogatorios con torturas, desapariciones forzadas e incluso asesinatos.

La puesta a disposición de Uruguay del militar “evidencia el compromiso de la Policía Nacional en el ámbito de la colaboración y cooperación internacional”, asegura el comunicado.

“Lucha contra la subversión”

Según el informe “Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1985)”, durante la dictadura militar se produjo una primera fase represiva, que duró hasta 1972, “orientada principalmente a la desestructuración del MLN-T Tupamaros, aunque también fueron objeto de persecución otras organizaciones de acción directa”.

El punto culminante fue la detención del principal dirigente de los Tupamaros, Raúl Sendic. En esta primera etapa la represión fue “casi exclusivamente policial y luego pasaron a intervenir también las Fuerzas Armadas, las cuales pusieron la totalidad de su estructura” a disposición de la llamada “lucha contra la subversión”.