La abogada general del Estado, Consuelo Castro, posaba ante las cámaras con la llave del portón de entrada al Pazo de Meirás en “un día”, dijo, “que deja sensación de justicia histórica”. La finca pasó ayer a ser propiedad del Estado, que se convierte además en depositario de sus bienes tras 82 años en posesión de la familia Franco. En ambos casos de forma provisional, a la espera de una sentencia definitiva tras el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que condenó a los herederos a su entrega el pasado septiembre.

El acto de entrega de las llaves por parte de la jueza Marta Canales tuvo lugar en la Torre de la Quimera, la más alta del pazo, donde la escritora Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca, con presencia de la Abogacía del Estado – la citada Castro y los abogados del Estado que asumieron la presentación de la demanda judicial contra los Franco, Javier Suárez y Adela Álvarez–, además de letrados de las partes personadas en la causa. No hubo nadie en representación de los Franco que, como adelantó LA RAZÓN, depositaron el miércoles en el juzgado las llaves de la propiedad. "Hemos hecho la entrega el primer día que hemos podido, después de los días de fiesta", afirma Francisco Franco Martínez-Bordiú. La familia no tenía ninguna intención de personarse. "Obviamente no nos íbamos a prestar a este circo con sus fieras y sus payasos", apostilla el mayor de los nietos varones de Franco.

La familia despidió el mismo día al matrimonio de guardeses de la finca. Desde ese momento franquear la entrada quedó a expensas de la titular del juzgado coruñés.

La firma del documento de entrega se demoró hasta que los técnicos de la Xunta que realizaron el inventario de bienes verificaron, durante algo más de dos horas, que los que había están en igual estado que cuando se realizó la inspección ocular el pasado 11 de noviembre.

La Abogacía del Estado ha aclarado que dos de los bienes que constan en este inventario –la Casa de las Conchas y el hórreo anexo al inmueble– no forman parte de los elementos reclamados por la administración.

Asimismo, se ha decretado la apertura de un plazo de 20 días hábiles para que la Administración General del Estado determine qué bienes deben ser entregados a los demandados, que se habían dirigido al juzgado para saber exactamente qué podían llevarse –"el viernes nos dijeron que no nos prorrogaban el plazo ni nos permitían sacar nada, salvo la ropa interior", apunta irónico Francisco Franco–.

La familia solo podrá retirar los estrictamente personales y los que no comprometan los futuros usos del pazo, que estarán vinculados, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo –tras una reunión con Xunta, Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de Sada y consistorio coruñés– a explicar "la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática" y a reivindicar la figura de Emilia Pardo Bazán.

Sobre este punto, Martínez-Bordiú no tiene claro el futuro del pazo, y discrepa de los implicados y el uso que pueda dársele. "[Alberto Núñez] Feijóo dice una cosa y luego la contraria, como [Pedro] Sánchez; y Calvo dice que va a contar la verdad. Está muy bien, pero vincular Meirás a Pardo Bazán es más que cuestionable, porque nació en Galicia pero a los 16 años vino a Madrid y murió en Madrid, donde está enterrada". En su opinión, "decir que ella es patrimonio gallego es relativo. Si sumamos los años, mi abuelo estuvo mucho más que Pardo Bazán, que tiene un peso cultural importantísimo, pero si destacan la verdad sobre ella tendrán que contar también que a su hijo y a su nieto de 17 años los mataron después de torturarlos en una checa en Madrid. Miembros del Gobierno del Frente Popular, como el que tenemos ahora".

No está claro, sin embargo, el destino definitivo del Pazo de Meirás. Mientras el Gobierno quiere recuperar la finca como parte de la Memoria Histórica, la Xunta de Galicia apuesta por dedicar el inmueble a Emilia Pardo Bazán. Por su parte, el alcalde de Sada, Benito Portela, aludía ayer a una "titularidad estatal, con una cesión a la Xunta y una gestión compartida a través de un consorcio" en el que participaría el consistorio, que ha pedido organizar las visitas que hasta ahora estaban en manos de la Fundación Franco. Sí se ha acordado retomar estas visitas en un plazo de pocas semanas. Como Bien de Interés Cultural (BIC) la familia estaba obligada a abrir al público cuatro días al mes. Ahora serían más. Portela apunta que él lo haría "todos los días".

Mientras, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, advierte de que la sentencia "no es firme", por lo que "sigue siendo una propiedad privada", y afirma que Meirás "nunca fue público".