Los Franco llegarán al Supremo para recuperar Meirás

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña ha fallado en contra de la familia Franco, que tendrá que devolver al dominio público el Pazo de Meirás, sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada, el de La Coruña y la Diputación Provincial defendieron la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

Dos son los argumentos principales para retirarles a los Franco la propiedad. En primer lugar, que ese obsequio llegó tras la creación de la llamada Junta Pro Pazo, una asociación creada para procurar a Franco una residencia en su tierra natal. El segundo es que el regalo se hizo a la Jefatura del Estado, y no a Franco de manera personal. Además, la magistrada Marta Canales detalla que la compraventa de 1941 con la que Franco inscribió el título en el registro de la propiedad «fue una simulación», por lo que debe ser anulada.También rechaza la «existencia de atraso» en la presentación de la demanda ahora estimada «íntegramente».

La sentencia, que tiene 390 páginas, no es firme, ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Coruña. Es la primera batalla de un largo proceso judicial que terminaría en el Tribunal Supremo, hasta donde «sin duda» llegarían los Franco, señala a LA RAZÓN su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, que se refiere a la sentencia como «evidentemente política».

En su fallo, la magistrada declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma». A este respecto, aclara la juez que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo «del Caudillo» para comprar y regalar el Pazo de Meirás «al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional». «Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado. Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten», dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación «no arroja dudas», pues todos se refieren «al caudillo».

En el fundamento de derecho tercero de la resolución, la juez concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una «simulación», lo que determina su nulidad. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

En relación a este extremo, afirma la magistrada que no se acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de «ficción» llevada a cabo «con el solo objeto de poner el bien a su nombre».

«El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra», se subraya en la resolución.

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada entiende que no cabe, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco «de mala fe». Esa mala fe se materializa «cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe do Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno». Recuerda además la juez que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que «el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo».

Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de las fincas que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.

Sobre el momento en el que se presenta la demanda, que los letrados de la familia Franco consideraron retraso desleal, entiende la magistrada que «la posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático» y destaca que el Estado «nunca renunció a sus derechos».

En la sentencia se concluye que «la parte actora ha demostrado la nulidad del título de compraventa esgrimido por los demandados y ha acreditado de forma contundente la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño a su favor, con las consecuencias de que la totalidad de la finca debería inscribirse en el Registro de la Propiedad a favor de la demandante y las inscripciones contradictorias existentes a favor de los demandados habrían de cancelarse», lo que la juez acuerda.

El letrado de los Franco se muestra «muy decepcionado» –igual que sus clientes, porque confiaban «en que se hiciera justicia y se desestimase la demanda»– y asegura que «por supuesto vamos a recurrir una sentencia que adolece de serios defectos». «Tenemos la impresión fundada de que gran parte de los argumentos jurídicos que hemos puesto sobre la mesa en el juicio ni siquiera han sido tomados en consideración», afirma Utrera-Molina. «Parece que hemos perdido por incomparecencia», apunta sobre «una sentencia basada fundamentalmente en los hechos de la demanda del Estado que da por probados todos los hechos contenidos en un libro de dos militantes del BNG que declararon claramente su antifranquismo». Lamenta el abogado que «hemos olvidado que el pleito no era contra Franco sino contra los nietos».

Por su parte, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, no quiere entrar en un «tema técnico-jurídico complejo», pero asegura a este periódico que «lo que sí está claro es la continua persecución a la que está sometida la familia Franco, que está soportando la venganza permanente de una izquierda sectaria y llena de rencor». La entidad que preside, encargada por cierto de las visitas al Pazo de Meirás, «perseverará», según las palabras del general Chicharro, en «preservar el legado y la memoria de Francisco Franco».

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se felicitó de una sentencia que devuelve el inmueble al Estado y, por tanto, «a todos los españoles». Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo, mostró su alegría por una decisión judicial que supone «un avance más en el reconocimiento y reparación de la Memoria» de España.

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, pidió seguir investigando para recuperar otros bienes del entorno del dictador y de otras autoridades de la dictadura.