El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reprochado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Kitchen”, Manuel García Castellón, que haya imputado a un notario por un delito de violación de secretos basándose en “una mentira” del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, según consta en un escrito de 27 de noviembre del abogado Juan Manuel Ruiz Sanz dirigido al magistrado.

El instructor decidió la semana pasada imputar al notario Alberto Vela Navarro-Rubio por haber alertado presuntamente al que fuera ‘número dos’ del Ministerio del Interior de que el Juzgado Central número 6 le había reclamado en secreto unas actas notariales que, según el propio Francisco Martínez, daban cuenta del contenido de unos supuestos mensajes enviados por el ex ministro, que aluden a aspectos de la “Operación Kitchen”. Martínez acudió a este notario para protocolizar tres mensajes de julio y agosto de 2013 sobre la “operación Kitchen” que atribuye al ex ministro, que ha negado ser el autor de los mismos.

“No estamos de acuerdo con la afirmación atribuida a Göbbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, que es lo que ha pretendido y conseguido el señor Fernández Díaz, y menos cuando ello conlleva no solo manchar el honor de mi patrocinado y del señor Vela, sino que la mentira cale, primero en el Ministerio Fiscal y, segundo, en el Juzgado que, estamos convencidos, confundidos por la falsedad gratuita y reiteradamente vertida por Fernández Díaz, han solicitado y adoptado una decisión tan grave como la que es objeto del auto recurrido, sin darse cuenta del engaño perpetrado”, completa el letrado defensor.

“Extrañas e irregulares”

En el careo celebrado en la Audiencia Nacional entre el ex ministro y el que fuera su número dos, el primero advirtió al juez de que estas actas se habrían otorgado “en circunstancias cuando menos extrañas e irregulares, si atendemos al contenido de la conversación mantenida por Whatsapp entre el señor Martínez y el notario Alberto Vela Navarro-Rubio el mismo día (11 de marzo de 2020) que recibió el mandamiento judicial a fin de que aportara copia testimoniada de la escritura, con expresa advertencia de que la causa estaba secreta y debía guardar la más estricta confidencialidad”.

Fernández Díaz planteó esa duda en virtud de un informe policial que alertaba el juez de que el notario, amigo personal de Martínez, le llegó a preguntar: “¿Cómo se borra?”. Ante lo que este le contesta: “Se borra el chat y ya está”. Pese a que no aluden en concreto qué era lo que querían borrar, tanto Anticorrupción como el juez sospechan de que podría tener alguna relación con el acta protocolizada. Y basas esta duda porque los mensajes se intercambian en la mañana del 11 de marzo pasado, antes de que se recibiera el requerimiento judicial, pero dos días después de que el notario hubiera tenido conocimiento de la petición del juez.

Guardar confidencialidad

Sin embargo, Martínez defiende que la primera vez en que el notario tuvo noticia de que se estaban investigando las actas notariales y que debía guardar la confidencialidad debida fue el 12 de marzo y no el 11 de marzo, “como falsamente refiere la representación procesal del señor Fernández Díaz y como erróneamente recoge tanto en el informe del Ministerio Público como en el auto” del juez García Castellón.

“Por tanto, es imposible que el día 11, ni en la conversación mantenida por Whatsapp, ni telefónicamente, ni de ninguna otra forma, el señor Vela cometiera un delito de violación de secretos, simple y llanamente porque desconocía aquello que era objeto de secreto y la propia existencia del secreto”, asegura el letrado defensor, que concluye que justifica que su cliente y el notario hablaran de eliminar un chat porque el fedatario tenía en el mismo “un chiste con imágenes subidas de tono y que el señor Vela quería borrar porque en ocasiones sus hijos hacen uso de su terminal móvil”.