El juez ve indicios de delito en el notario que protocolizó los sms atribuidos a Fernández Díaz

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que hay indicios para investigar, como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la posible comisión de un delito de violación de secretos por parte de uno de los notarios a los que acudió el pasado año el exsecretario de Estado Francisco Martínez para protocolizar tres mensajes de julio y agosto de 2013 sobre la “operación Kitchen” que atribuye al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y que éste niega.

Así consta en una resolución en la que el magistrado acuerda citar como testigo a este notario de Mahón, Alberto Vela -con quien Martínez explicó en el careo celebrado el pasado día 13 que le une una relación de amistad-, a quien sin embargo advierte de que acuda asistido de abogado “para preservar su derecho de defensa”. Y es que en el mismo auto García Castellón acuerda abrir diligencias previas para investigar lo sucedido y, al mismo tiempo, ordena que las mismas se remitan al juzgado de instrucción de Mahón competente para instruir el procedimiento.

Ante la existencia de esa incipiente investigación, y dado que un testigo está obligado a decir verdad, el magistrado prefiere que le asista un abogado por si el resultado de la testifical puede tener carácter incriminatorio para el compareciente.

Y es que el mismo día, el pasado 11 de marzo, en el que se requirió judicialmente a este notario (a través del Consejo General del Notariado) una copia de esas actas “con expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones” -recuerda el instructor-, se constató “una cadena de mensajes” entre Vela y Francisco Martínez sobre “cómo se borra un chat” que evidencian, dice el juez, que “se habría puesto en contacto” con el exsecretario de Estado de Seguridad “haciendo caso omiso al carácter reservado del requerimiento”.

Martínez aseguró durante el careo con su antiguo jefe que lo que pretendía que se borrara eran unos chistes que le había enviado, dada su relación personal, y que no quería que vieran sus hijos. El exministro del Interior, sin embargo, asegura que esos mensajes están falsificados y esgrime un informe pericial que ha aportado al juzgado que concluye que fueron manipulados.

El magistrado cita también como testigo a Enrique Franch, el notario de Madrid al que acudió el propio Martínez meses después, en octubre de 2019, para protocolizar otra serie de mensajes (estos correspondientes a octubre de 2013), entre los que destaca uno referente al volcado de la información de los datos de los móviles sustraídos a Luis Bárcenas.

Fernández Díaz ha negado reiteradamente que escribiera y enviara ese mensaje a su subordinado, quien puntualizó ante el juez que se trataba de un sms reenviado correspondiente a un mando operativo. García Castellón cree que los autores de esos mensajes pueden ser los comisarios, ya imputados en la causa, Enrique García Castaño (respecto a quien autoriza además el volcado de los datos de su teléfono móvil) o el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, por lo que acuerda que se les cite de nuevo a declarar para que esclarezcan si los escribieron ello y, en su caso, se los mandaron o no al entonces titular de Interior.

Como el exministro, subraya, “ha afirmado reiteradamente que aquellos cuatro mensajes notarialmente protocolizados pudieran haber sido manipulados” y teniendo en cuenta que Martínez “admite -en su declaración judicial y en la posterior diligencia de careo- que el mensaje recibido” (referente al volcado de los datos de los móviles sustraídos a Bárcenas) “no habría sido redactado por el investigado Jorge Fernández Díaz, y bien podría tratarse de un reenvío, alegando que está redactado en términos más propios de un funcionario policial “operativo””, García Castellón estima que “una mejor averiguación de los hechos aconseja conocer la versión de los dos notarios”.

El instructor quiere escuchar a ambos de nuevo “a fin de ser interrogados sobre el origen de los mensajes que el sr. Fernández Díaz afirmaba que pudieran haber sido reenviados” por parte de mandos policiales operativos. Estas citaciones forman parte de una batería de diligencias instadas por la Fiscalía tras la celebración del careo, en el que -según constata el propio García Castellón en la resolución- “no lograron dispersarse” las contradicciones entre ambos.

Esas contradicciones son fundamentalmente tres: además de la autoría de esos mensajes que Fernández Díaz niega, la petición que habría hecho el entonces ministro a su subordinado para que averiguara si el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, era confidente de la Policía, algo que el ex titular de Interior también rechaza, y la responsabilidad que tenía el ministro sobre el control de los fondos reservados (de donde se pagó a Ríos entre julio de 2013 y febrero de 2014 un total de 53.266 euros a razón de dos mil mensuales con el supuesto objetivo de sustraer al ex tesorero del PP documentación comprometedora para el partido).