La cúpula policial ocultó amaños de Villarejo en seis casos de corrupción

La cúpula policial del Ministerio del Interiorprotegió al ex comisario José Manuel Villarejo, el cabecilla del denominado por la Fiscalía Anticorrupción como “clan policial mafioso”, de sus presuntos amaños en seis causas judiciales, según la información recabada por LA RAZÓN del sumario del “caso Tándem”.

En concreto se trata de los procedimientos judiciales denominados “Gürtel”, “Pujol”, “Emperador”, “Ático de Ignacio González”, “Varma” y “Pequeño Nicolás”. Y en todos ellos Villarejo habría participado pese a que él no era el responsable policial de ninguna de estas pesquisas.

Y esa ‘impunidad’ de Villarejo, que según reconocen los mandos policiales “iba por libre”, provocó un abierto enfrentamiento con el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que acabó siendo destituido en 2015. Este cese benefició los intereses del clan, que siguió “campando a sus anchas”, según la definición del fiscal Ignacio Stampa, hasta noviembre de 2017, que fue detenido.

La conocida como “guerra de comisarios” se inició en 2012, según reconoció en su primera declaración ante el juez Manuel García Castellón el propio director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. Este mando policial recordó que Martín-Blas pidió que se pincharan los teléfonos de varios agentes, que eran sospechosos de filtrar las investigaciones sobre la trama liderada por Francisco Correa, y que tocaba de lleno al Partido Popular.

“Intervención telefónica”

“Todo empezó porque Marcelino Martín-Blas solicitó la intervención del teléfono del señor Villarejo, del señor Carlos Salamanca y del señor Olivera, allí en la Plaza de Castilla”, dijo Pino el 17 de enero de 2019, en una comparecencia en la que recordó que exigió al jefe de Asuntos Internos que justificara mejor su petición. Pese a que el Juzgado no concedió las intervenciones telefónicas, los comisarios implicados sí fueron alertados de las intenciones de Asuntos Internos, cuyo jefe se convirtió desde entonces en el principal rival del clan policial.

Años después, la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas logró descubrir que Villarejo advirtió al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, “de la existencia de dos investigaciones penales amparadas por el secreto de sumario, una de ellas sobre la parte valenciana de la “Operación Gürtel”.

En concreto le avisó de que se estaban produciendo intervenciones telefónicas a varios dirigentes del PP. Advirtió a estos políticos de la existencia de una investigación penal que les afectaba directamente, y que probablemente se autorizarían registros judiciales. Según concluyen los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, Villarejo obtuvo esta información del comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), José Luis Olivera.

Sabotear “Gürtel”

Pero era 2012, y el jefe de Asuntos Internos no logró que se intervinieran los teléfonos de Olivera y de Villarejo, quienes en sus conversaciones grabadas llegaron a alardear de haber saboteado la investigación de “Gürtel”.

El segundo procedimiento judicial que logró esquivar Villarejo fue el conocido como “caso del ático de Ignacio González”, ahora archivado. El ex comisario aseguró haber recibido el encargo del fallecido Miguel Ángel Fernández Chico de que investigara al político madrileño. Sin embargo, esta investigación provocó una lucha interna en el PP, que acabó con varios agentes cesados y expedientados, pero del que nuevamente se libró el ex comisario.

Pero para Eugenio Pino el caso que provocó de forma definitiva la “guerra de comisarios” fue el denominado como “Emperador”: “A raíz de eso Marcelino [Martín-Blas] intervino y colocó en un informe que le pidió la Fiscalía Anticorrupción que ahondara sobre la operación King o Gao Ping, y Marcelino metió al hijo de [Villarejo] que no era policía”, declaró el DAO, que concluyó: “Aquello fue ya, digamos, la hecatombe”.

La unidad de Asuntos Internos decidió investigar estos hechos tras conocer que el comisario Miguel Ángel Gómez Gordo había sido detenido por su implicación en la trama. Desarrolló unas pesquisas por las que acabó apartándose el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, amigo personal de Carlos Salamanca. Al final esta causa, que salpicó a cuatro comisarios y a uno de los hijos de Villarejo, fue archivada.

“Caso Pujol”

Villarejo y su clan también se han librado de las posibles sanciones por participar de forma irregular en otra sonado causa de corrupción: el “caso Pujol”. La propia familia del ex presidente catalán lleva ya más de diez meses sin obtener respuesta sobre su intento de personarse en “Tándem”, ya que aseguran haber sido víctimas de la guerra sucia del ex comisario.

La investigación sobre estos hechos, que se mezclan con el “caso del 3%”, partió de Eugenio Pino, quién encargó al jefe de Asuntos Internos que se reuniera con dos fiscales en Barcelona para convencerles de que debían investigar la corrupción de Jordi Pujol y del 3%. A Martín-Blas le acompañó el jefe de la UDEF, José Luis Olivera, a quien meses antes había querido investigar por las filtraciones de “Gürtel”. La reunión fue publicada de forma inmediata por la prensa, que comenzó a aludir a una supuesta “operación Cataluña”.

Pero las grabaciones que realizó el propio Villarejo delatan sus amaños en esta causa, ya que llegó a reconocer su intención de cobrar hasta 50 millones de euros de los banqueros de Andorra con el dinero de personas influyentes en Cataluña. Al mismo tiempo que pretendía que Martín-Blas, “quien no tenía ni puta idea”, acabara como el responsable de las maniobras del clan policial.

Eugenio Pino acabó absuelto tras ser juzgado por incluir de forma irregular en el “caso Pujol” información contenida en un `pendrive’. Villarejo, quien trató de conseguir 500.000 euros aportando a la Audiencia Nacional este dispositivo de memoria, no fue ni procesado.

“Caso Varma”

El ex comisario también se libró de una supuesta implicación en otro caso de corrupción protagonizado por el ciudadano de origen indio Harishchandra Tarachand Varma, quien en 2013 estaba siendo investigado por agentes la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía. Y durante los seguimientos y las intervenciones telefónicas, Villarejo fue sorprendido facilitando información reservada a este empresario.

Villarejo había llamado a Varma para informarle de que había sido seguido por agentes de la Policía: “Confirmado lo del coche”, dijo el excomisario. Le explicó, en concreto, que la matrícula que había tomado de un coche que le seguía era la de una patrulla camuflada.

En este caso logró sortear la investigación judicial gracias a que el entonces inspector Andrés Gómez Gordo, hermano de uno de los comisarios detenidos en la ‘Operación Emperador’, remitió un escrito a la juez que investigaba a Varma en el que aseguraba que Villarejo hablaba y se reunía con este empresario porque era su confidente.

“El comisario había captado como informador, entre otros muchos, al abogado Óscar Jiménez Rubia, el cual le transmitió que un cliente suyo (Varma) estaba siendo extorsionado por individuos que se hacían pasar por policías y que al parecer le vigilaban, llegando a apuntar algunas matrículas”, escribió a la juez Gómez Gordo, que en esos momentos ya estaba inmerso en la denominada “operación Kitchen”, en la que se encargó de captar como confidente al ex chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Grabación al CNI

Pero la guerra de comisarios a la que alude Eugenio Pino en su declaración “culminó con el famosa asunto de la grabación de la reunión [de Martín-Blas] con el CNI”. Asuntos Internos inició la investigación de los hechos, vinculados a la actuación de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, -conocido como “el pequeño Nicolás”-, que fue frenada con la destitución de Martín-Blas en marzo de 2015.

Villarejo, quien despachaba de forma directa con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, llegó a felicitarse por haber logrado el cese de su gran antagonista. Y lo consiguió, según dijo, tras haber amenazado a la cúpula de Interior con detener al chófer Sergio Ríos y hacerle declarar sobre el espionaje a Bárcenas: “Eso era lo que nunca esperaba Marcelino [Martín Blas], que le destituyéramos...», llegó a decir Villarejo en un audio, a cuya transcripción ha tenido acceso LA RAZÓN.

No obstante, el juez que investigaba la difusión de la reunión entre el jefe de Asuntos Internos y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ‘rescató’ a Martín-Blas y le puso de jefe de una comisión judicial que siguió investigando la actuación de Villarejo. Consiguió pruebas de la presunta participación de Villarejo en la grabación de la reunión, que fue difundida por los medios de comunicación. El ex comisario iba a ser detenido, según explican fuentes del caso a esta redacción, pero el arresto se truncó en el último momento y por razones desconocidas. También aquí consiguió esquivar a la Justicia.

No colaboró con Villarejo

Sin embargo, tras numerosas trabas y problemas judiciales, el polémico comisario acabó en el banquillo de los acusados junto a su mujer por la grabación y posterior filtración de la reunión del CNI con Martín-Blas, quien está imputado en el “caso Kitchen” después de que varios de los comisarios le implicaran en el espionaje a Bárcenas. Él niega haber colaborado con Villarejo.

Para el abogado Antonio Alberca, que defiende a Martín-Blas en el “caso Tándem”, es evidente que su cliente “era objeto de acoso y represalias hasta el punto de conseguir que le cesaran como jefe de la unidad de Asuntos Internos”, apunta en un escrito dirigido al juez Manuel García Castellón.

En noviembre de 2017 la ‘impunidad’ de Villarejo saltó por los aires gracias a la investigación desarrollada por los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano. El comisario fue arrestado como presunto cabecilla de un” clan policial mafioso” que “durante décadas infectó a la Policía”, según Anticorrupción. Tres jueces de instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han confirmado la investigación del ministerio público sobre Villarejo, que permanece en prisión provisional desde su detención.