Podemos ofreció 30.000 euros a la abogada cesada junto a Calvente

Podemos ofreció 30.000 euros a la ex responsable de Cumplimiento Normativo de la formación moradaMónica Carmona para zanjar su relación laboral, según informan fuentes presentes en el juicio celebrado ayer lunes en el Juzgado de lo Social número 1 de Granollers (Barcelona).

Carmona fue cesada el 2 de diciembre de 2019 de su puesto mientras analizaba las presuntas irregularidades que denunció el ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente. En la actualidad el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga estos hechos, por lo que mantiene imputado al partido liderado por Pablo Iglesias como persona jurídica.

En el juicio, esta letrada rechazó la oferta de los abogados del partido morado, cuyos dirigentes acordaron su cese, al mismo tiempo que le redujeron un 50% su jornada laboral, que pasó de ocho a cuatro horas.

Le corresponden 25.000 euros

El abogado de esta empleada de la formación morada rechazó el acuerdo al considerar que solo por los salarios de tramitación, a Carmona le corresponderían 25.000 euros. De esta forma, según la interpretación del defensor, Podemos únicamente le ofrecía a su cliente una indemnización de 5.000 euros, una suma que considera insuficiente.

Ya durante la vista oral, Carmona reclamó su reincorporación al partido, que debería ser en los mismos términos en los que se encontraba antes del cese. También pidió que le indemnicen con 75.000 euros al considerar que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales, completan las fuentes consultadas.

Además, el abogado de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos desestimó la tesis de los abogados del partido, y rechazó que la investigación interna que llevó a cabo su cliente fuera una venganza.

La sede de Podemos

Y como prueba de ello, siempre según las fuentes consultadas, recordó que el propio José Manuel Calvente ya advirtió en octubre de 2019 sobre las presuntas irregularidades que ambos habían detectado en la licitación y posterior adjudicación de las obras de la sede de Podemos en Madrid.

En concreto, Carmona pretende reincorporarse al partido, al mismo tiempo que quiere conseguir que la Justicia reconozca que fue cesada por los dirigentes de la formación política en «represalia» por haber cumplido con su deber como máxima responsable de que se cumplieran las normas en el seno de Podemos.

En el juicio laboral también declaró como testigo José Manuel Calvente, quien con su testimonio defendió que el cese de su compañera sí fue una «represalia» por haber analizado los hechos que ahora mismo se investigan en el Juzgado de Madrid. Este letrado ratificó que ambos se encontraban recabando información sobre las diferentes denuncias que recibían de varios trabajadores, que reclamaban su anonimato.

Y en concreto aludió a la diferencia de alrededor de 700.000 euros entre el precio de licitación y el de adjudicación de las obras de la sede de Podemos en Madrid, pero también a la sospechosa contratación de la sociedad Neurona Comunidad para la campaña electoral de abril de 2019.

Dudas del Tribunal de Cuentas

También destacó que sus temores sobre la empresa Neurona Comunidad se vieron corroborados por las dudas que planteó sobre un contrato de 363.000 euros el Tribunal de Cuentas.

Ante la pregunta concreta del abogado de Mónica Carmona sobre si consideraba que los dirigentes de Podemos tenían «animadversión», Calvente contestó que sí, para después reiterar que se trataba de «una represalia».

Por su parte, el abogado de Podemos, según las fuentes consultadas, negó que la letrada Mónica Carmona mantuviera una relación laboral con Podemos, por lo que ahora tendrá que investigar los hechos la Fiscalía en Cataluña.

Esta decisión de la formación morada hará que la sentencia pueda retrasarse varias semanas más, según explican a LA RAZÓN fuentes jurídicas presentes en el juicio laboral sobre el cese de Mónica Carmona como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos.