La abogada cesada de Podemos: «Fue una represalia por investigar hechos sospechosos»

«He presentado una demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y por eso pido una indemnización de 75.000 euros. ¿Sabe por qué? Porque la ley me ampara. Lo que me sorprende es que me cuestionen el derecho que tengo como trabajadora. Precisamente ustedes, que ostentan el Ministerio de Trabajo». Según fuentes presentes en el interrogatorio de esta semana en el Juzgado número 42 de Madrid, así reaccionó la testigo Mónica Carmona –ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos– después de que el juez Juan José Escalonilla considerara que había sido improcedente la pregunta del abogado de Podemos sobre si había reclamado dinero tras su destitución.

Carmona declaró el pasado miércoles como testigo ante el magistrado que investiga la denuncia interpuesta contra la dirección del partido presentada por el ex coordinador jurídico José Manuel Calvente ante la Guardia Civil. Según explicó en sede judicial, los dos abogados iniciaron una investigación «sigilosa» para determinar si las diferentes irregularidades que habían detectado eran ciertas. Al final, la denuncia la interpuso Calvente, aunque Carmona aseguró que ella también la apoya.

Muy ilusionada por la idea originaria del partido que nació del 15-M, comenzó a trabajar en 2016 en Podemos a media jornada como asesora jurídica en Cataluña. En mayo de 2017 le ampliaron la jornada, y la designaron máxima responsable de un cargo de gran relevancia para un partido que, según su ideario, venía a regenerar el panorama político que había entonces en España.

La abogada aseguró haberse tomado en serio el nombramiento. Y al detectar las primeras sospechas sobre las diferentes irregularidades, de las que era alertada incluso por algunos de los trabajadores de Podemos, la letrada recurrió a Calvente, con quien mantiene une buena amistad desde hace varios años, y quien le «auxiliaba» en el ejercicio de sus funciones.

Durante la investigación, Carmona y Calvente detectaron las principales irregularidades que plasmaron en la denuncia ante la Guardia Civil, pero también otras de las que no pudieron obtener ninguna prueba, pero que les llegaron de boca de otros compañeros de partido.

Ahí fue cuando se encontraron con hechos sospechosos, de los que informó al juez en su declaración. Como por ejemplo la adjudicación de las obras de la sede, que alcanzó los 1,3 millones de euros cuando la licitación había sido de 600.000 euros. También relató sus sospechas en la adjudicación de un contrato electoral de 363.000 euros a la empresa Neurona Comunidad, porque se realizó antes de que esta sociedad fuera constituida por un directivo cuyo nombre aparecía en los «Papeles de Panamá». «Nos llamó la atención porque el administrador, Elías Castejón, aparecía en los Papeles de Panamá», trasladó la letrada al magistrado. Además, según descubrieron, Neurona Comunidad tenía vínculos con otra empresa: Neurona Consulting, que estaba siendo investigada en Bolivia, y cuyo propietario había colaborado con Juan Carlos Monedero, ex cargo del partido y persona de la máxima confianza de Pablo Iglesias.

Calvente ya había advertido en junio de 2019 que la licitación de las obras de la sede del partido en Madrid se podría haber hecho de forma irregular. Aseguró, además, que estos trabajos se habían iniciado antes de que se adjudicaran los contratos a las constructoras. En su declaración como testigo, Carmona insistió en que este aumento de más del 100% entre el precio de licitación y la adjudicación «no tenía justificación». Fuentes cercanas a los letrados aseguran a LA RAZÓN que la ruptura definitiva con los dirigentes del partido no se produjo hasta que el 24 de noviembre de 2019, tras reclamar a la Gerencia del partido y al responsable de Seguridad información sobre la contratación de una escolta para Irene Montero. «Esa fue la puntilla», relatan las citadas fuentes. Según dijo Carmona al juez instructor, la persona contratada no realizaba un trabajo de escolta, sino que era «una asistente personal» de Montero.

Días después, el 2 de diciembre, la dirección de Podemos acordó el cese fulminante de Calvente. A la desesperada, Carmona -según su declaración- trató de parar la decisión y envió directamente un mensaje de auxilio a Pablo Iglesias, que esos días negociaba el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez.

En la misiva advertía al secretario general de Podemos de que si no daba marcha atrás al despido de su compañero, el partido se enfrentaba a una posible acusación por «encubrimiento» u «ocultación de pruebas», ya que ambos estaban investigando las supuestas irregularidades detectadas. Iglesias no le contestó.

«Entonces me tuve que armar de valor», reconoce la abogada al juez, apuntan fuentes cercanas a esta letrada. Y horas después remitió un comunicado al Consejo Ciudadano de Podemos que acabó siendo publicado por la prensa. «No fue fácil», completa Carmona, que sabía que Calvente y ella acabarían solos, concluyen las fuentes consultadas.

El 6 de diciembre Iglesias justificó el despido de Calvente como «un caso de acoso sexual grave». Sin embargo, la magistrada que investigó la denuncia de la también empleada de Podemos Marta Flor Núñez archivó la causa al considerar que esta acción legal había sido utilizada por el partido para justificar el despido del abogado que había investigado las presuntas irregularidades internas.

A la espera del juicio

Pero no solo Calvente fue purgado. Mónica Carmona también recibió dos burofax, en el que los que le comunicaban su cese y le requerían que no desarrollara actividades relacionadas con el área de Cumplimiento Normativo. Además, le reducían al 50% su jornada laboral. Según la demanda interpuesta por esta letrada en la jurisdicción Social, esta reducción unilateral -que Podemos justificó en función de una reorganización interna- vulneró el Estatuto de los Trabajadores.

Este es el motivo por el que esta letrada presentó la demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. «Yo pido la nulidad de esa reducción de jornada, porque la acordaron sin mi consentimiento. Y por eso deberían reincorporarme y abonar una indemnización de 75.000 euros», explica Carmona.

Fuentes cercanas a la letrada precisan a este diario que Carmona reclama la nulidad del cese porque considera vulnerados sus derechos fundamentales como trabajadora, al ser «despedida como represalia por haber investigado hechos sospechosos» en Podemos. Está previsto que el juicio laboral se celebre el próximo 16 noviembre. De confirmarse esta reclamación, el partido debería reincorporarla con las mismas funciones que tenía hasta la destitución. La semana pasada, la formación se vio obligada a reconocer la improcedencia del despido de Calvente, quien percibirá por ello 35.000 euros cuando legalmente le correspondían poco más de 15.000 euros. Se reservó de forma expresa la posibilidad de emprender acciones legales por vulneración del derecho al honor contra Pablo Iglesias por acusarle de haber acosado sexualmente a una compañera.