Energía
Los transportistas amenazan con ir a la huelga si el Gobierno aprueba el "dieselazo"
Carlos Cuerpo ha confirmado que se aprobará en marzo en el Consejo de Ministros un decreto ley con esta medida, que no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso para rubricarlo
Aviso a navegantes de las patronales del transporte por carretera. La intención del Gobierno de reactivar el impuesto al diésel ha caído como una bomba entre los transportistas, que rechazan cualquier incremento impositivo que eleve sus gastos y no descartan llevar a cabo movilizaciones inmediatas, incluso convocar paros si el Ejecutivo sigue adelante con su intención de aprobarlo por decreto ley.
Todas las patronales del sector, incluidas las dos principales, Fenadismer y CETM, han mostrado su rechazo "unánime" a la subida del impuesto al diésel que el Gobierno ha confirmado que aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros. Lo anunció en Bruselas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ante sus homólogos del Ecofin aseguró que se le dará lus verde para equipararlo al de la gasolina, lo que supondría un incremento de 10 céntimos por litro.
Según advierten en su comunicado, "no es la primera vez en los últimos meses que el Gobierno intenta aprobar esta controvertida medida, que ya fue rechazada en el Congreso de los Diputados por falta de apoyo parlamentario el pasado mes de noviembre, pese a lo cual persiste en su empeño para lo que se estaría planteando aprobarlo de nuevo con carácter inmediato mediante decreto-ley". Por ello, han acordado "el rechazo absoluto a su aprobación por ser el principal sector económico afectado por dicha subida fiscal" y representantes del sector instarán a los diferentes grupos políticos a que "la tumben en el Parlamento, sin descartar otro tipo de movilizaciones en contra de dicha medida, si finalmente sale adelante, incluidos paros intermitentes y huelgas, confirmaron a LA RAZÓN fuentes de los transportistas.
El Ejecutivo justifica la recuperación de esta controvertida medida para poder cumplir con sus compromisos de financiación adquiridos con la Unión Europea y poder recibir el quinto paquete de los fondos europeos Next Generation. El Gobierno solicitó el quinto tramo el pasado 20 de diciembre por un importe récord de 23.900 millones, de los cuales 8.000 millones corresponden a subvenciones y 16.000 a préstamos de acuerdo con la adenda, que suponía el adelanto de 55 hitos y objetivos ya cumplidos, de manera que el desembolso de transferencias y los dos primeros de préstamos pasarán de tener 32 medidas a recoger un total de 84.
Cuerpo apuntó que la Comisión Europea tiene dos meses hasta el próximo 21 de marzo para evaluar la petición de España. Si detecta el incumplimiento de alguno de los hitos u objetivos -incluida la reforma fiscal y el impuesto al diése-l, puede decidir otorgar un pago parcial y congelar los fondos correspondientes, como ya ocurrió con el cuarto tramo del plan, algo que quiere evitar el Ejecutivo. "Todavía estamos dentro de plazo en relación a cumplimiento del quinto pago", insistió Cuerpo.
El sector del transporte mercancías ha vuelto a reclamar la necesidad de un verdadero plan de descarbonización de sus flotas con combustibles renovables (combustibles neutros en CO2), por lo que tanto fabricantes de vehículos como operadores de transporte han vuelto a exigir un marco regulatorio tecnológicamente neutro y creíble que puedan llevar a cabo de forma razonable.