El Sindicato de Inquilinos amenaza con ir a la huelga de alquileres si el Gobierno no rebaja los precios un 50% por ley

El precio de la vivienda se ha convertido en un asunto de Estado en los últimos días. Los españoles no pueden costearse el alto precio de vivir de alquiler en una vivienda por la que pagan un precio desorbitado que les acaban dejando sin dinero para llegar a final de mes.

En los últimos meses se han conocido informaciones que han aumentado todavía más la preocupación y el descontento de los españoles. Sobre todo después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidiese en una entrevista "solidaridad" a los propietarios para bajar los alquileres, algo que causó innumerables reacciones en la política y en sociedad al entenderse que se está llevando a cabo una política de pasividad y no de actuación.

Prueba de ello fue la primera gran manifestación por el derecho a la Vivienda que se convocó en Madrid el pasado 13 de octubre, a la que acudieron 22.000 personas, según datos de la Delegación de Gobierno, y en torno a 400.000 según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una de las organizaciones convocantes. Sin embargo, el descontento sigue a día de hoy en las calles, con nuevas manifestaciones, y uno de los últimos logros ha sido la comparecencia de la portavoz del Sindicato de Cataluña en el Congreso de los Diputados.

Amenaza con una huelga de alquileres

La portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Carme Arcarazo, compareció este lunes en el Congreso de los Diputados para advertir que su organización convocará una "huelga de alquileres" si el Ejecutivo no legisla para bajar los precios de los mismos en un 50%.

"Si ustedes no toman medidas valientes, pues sí, nos van a obligar a declarar una huelga de alquileres", afirmó Arcarazo durante su intervención en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja. Así, su comparecencia se produjo en el ámbito de las diferentes sesiones en las que, desde hace unas semanas, se les da voz a los expertos en la materia para lograr una solución al problema.

En este sentido, durante su comparecencia, la portavoz del Sindicatos de Inquilinos reclamó cuatro medidas para no convocar dicha huelga: bajar por Decreto el precios de los alquileres un 50%, convertir los contratos de arrendamiento en indefinidos, incorporar al parque de alquiler las viviendas vacías y las que tienen usos "anómalos", como el de "oficinas y el turístico", y prohibir la compra de casas si no es para vivir en ellas durante, al menos, cuatro años.

Así, mientras culpó directamente a los diputados de que el alquiler de vivienda en España sea "una pesadilla cotidiana para miles y miles de personas, así como la angustia de toda una generación de jóvenes, y no tan jóvenes", Arcarazo aseguró que cada semana se dirigen a su organización inquilinos de "bloques enteros que están desesperados y quieren ir a la huelga".

Finalmente, remarcó que en el Congreso de los Diputados hay 615 viviendas declaradas por un total de 208 diputados, acusando así a los parlamentarios de "llevar años trabajando" para "convertir el país en un paraíso fiscal para rentistas".

Vivienda, una competencia de las autonomías

Bien es cierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado intervenir para poner solución al problema de la vivienda, sobre todo con la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda el pasado 2023, cuyo objetivo era regular la ayuda a prestar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda.

No obstante, el artículo 148 de la Constitución Española establece en su apartado 1.3 que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda". De esta manera, este artículo de la Carta Magna regula todas aquellas cuestiones que las distintas autonomías pueden asumir y que, en su mayoría, asumen íntegramente, tal y como se detalla en sus correspondientes Estatutos de Autonomía.

Así, en diversas zonas "tensionadas" del territorio español, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, la legislación no se ha puesto en funcionamiento, ya que las competencias en materia de Vivienda son única y exclusivamente de los gobiernos autonómicos y no de la Administración central, por lo que es cada Ejecutivo autonómico el que decide si implementarla o no.

De esta manera, es el artículo 149 de la Constitución el que regula las competencias exclusivas del Estado central, entre las que se encuentran Defensa, Justicia o Inmigración, entre otras muchas, pero bajo ningún concepto lo relativo a la vivienda. Entonces, la Carta Magna, como ley suprema del Estado español, especifica en su artículo 148 CE que todo lo relativo a la vivienda es competencia de las comunidades autónomas, por lo que el Ejecutivo central no puede tomar cartas en el asunto, más allá de ofrecer una legislación a las autonomías para que, si así lo desean, la implementen en sus territorios.