La reducción de la jornada laboral destruiría 273.000 empleos a tiempo completo, casi todos los nuevos previstos por Moncloa para 2024

Hay pocas medidas que seguramente susciten mayor unanimidad entre casi todos los trabajadores que la de querer trabajar menos y ganar más. Eso es lo que pretenden PSOE y Sumar con su propuesta de reducción de la jornada laboral, pues trabajar menos horas pero por el mismo salario equivale a una subida del sueldo al ingresar más dinero por cada hora trabajada. El problema de la medida es que, en conjunto, no le saldría gratis al mercado laboral. De aplicarse, se llevaría por delante un buen número de empleos, más de 273.000 sólo en 2024 y 2025, según advierte el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.

El «think tank» que dirige el economista José María Rotellar y del que forman parte Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Jaime García-Legaz, Gregorio Izquierdo,

Fernando Merry del Val y Pedro Cortiñas; asegura que la iniciativa de reducir la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025 para dejarla en un futuro en 32, dejaría casi en nada el crecimiento del empleo a tiempo completo que proyecta el Gobierno para 2024.

Según explica el observatorio, la medida implica «costes adicionales a las empresas, que habrán de contratar a más trabajadores para mantener el mismo nivel de producción, sin un aumento en la productividad, para poder alcanzar el mismo nivel de producción».

Además, «eso supone un incremento del salario de los trabajadores al cobrar lo mismo con una reducción de la jornada que provocará un efecto expulsión del mercado de trabajo», advierte. El riesgo identificado por el observatorio es que muchas empresas no podrán hacerlo, porque su estructura de costes no se lo permitirá. «Eso hará que tengan que mantener su actividad con el mismo número de trabajadores y menos horas, lo que puede mermar su actividad económica y competitividad en otros mercados, ya que no sólo hemos de pensar en el entorno nacional, sino que competimos en un mundo global y, por tanto, otras empresas, procedentes de otros países, podrán penetrar en los mercados españoles de manera más intensa, ya que serán más competitivas que las empresas españolas».

Destrucción de empleo

Desde la Universidad Francisco de Vitoria recuerdan que diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, por lo que con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales, la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%. En 2024, al quedarse en 38,5 horas, el efecto en el empleo sería de una reducción del 1,1%, suficiente para destruir casi todo el empleo a tiempo completo previsto por el Gobierno en el Plan Presupuestario remitido este mes a Bruselas (1,4%). En números redondos, supondría la destrucción de 220.000 empleos. Las 53.000 restantes, hasta alcanzar los 273.000 que calcula el Observatorio, se perderían en 2025.

Eso, añade Rotellar, si se cumplen las previsiones. «El crecimiento se va a desmoronar. Nosotros, el mes pasado, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, rebajamos la estimación y aseguramos que el avance del PIB en 2024 se va a quedar en el 0,9%», explica Rotellar. «Y el resto de instituciones ya han empezado a recortar en ese sentido. Y más que lo harán todavía», advierte.

La reducción de horas de trabajo no es el único palo que esta organización cree que pone el acuerdo de PSOE y Sumar en las ruedas del empleo. En su opinión, el aumento del salario mínimo (SMI) supone también «un incremento de costes importante para las empresas, que cada vez tienen más difícil cubrirlos». Ese aumento, añade el análisis, debe ser soportado por la generación de valor añadido suficiente por los trabajadores. «Si cada vez se sube más, será más difícil que lo puedan cubrir, con lo que puede conllevar una destrucción de empleo, un incremento de la economía sumergida, con todas sus consecuencias; y una pérdida de actividad económica de las empresas que no puedan resistir este aumento de costes», sentencia.

Las empresas también tendrán que enfrentarse según la propuesta a la prórroga de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas y a la aplicación del tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el beneficio contable. Todos ellos, advierte el observatorio, pueden estimular la salida de empresas de España en busca de un mejor entorno para su actividad. Repsol, por ejemplo, ya ha puesto en cuarentena sus inversiones en España y mira de reojo a Portugal.

El observatorio alerta igualmente de que el aumento de la rigidez en las indemnizaciones por despido constituye otro obstáculo para que la economía española pueda seguir creciendo. Endurecer estos pagos por ley no acabará con los problemas de las empresas, sino que "las abocará a un cierre mayor, con un impacto más relevante en la destrucción de empleo", advierte el análisis.