Media España no tendrá topes a los precios del alquiler

La Ley de Vivienda es de cumplimiento obligatorio para todas las comunidades autónomas, recalcan desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Pero la realidad es que sus efectos serán desiguales en función de la región en la que se viva porque una de las medidas que más impacto pueden tener, la limitación de precios al alquiler en zonas tensionadas, no será aplicada en todas.

Como reconocen desde el Mitma, la declaración de estas zonas será «opcional» para las comunidades autónomas. Y las que gobierna el PP -Andalucía, Castilla y León, Murcia, Madrid y Galicia, es las que viven más de 22 millones de personas- ya han anunciado que no tienen intención de recurrir a esta figura. Una decisión que, desde el ministerio, no comprenden. «No entendemos que algunas comunidades autónomas no quieran aplicar zonas tensionadas para que las viviendas se referencien a los precios del mercado e incluir beneficios fiscales para propietarios», afirman desde el ministerio. La idea del Gobierno, insisten, es que en estas zonas los precios se ajusten a los del mercado. «Intentamos evitar que cuando alguien acabe un contrato, el propietario tenga la intención de elevar un 30% o un 40% el contrato porque eso sí que es un especulación del mercado. Se trata de tratar de referenciar los precios a los del mercado», añaden.

La declaración de estas zonas tensionadas, que sólo podrá ser solicitada por las comunidades autónomas, conlleva que los propietarios de viviendas que reduzcan los precios de los alquileres en estas áreas -que pueden comprender un municipio entero si así lo determina la autonomía que lo solicite al ministerio- puedan beneficiarse de desgravaciones fiscales que pueden alcanzar incluso el 90% en el IRPF.

De momento, lo que no está claro es cuándo se podrán empezar a declarar las primeras de estas zonas tensionadas. Desde el Mitma explican que las comunidades lo tendrán que solicitar a través de un procedimiento reglado una vez que la Ley de Vivienda sea aprobada tras su paso por el Senado. Y este trámite lleva un tiempo cuyos plazos no precisan por el momento desde el departamento.

Tampoco está claro cuándo estará disponible el índice de referencia de precios al que los grandes tenedores -aquellos que tengan al menos cinco viviendas en el área afectada- deberán vincular sus rentas. Desde el Mitma precisan que la herramienta que se desarrolló cuando José Luis Ábalos era ministro con base en los datos sobre alquileres de la Agencia Tributaria, y que ahora mismo recoge datos de 2021, serviría como base, pero que necesitan afinarla. «Hay que actualizarlo para acercarlo a los precios existentes los más rápidamente posible en coordinación con las comunidades autónomas», se limitan a afirmar desde el Gobierno, que añaden que tratarán de homologarlo a otros ya existentes en algunas comunidades autónomas como es el caso de Cataluña.

También queda pendiente el nuevo índice que sustituirá al IPC para revalorizar los alquileres con carácter general que entrará en vigor en 2025 -el año próximo el límite de subida será del 3%-. Desde el Mitma aseguran que este nuevo indicador tendrá en cuenta las particularidades de cada vivienda y no se limitará sólo a los metros cuadrados que tiene una vivienda para que, de este modo, recoja sus particularidades y sea lo más justo posible.

Respecto a los desahucios, desde el Gobierno precisan que su endurecimiento sólo afectará a grandes tenedores.