El Gobierno confirma bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% para los que alquilen a precios asequibles

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado hoy en el Congreso que la Ley de Vivienda incluye bonificaciones fiscales en la declaración del IRPF de entre el 50% y el 90% para propietarios que alquilen viviendas a precios asequibles. Así lo dijo en respuesta a la interpelación planteada por el PP para que explique las medidas que piensa adoptar para "revertir la pérdida de renta disponible y el empobrecimiento de las familias, agravado por una política fiscal confiscatoria".

En su intervención, Calviño sacó a relucir la Ley de Vivienda acordada con ERC y Bildu para limitar la subida del precio del alquiler y regularlo en zonas tensionadas. La vicepresidenta se defendió de las críticas del diputado del PP Percival Manglano sobre mala gestión económica detallando que la ley contiene bonificaciones fiscales entre el 50% y el 90% en el IRPF para propietarios que alquilen a precios asequibles, que el bono joven para el alquiler "ya está beneficiando a 70.000 jóvenes" y que del plan de 100.000 viviendas sociales "un 60% está en marcha".

Tras catorce meses atascada en su tramitación parlamentaria, la negociación de la Ley de Vivienda se desbloqueó el pasado viernes con un acuerdo político entre el PSOE, UP, ERC y Bildu. El acuerdo incluye que la subida de todos los alquileres de vivienda en la renovación anual de los contratos se limitará al 3% en 2024 y que después se aplicará un nuevo índice de referencia que, en ningún caso, superará el IPC. La ley también recoge la creación de zonas de precios tensionados, que serán declaradas por las comunidades autónomas; en las que todos los precios serán topados, aunque con mayor severidad en el caso de grandes tenedores, que serán aquellos que tengan más de cinco viviendas. Las comunidades autónomas podrán declarar un área tensionada si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30% de la renta media de los hogares o si el precio de compra o el alquiler de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.