La UE logra un acuerdo de reforma eléctrica para proteger a los consumidores del alza de precios

Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional en la reforma del mercado eléctrico que tiene como objetivo hacer los precios de la electricidad menos dependientes de los combustibles fósiles para proteger a los consumidores.

Entre las medidas se incluye dar a los estados miembros la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación de renovable cuando las condiciones lo permitan a través de los acuerdos de compra de energía (PPA) y establece los criterios para declarar una crisis relacionada con los altos precios.

Ambas instituciones han abordado la posibilidad de reducir los precios de electricidad para clientes vulnerables y desfavorecidos, implementando protección contra desconexiones e incorporando disposiciones encaminadas a evitar distorsiones "indebidas" en el mercado".

El texto, acordado entre las partes este jueves en Estrasburgo, debe ser ahora respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones. El impulso de esta reforma ha sido una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE que expira en enero de 2024.

El mayor escollo de la tramitación fue el enfrentamiento entre París y Berlín a propósito de los contratos por diferencia (CfD, por sus siglas en inglés) y su aplicación sobre las centrales nucleares en funcionamiento.

Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelva la diferencia automáticamente en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.

Francia, con un amplio parque nuclear, quería aplicar ese esquema a las centrales en uso y prácticamente amortizadas, pero Alemania temía que esto pudiera funcionar como una ayuda de Estado encubierta a la industria gala, que podría obtener electricidad más barata que la germana.

Al final se pactó un enfoque común en octubre, bajo presidencia española del Consejo de la UE, de forma que los CfD se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.

Sin embargo, esos contratos no se aplicarían de forma automática a las plantas existentes, sino que -como hasta ahora- tendrán que obtener el visto bueno de la Comisión Europea, que los analizará en virtud del régimen de ayudas de Estado, pero con criterios simplificados.

El Parlamento había asumido en su posición las líneas generales de este pacto para aplicarlas también a los contratos por diferencia y en el acuerdo final sólo añade que se puedan utilizar "medidas equivalentes" a los CFds con el mismo efecto" para apoyar a la nuclear o las renovables.

"Las normas para los CFD bidireccionales solo se aplicarán después de un período de transición de tres años después de la entrada en vigor del Reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso", precisó el Consejo.

El acuerdo también introduce una "excepción potencial y excepcional a la aplicación del límite de CO2 para los mecanismos de capacidad ya autorizados, cuando esté debidamente justificado", indicó el Consejo en relación a una disposición que reclamaba Polonia.

La reforma incluye, en paralelo, un reglamento (REMIT) para mejorar la protección contra la manipulación del mercado, acordado el pasado noviembre

"Este acuerdo es una gran noticia, ya que nos ayudará a reducir aún más la dependencia de la UE del gas ruso e impulsar la energía libre de combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Asimismo, ha indicado que, gracias al acuerdo, se podrán estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial.

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares, por su parte, ha celebrado el acuerdo "tras diez horas" de negociaciones, destacando que ahora "Europa cuenta con un diseño de mercado eléctrico socialmente justo que protegerá mejor a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, con medidas que garantizarán precios asequibles para los ciudadanos y las empresas, y acelerarán la transición energética".