Los inversores señalan a Sánchez como una amenaza para la transición energética

Al Gobierno de Pedro Sánchez se le acumulan las advertencias internacionales en materia energética desde todos los flancos. Tanto las patronales renovables, nacionales y europeas, como la Comisión Europea o las propias energéticas, públicamente o en corrillos más informales, consideran que el proceso que afronta España está cuajado de amenazas, la mayoría provenientes de la estrategia del Ejecutivo, muy activo en el frente recaudador y poco en lo referente a garantizarse las inversiones necesarias para el despliegue verde que debe afrontar a 2030 y las décadas posteriores, hasta mediados de siglo.

La Agencia que coordina la labor de los reguladores nacionales del sector de la energía (ACER) ha advertido en numerosas ocasiones del riesgo de apagones como consecuencia de las políticas intervencionistas del Ejecutivo como «la protección de todos los consumidores de los picos de precios» que «desincentiva el consumo responsable de energía, facilitando una demanda fija y poniendo en peligro la seguridad de suministro». Además, los reguladores señalan los «altos costes» de no haber orientado correctamente las medidas y de que será necesario en el futuro recuperar esos sobrecostes.

La amenaza de las energéticas de frenar o incluso trasladar sus inversiones ante la presión fiscal del Gobierno –en particular el «impuestazo» sobre los beneficios de las compañías– y el tirón de orejas de Bruselas, que no considera justificado aplicarlo hoy, ha llevado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a Pedro Sánchez a recular y anunciar una reformulación del mismo.

No está claro cómo quedará el mismo, previsiblemente a la baja dado que los precios de la energía se han moderado y no se esperan grandes tensiones en el horizonte, aunque en ningún caso se ha hablado de eliminar el impuesto, según aclaró recientemente la vicepresidenta tercera.

La electrificación de la economía es de tal magnitud que puede reventar el sistema. Desde la electrificación de procesos industriales basados en combustibles fósiles, la sustitución de calderas de gas por bombas de calor eléctricas, el desarrollo de la red de recarga del transporte, fábricas de baterías y de paneles solares, electrolizadores para producción de hidrógeno verde, electrificación de puertos, integración de centros de datos...

fenómeno imparable es aún más significativo en el caso de los consumidores industriales, que quieren electrificarse debido a la ventaja competitiva derivada de la alta disponibilidad de recursos renovables (sol, viento y terreno) en España frente al resto de países de la UE.

En este sentido, los mercados a futuro reflejan precios de la electricidad a largo plazo notablemente más bajos en España que en el resto de los países europeos, «factor clave a la hora de realizar las previsiones económicas y de rentabilidad de las nuevas inversiones», señala PwC en un reciente informe sobre sobre la importancia estratégica de las redes, que necesitan expandirse para dar cabida al meteórico despliegue renovable, pero no cuentan con los incentivos necesarios para captar la inversión necesaria. Sin embargo, el marco retributivo español desincentiva la inversión en redes.

La media de inversión entre 2015 y 2018 fue de 1.482 millones de euros. Según los límites que marca la legislación, las inversiones medias entre 2023 y 2030 serían de 2.750 millones de euros. La cifra asciende a 5.631 millones en el PNIEC 2023-2030, el doble de lo que marca la regulación. Pero, además, las inversiones que proyecta este plan suponen 0,45 euros para redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, cuando la AIE cree que hay que invertir el doble en redes (0,70 euros), un 35% más. Por eso, se plantea poder adelantar inversiones y eliminar el límite actual del 0,13% del PIB a la red distribución y del 0,075% del PIB a la red de transporte.

A esto se suman los episodios de producción de electricidad a coste cero, sobre los que han advertido los generadores renovables al Gobierno para que no se produzcan vertidos por no poderse utilizar toda la energía producida y el apagón nuclear que mantienen el el tándem Sánchez-Ribera.

Todo ello está provocando las señales de alarma entre los inversores. De hecho, algunos de ellos señalan ya directamente a Sánchez como el principal riesgo político para la energía. De hecho el banco de inversión Citi indica en su informe sobre el sector para 2024 que en el caso de España a una «tasa impositiva mínima del 15%» se suma que «Sánchez lidera el Gobierno» y, por tanto, existe el riesgo de que aplique «nuevas medidas fiscales que extiendan el impacto financiero del sector» aunque señala que el Ejecutivo «ha suavizado últimamente el enfoque» .