Los reguladores europeos avisan del riesgo de apagones

La Agencia que coordina la labor de los reguladores nacionales del sector de la energía (ACER) afirma que las subvenciones utilizadas por los gobiernos para proteger a los consumidores de electricidad de las elevadas subidas de los precios mayoristas de la energía el año pasado podrían desencadenar una «ineficiencia energética general» y distorsionar el mercado si estas se prolongan y no se discriminan hacia los sectores con menor renta.

Los reguladores europeos también advierten de que amortiguar los precios subvencionando las facturas podría afectar a la seguridad del suministro energético debido a «un mayor uso de recursos». «Las medidas de asequibilidad no selectivas generaron costes elevados que habría que recuperar en el futuro».

La Agencia, que contribuye a garantizar el buen funcionamiento del mercado único europeo del gas y la electricidad, y ayuda a las autoridades nacionales a ejercer sus funciones de reglamentación y coordina sus labores, considera que, aunque las medidas de emergencia lograron los objetivos previstos (reducir precios), contradicen los objetivos europeos a largo plazo, como son la transición energética y la integración del mercado.

«Un equilibrio adecuado entre la eficiencia a corto plazo y la estabilidad a largo plazo de las inversiones, por el bien de los consumidores, seguirá siendo importante para las futuras crisis energéticas. Ese equilibrio puede lograrse mejorando las estrategias de cobertura y el funcionamiento de los mercados de electricidad a largo plazo», apunta.

Además, ACER subraya que «las medidas ex post (impuestos sobre los beneficios extraordinarios) pueden considerarse neutrales a corto plazo, pero la incertidumbre que conllevan podría provocar a largo plazo una ralentización de las inversiones y, por tanto, afectar negativamente a la eficiencia global y a la disponibilidad de la respuesta de la demanda».

Las medidas para apoyar a los consumidores, tanto directamente como a través de la intervención de los mercados, deberían tener un carácter temporal, dirigido a erradicar los efectos distorsionadores en el largo plazo y el impacto presupuestario.

A lo largo de 2022, los gobiernos intervinieron utilizando estrategias costosas, inyectando fondos presupuestarios y garantizando exenciones fiscales para generar un escudo para los consumidores frente a los elevados precios de la energía. Las ayudas generalizadas provocaron que se beneficiara a todos los hogares independientemente de la renta, a pesar del hecho de que los altos precios de la electricidad inciden desproporcionadamente en los hogares con menores rentas.

Para prevenir impactos presupuestarios y efectos colaterales, las medidas de emergencia deben de ser temporales, hasta donde sean necesarias y nunca más allá, subrayan los reguladores.

El informe remarca que algunas de las medidas «chocan unas con otras». En este sentido, «la protección de todos los consumidores de los picos de precios desincentiva el consumo responsable de energía, facilitando una demanda fija y poniendo en peligro la seguridad de suministro». Además, los reguladores advierten de los «altos costes» de no haber orientado correctamente las medidas y de que será necesario en el futuro recuperar esos sobrecostes.

En las conclusiones, el análisis revela que, en cuanto al mercado mayorista, «el impuesto a las ganancias extraordinarias es el que menor impacto tiene (todavía lo tiene en la transición energética y en la señal de precios). En las intervenciones del mercado minorista, las medidas dirigidas, por ejemplo, a los consumidores vulnerables, tienen menos distorsiones y son menos costosas».

La advertencia coincide con la aprobación del Parlamento Europeo de su posición de cara a la negociación final de la reforma del mercado de la electricidad. A mediados de julio, la comisión parlamentaria de Industria sacaba adelante el texto pactado por los cuatro grupos políticos más grandes del Parlamento Europeo a partir del borrador elaborado por el negociador jefe para el expediente en la Eurocámara, el español Nicolás González Casares (PSOE), procedente del socialismo gallego y uno de los fieles de Sánchez desde que se hizo con las riendas del partido.

La reforma pretende adaptar el mercado de la electricidad a la era de las renovables con contratos estables y a largo plazo de precios asequibles que garanticen la seguridad de suministro e incentiven las inversiones. Todo apunta a que la reforma tendrá un carácter transitorio, lejos de los planteamientos intervencionistas que han motivado en los últimos meses las críticas de buena parte de los países miembros, las patronales como Eurelectric, SolarPower Europe, WindEurope o BusinessEurope.