¿Riesgo de apagón?: las redes eléctricas, el embudo que ahoga a las renovables

Imaginen que todos los vehículos de España fueran eléctricos. Y ahora que apenas hubiera un puñado de puntos de recarga dispersos por unas carreteras llenas de baches y agujeros. En una situación análoga se encontraría el sistema eléctrico español por culpa de un entramado de redes que no puede absorber la capacidad de generación que se pretende introducir en virtud del Plan Nacional de Energía y Clima 2023-2030 y de las previsiones a 2050.

La propia Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su informe «Electricity Grids and Secure Energy Transitions» alerta del riesgo de que no se pueda llevar a cabo la descarbonización de la economía y, por tanto, la transición energética, si no se mejoran y expanden las redes eléctricas europeas.

La AIE Estima que es necesario duplicar la inversión en redes eléctricas de aquí a 2040 para poder cumplir con los objetivos climáticos y así garantizar la seguridad de suministro, uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el proceso de electrificación verde que ha emprendido Europa.

Un reciente informe de PWC sobre la importancia estratégica de las redes remarca que sin el desarrollo de las redes eléctricas «no va a ser posible la penetración de energías renovables, permitir el desarrollo del vehículo eléctrico y del almacenamiento o facilitar la conexión de la industria que quiera descarbonizarse, o aquella industria que quiera situarse en España debido a los precios competitivos de la electricidad, derivados de la alta disponibilidad de renovables».

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson ha expresado la urgencia de facilitar marcos para el desarrollo de las redes, cuyos permisos para reforzar la red pueden llevar hasta diez años, porque «no es posible un futuro verde para Europa sin una red eléctrica mejorada» por lo que estas deben dejar de ser una barrera para las renovables y para la electrificación y convertirse en un poderoso potenciador hacia el futuro sostenible.

También asociaciones de renovables europeas, como la patronal eólica WindEurope, crítica la inversión en redes eléctricas y manifiesta que no tiene sentido hacer más inversiones en renovables si éstas no van a llegar a los consumidores.

Freno a las inversiones

La amenaza de las energéticas de frenar o incluso trasladar sus inversiones ante la presión fiscal del Gobierno –en particular el «impuestazo» sobre los beneficios de las compañías– y el tirón de orejas de Bruselas, que no considera justificado aplicarlo hoy, ha llevado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a Pedro Sánchez a recular y anunciar una reformulación del mismo.

Hace unos días, el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Santiago Gómez, urgía al Gobierno a tomar medidas para evitar que la producción de electricidad pueda tener coste cero y para que no se produzcan vertidos por no poderse utilizar toda la energía producida. Gómez también hablaba de paralizar las inversiones renovables.

En la inauguración del VII Congreso Nacional de Energías Renovables de APPA señalaba que «los episodios de precio cero y los vertidos se agravarán si no se pone freno en el incremento de la potencia renovable». Además, alertaba de una contracción en la demanda en niveles de hace 20 años: «Los objetivos marcados y la situación económica y política hacen que debamos ser cautos». «No podemos desaprovechar la energía generada con fuentes renovables mientras sangramos al país con importaciones de hidrocarburos de 90.000 millones de euros anuales», concluyó Gómez.

Y es que el proceso de electrificación es de tal magnitud que puede reventar el sistema. Desde la electrificación de procesos industriales basados en combustibles fósiles, la sustitución de calderas de gas por bombas de calor eléctricas, el desarrollo de la red de recarga del transporte, fábricas de baterías y de paneles solares, electrolizadores para producción de hidrógeno verde, electrificación de puertos, integración de centros de datos...

Toda la economía demandará más energía renovable por lo que serán necesarios nuevos puntos de conexión, tanto de producción como de consumo, capaces de gestionar flujos de electricidad bidireccionales y adaptándose a las nuevas necesidades de todos los consumidores. El caso de la Comunidad de Madrid es claro. Allí se instalará el «hub» de datos del sur de Europa, lo que puede duplicar la demanda eléctrica de esta comunidad autónoma en muy pocos años. De hecho, como señala el informe de PWC, Madrid tiene mayor proyección de demanda que Fráncfort, Londres, Ámsterdam y París.

Ventaja competitiva

Este fenómeno imparable es aún más significativo en el caso de los consumidores industriales, que quieren electrificarse debido a la ventaja competitiva derivada de la alta disponibilidad de recursos renovables (sol, viento y terreno) en España frente al resto de países de la UE. En este sentido, los mercados a futuro reflejan precios de la electricidad a largo plazo notablemente más bajos en España que en el resto de los países europeos, «factor clave a la hora de realizar las previsiones económicas y de rentabilidad de las nuevas inversiones», señala PWC.

Por poner un ejemplo, si se descarbonizara entre el 50%-60% del calor industrial, el incremento de la demanda eléctrica sería de 200 TWh adicionales, lo que supondría un 80% más que la demanda eléctrica actual. Pero si no se expanden las redes, no se puede dar cabida a más renovables pese a que, a escala global, hay más de 3.000 GW de proyectos de energía renovable a la espera de redes eléctricas.

El propio borrador del PNIEC 2023-2030 ya prevé inversiones acumuladas en redes por valor de 53.000 millones de euros, aunque probablemente las necesidades sean mayores, ya que el PNIEC no refleja suficientemente el incremento de electrificación necesario, según el informe de PWC.

Sin embargo, el marco retributivo español desincentiva la inversión en redes. La media de inversión entre 2015 y 2018 fue de 1.482 millones de euros. Según los límites que marca la legislación, las inversiones medias entre 2023 y 2030 serían de 2.750 millones de euros. La cifra asciende a 5.631 millones en el PNIEC 2023-2030, el doble de lo que marca la regulación.

Pero, además, las inversiones que proyecta este plan suponen 0,45 euros para redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, cuando la AIE cree que hay que invertir el doble en redes (0,70 euros), un 35% más. Por eso, se plantea poder adelantar inversiones y eliminar el límite actual del 0,13% del PIB a la red distribución y del 0,075% del PIB a la red de transporte.

El impacto de la inflación

Los inversores se quejan de que los valores unitarios (inversión, operaciones y mantenimiento, otras tareas reguladas) han perdido un 28% de valor en términos reales a causa de la inflación, lo que ha supuesto que las redes hayan dejado de percibir alrededor de 1.658 millones de euros de retribución. Los valores unitarios de inversión se fijaron en 2015 y no se prevé que sean actualizados hasta al menos 2026. Todo esto se traduce en una pérdida creciente del apetito inversor en redes eléctricas y una más que posible marcha de esas inversiones hacia otros mercados o sectores.

Para revertir este cuello de botella, el sector demanda que el regulador reconozca «ex-ante» todos los costes e inversiones reguladas que las empresas distribuidoras están declarando en sus auditorías. También que se establezca un «marco retributivo más simple, estable y predecible» y regulación orientada a incentivos de transición energética, digitalización de las redes y prestación de servicios al consumidor. Por no hablar de una mayor planificación que evite el colapso renovable que ya se deja notar.