El Gobierno retrasa los indicadores de pobreza energética ante el fiasco de su plan

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética toca a su fin. El Gobierno la aprobó el 5 de abril de 2019 para sentar las bases que permitieran realizar un diagnóstico, analizar su evolución y establecer las medidas necesarias para reducir el número de hogares que pasan frío en invierno y calor en verano. El plan nació con un horizonte temporal de 5 años que finaliza este 2024 con resultados más pobres de los esperados.

Quizá por ello, el órgano encargado de la ejecución, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), entidad pública adscrita a la Secretaría de Estado de Energía, aún no ha facilitado los datos no ya la evolución final del conjunto de la estrategia sino de los correspondientes a 2022, algo que debería haber hecho el pasado mes de octubre, según denuncia el Grupo Popular en la Proposición No de Ley presentada esta semana en el Congreso de los Diputados para reformular dicha estrategia.

Los últimos datos de actualización de indicadores fueron publicados en diciembre de 2022 y analizan la evolución en 2021 de la pobreza energética en España respecto de años anteriores a través de los cuatro indicadores propuestos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética.

Los informes independientes más actualizados revelan que la estrategia ha fracasado desde los cimientos. El más reciente asegura que casi un 21% de la población de España, unos 10 millones de personas, afirma que no tiene recursos para mantener unas condiciones de confort térmico en invierno adecuadas dentro de su hogar en 2023 pese a la caída de los precios de la energía. Y es que los indicadores de pobreza energética en España de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, presentado el pasado octubre, subraya que este dato sigue empeorando año tras año, acentuado por la creciente inflación que atenaza la capacidad de consumo de los hogares españoles. En 2021, el 14,3% de los hogares no podía permitirse calentar su vivienda de forma adecuada, una cifra que se disparó al 17,1% en 2022 y que el pasado año alcanzó al 20,7%.

Se trata de 1,7 millones de personas más respecto a 2022 y 3 millones comparado con 2021 a pesar, también, del aumento de los ingresos medios. Los investigadores apuntan a que este incremento puede estar vinculado, entre otros factores, a la tendencia creciente en muchas familias a restringir la calefacción por miedo a la factura.

Asimismo, el 17% de los hogares españoles (más de 3,3 millones de hogares, unos 8 millones de personas) gastaron más del doble de la mediana nacional en energía en 2023, lo que los situó en pobreza energética. Se trata del valor más alto de la serie histórica que maneja el informe.

Respecto a la capacidad de pago de las facturas, casi uno de cada diez españoles reconoce haber tenido retrasos en el pago de sus facturas energéticas en 2023 pese a las ayudas introducidas como la reducción del IVA, el bono social eléctrico y térmico o la denominada "excepción ibérica".

Otros estudios llaman la atención sobre la evolución del problema. El último Informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), que agrupa a ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que forma parte de la Red Europea, alerta de que la pobreza energética en España ha aumentado un 138% desde 2008, afectando en 2022 (último dato disponible) al 17,1 % de la población, que no consiguió mantener su vivienda a una temperatura a adecuada.

El mismo informe revela que el número de hogares que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno se ha triplicado en los últimos cuatro años (aunque en 2014 la tendencia era a la baja, desde 2021 no ha parado de subir hasta llegar a 20,7 puntos).

En relación con la temperatura adecuada en verano, la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que, el 34% de las familias españolas no pueden afrontar el calor debido a la falta de recursos, siendo las familias monoparentales y otros hogares con menores, los más afectados.

Save the Children cifra en 2.664.000 el número de menores que viven en hogares que no pueden climatizarse adecuadamente en los meses de calor. Lo que equivale a 1 de cada 3 menores.

En cualquier caso, la proporción de hogares en España afectados por la pobreza energética está por encima de la media europea.

Fracaso de los bonos sociales

Con estos datos, las políticas puestas en marcha por el Gobierno parecen haber tenido un impacto desigual con altas tasas de inaccesibilidad de los bonos sociales eléctricos y térmicos.

El informe «A quién llegan los bonos energéticos» de Esade, publicado en plena polémica por el cobro del bono térmico por parte de Mónica García, líder de Más Madrid y actual ministra de Sandidad, y de Enrique Osorio, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y actual presidente de la Asamblea, denunció que los bonos energéticos están mal diseñados porque, con datos de 2021, se beneficiaban más de ellos los hogares que más tienen.

En conjunto, sólo un 8,3% de los hogares reciben algún bono social energético -el porcentaje apenas llega al 1,5% en el caso de los que también reciben el térmico-. Entre los hogares con rentas más bajas, únicamente un 17% en el caso del 10% de los hogares que menos gana y un 18% en el del siguiente 10% que menos ingresos reciben tiene acceso a algún tipo de bono social. Por el contrario, entre el 2% de los hogares que más gana, uno de cada 25 se beneficia de alguna ayuda.

El PP propone un único bono social

Ante esta situación, que "sugiere que las familias con mayor disponibilidad de tiempo e información cuentan con una mayor probabilidad de conseguir estos bonos" el PP propone la revisión exhaustiva de los criterios para la percepción de las ayudas energéticas, con el fin de "garantizar que aquellas familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes puedan acceder a ellas".

Asimismo se demanda la "simplificación de los trámites (...) especialmente el bono social eléctrico", y la efectiva "integración de los bonos energéticos en un mecanismo único, como una tarifa social energética" para consolidar todos los instrumentos destinados a luchar contra la pobreza

La propuesta parlamentaria demanda un seguimiento de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la adecuación climática y rehabilitación energética de viviendas y edificios.