Sin haber cerrado aún un acuerdo de Gobierno con Pedro Sánchez y con la investidura en manos de independentistas catalanes y nacionalistas vascos, Yolanda Díaz tiene ya en mente el nuevo impulso que pretende dar en el nuevo curso al Estatuto de los Trabajadores, lo que sería poner en marcha una segunda parte de la reforma laboral que aprobó en la anterior legislatura con los sindicatos y al margen de las patronales empresariales CEOE y Cepyme.

Díaz tuvo que sacar adelante «su» reforma laboral recortada por las circunstancias que marcaban la pandemia, la oposición empresarial y las dudas en el propio Gobierno entre los dos socios, ya que la parte socialista, personificada en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no quería cambios radicales.

Ahora, si Sánchez logra conformar un Gobierno, pondrá a sus dos pesos pesados, Montero y Calviño –esta última todavía pendiente de si logra su objetivo de presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI)–, para contrapesar la balanza, como ya hicieron en el primer capítulo de la reforma laboral, para que no se llevara a cabo una derogación completa de la anterior, tras lograr dejarla finalmente en una «modernización del mercado laboral». Tanto a Calviño como a Montero les inquieta que los nuevos cambios que proyecta la ministra de Trabajo en funciones afecten a las cifras de empleo, que ya han empezado a dar síntomas de estancamiento tras dos meses de crecimiento de la tasa de paro, en consonancia con el enfriamiento de la economía, que apenas creció tres décimas en el último trimestre. «Todo lo que sea mejorar el mercado laboral será bienvenido, pero cualquier nuevo cambio debe contar con el apoyo de todas las partes, incluida la patronal, y que lo que se apruebe no interfiera en el crecimiento económico ni en los objetivos marcados por el Gobierno en empleo y contratación», explicaron fuentes gubernamentales.

Pero Díaz tiene un plan marcado y plantea una nueva renovación del marco legislativo laboral para «dar el impulso definitivo a lo que se inició en la anterior legislatura, y que se quedó a medias por culpa de la pandemia», que obligó al equipo de la ministra a ser «menos ambicioso», reconocen fuentes cercanas a la ministra, que defienden que hay que actuar «con inteligencia» y no adoptar medidas que sean «contracíclicas». Su intención es alcanzar una «renovar el marco legislativo del trabajo para acomodarlo definitivamente al siglo XXI».

SMI y jornada laboral

Son varios los puntos que van a centrar esta contrarreforma si Díaz consigue perpetuarse cuatro años más al frente de su Ministerio. Algunos los ha adelantado ya ella misma a cuentagotas, como la modificación del despido –que pretende encarecer y endurecer, aunque sea uno de los más altos de Europa–; poner coto a las horas extra sin renumerar; una nueva bonificación para los contratos de sustitución por embarazo; o seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio en todas las autonomías por ley «para converger con los europeos».

También quiere dar un nuevo impulso a la reducción de la jornada laboral, para situarla en el límite de las 35 horas –con la posibilidad de bajar a las 32 horas en algunos casos-, para «acabar con la jornada laboral centenaria de las ocho horas. No puede ser que tengamos la misma jornada que hace un siglo», indican las mismas fuentes. Una derivada de este objetivo es regular que se ofrezca la posibilidad de reducir jornada pero manteniendo el mismo sueldo, tras ligarlo a otros baremos como la productividad y, consecuentemente, «abordar una subida salarial por hora trabajada».

Estatuto del Becario

La propia Díaz ha reconocido que durante la próxima legislatura «tendrá que ver la luz» el Estatuto del Becario, pese a que fue pactado sólo con sindicatos al margen de los empresarios. No salió adelante porque se cruzó el adelanto electoral, por algunas diferencias en el seno de la coalición y porque las universidades y el sector educativo exigieron una moratoria para poder adaptarse a un cambio que hubiera impedido la finalización de sus estudios a miles de estudiantes.

Otro de los puntos que se introducirá será facilitar la participación de los trabajadores en las empresas, tanto en la toma de decisiones como en el capital de las sociedades. Lo que buscará es una «mayor democracia fiscal y en el ámbito del trabajo».

En cuanto a la modificación del despido, Díaz quiere avanzar hacia un «despido restaurativo y disuasorio», aunque las fuentes consultadas aseguran que esta medida «estaría alejada de la formulación clásica de la vuelta a la indemnización por despido de 45 días». Desde el Ministerio ya se trabaja en una propuesta impulsada desde los sindicatos, en línea con que se establezca una cuantía mínima de indemnización más allá de la antigüedad del trabajador, sobre todo en el caso de empleados con poca antigüedad, lo que auspiciaría el efecto disuasorio que pretende Díaz.

Asimismo, quiere hacer una revisión del derecho a la huelga, una petición que arrastran los sindicatos desde hace décadas. Hace ya varios meses que un grupo de expertos laboralistas y legalistas está avanzando en preparar una «revisión integral, con el objetivo de identificar posibles debilidades y acercar este derecho a la situación actual porque la norma es preconstitucional». Especial interés tiene Díaz en desarrollar un nuevo marco legal en su derecho a la huelga para los autónomos, para «acabar con el vacío jurídico que existe con los conocidos paros patronales». Esto supondría un acercamiento a la equiparación en los derechos que ya disfrutan millones de trabajadores por cuenta ajena. Se trataría de una modificación que «otorgaría seguridad jurídica a aquellos trabajadores por cuenta propia que ejerzan un derecho recogido en la Constitución y del que hasta ahora han sido excluidos», destacan las mismas fuentes.

Mejoras para autónomos

Junto al Ministerio de Seguridad Social y en colaboración con las asociaciones de autónomos –ATA, UPTA y Uatae– se pretende elevar la protección de la figura del autónomo a través de mejoras en sus prestaciones, subsidios y condiciones de trabajo, con la intención de equipararlos con los que ya gozan los trabajadores por cuenta ajena. De estas tesis nace la estrategia que, en el marco de «medidas de mejora de la normativa reguladora de trabajo autónomo», aprobará el derecho a «paro profesional reivindicativo».

El objetivo final es desarrollar «un nuevo Estatuto de los Trabajadores que complete lo avanzado en la reforma laboral y modernice la legislación laboral con las necesidades del siglo XXI», concluyen las fuentes consultadas.