Los países europeos se han pronunciado este viernes a favor de imponer tarifas arancelarias a los coches eléctricos importados desde China durante los próximos cinco años. La Comisión Europea decidió en el mes de julio un gravamen suplementario de hasta el 38,1% (ahora rebajado al 35,3%) que se suma al 10% habitual, al entender que el gigante asiático está inundando de coches eléctricos el mercado europeo y practicando competencia desleal. Esto supone que las importaciones de vehículos chinos se han encarecido casi un 50%.

Para que estas tarifas suplementarias se convirtieran en permanentes era necesaria la luz verde de los países europeos. Aunque finalmente no ha sido posible aglutinar a 15 países que se pronuncien en contra de esta medida, las diferencias entre las capitales son más que evidentes. Mientras Francia ha llevado la voz cantante en la postura dura contra China, Alemania se ha decantado finalmente por votar en contra, ya que el gigante asiático representa alrededor del 30% de las ventas por parte de los fabricantes alemanes y las represalias por parte de China pueden dañar fuertemente a su industria automovilística.

Aunque en un principio España se mostró a favor de estas tarifas, las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que pidió evitar una guerra comercial con China durante su viaje al país, fueron interpretadas como un cambio de posición por parte de España que ha acabado absteniéndose en la votación de este viernes.

El sector porcino español podría perder 500 millones de euros anuales, en caso de que China suba sus tarifas arancelarias como respuesta a la decisión de la Comisión Europea. Actualmente España es el socio europeo que exportar más cerdo a China (el 80% se concentra en Cataluña y Aragón) y el sector cárnico sustenta aproximadamente 115.000 empleos en España.

En 2023, China fue el cuarto socio comercial de España y el segundo proveedor de bienes. Aparte del sector cárnico, las empresas españolas que cuentan con más presencia en el gigante asiático son las relacionadas con la energía, los servicios financieros, la consultoría, el textil, la automoción, la electrónica, el turismo, los servicios legales o las telecomunicaciones.

A pesar de que la medida adoptada este viernes supone un triunfo de las tesis de la Comisión Europea a favor de una política más agresiva contra China, lo cierto es que las negociaciones entre el Ejecutivo comunitario y el gigante asiático continúan. El objetivo sigue siendo evitar una guerra comercial de consecuencias imprevisibles para las dos partes. Los países europeos tenían hasta finales de este mes para tomar una decisión, pero se ha decidido no esperar hasta el final para poder seguir negociando con Pekín desde una posición de fuerza. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovksis, es partidario de seguir manteniendo los cauces de diálogo y la semana pasada se reunió con su homólogo chino Wang Wentao en una cita en la no se produjeron demasiados avances.

A pesar de esto, las divisiones son palpables y también los cambios de bando. Los países europeos ya mantuvieron una primera votación de carácter no vinculante en la imposición de medidas transitorias. En ese momento, Alemania se inclinó por la abstención, pero la presiones de los verdes, sus socios de coalición del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, han acabado decantando la balanza hacía el “no”.

En el caso de España, Sánchez mostró su cambio de postura durante un viaje al gigante asiático. En un movimiento de última hora, el Gobierno español a través del Ministerio de Economía incluso envió una misiva a la Comisión Europea, desvelada por la agencia Reuters, en la que se advierte de que “para nuestra industria nacional hay mucho en juego”.

La política comercial es una de las pocas áreas cuya competencia recae de manera casi exclusiva en el Ejecutivo comunitario. Por eso, para impedir la decisión de la Comisión Europea se necesita una mayoría de un 55% de los países que representen el 65% de la población. Finalmente, tan solo cinco países han votado en contra de los aranceles- entre los que se encuentra Alemania y Hungría- mientras que en el bando de la línea dura contra Pekín se han situado Italia, Francia y Países Bajos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho de este tema uno de los principales ejes de su política si bien la Unión Europea no quiere ir tan lejos como Estados Unidos que el pasado mes de septiembre anunció la imposición de un arancel del 100% a los autos fabricados en China desde el pasado 27 de septiembre.

Bruselas defiende que estas medidas respetan escrupulosamente la legislación internacional sobre comercio. En el encuentro con su homólogo chino, Dombrovskis defendió que los servicios comunitarios han llevado a cabo una investigación sustentada “estrictamente en hechos y pruebas” con el objetivo de garantizar la “competencia justa”. Además, Bruselas quiere que Pekín cierre las “investigaciones injustificadas” contra algunos productos europeos como el porcino, los lácteos y el brandy.

El pasado 23 de septiembre, el Ejecutivo comunitario decidió denunciar a China ante la Organización Mundial el Comercio (OMC) tras el anuncio de esta investigación contra las importaciones europeas de productos lácteos. Se trata de la primera vez que la Comisión Europea da este paso en una fase inicial del proceso, ya que de momento China tan solo ha iniciado una investigación. Bruselas teme que, con esta artimaña, Pekín siembre la discordia ente las capitales europeas ya que los intereses comerciales de cada país difieren.

Ahora corresponde a cada autoridad nacional proceder al cobro de estos aranceles para que este dinero vaya a parar a la caja común del presupuesto comunitario. Fuentes diplomáticas no quieren establecer ningún cálculo sobre qué cantidades pueden recaudarse ya que todo dependerá del ritmo de las importaciones. La implantación del coche eléctrico es una máxima prioridad del club comunitario que ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus principales señas de identidad. A partir del año 2035, estará prohibido en los Veintisiete la venta de coches de primera mano de motores de combustión, si bien cada vez más voces piden activar una cláusula de revisión para posponer esta fecha.