CEOE presenta alegaciones contra la reducción de jornada por considerarla “inconstitucional” y acusa a Díaz de invadir competencias del diálogo social

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sigue levantando ampollas entre el Gobierno y los empresarios. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que la medida se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el 4 de febrero, para que "sea una realidad lo antes posible". En la tarde de este lunes, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos analizará su implementación y decidirá si la medida se tramita de forma urgente, como exige el Ministerio Trabajo, u ordinaria, como quiere Economía. A continuación, pasará al Consejo de Ministros y el último escollo que deberá superar será su aprobación en el Congreso, para lo que el Ejecutivo necesita una mayoría parlamentaria que se ha desmoronado en la última semana tras el rechazo al decreto ómnibus. Pero el Gobierno tiene otro frente abierto: el rechazo de los empresarios a un recorte de jornada por ley, que denuncian inconstitucional.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha registrado en la Dirección General de Trabajo un documento de alegaciones en el que apelan a la "inconstitucionalidad" del recorte de jornada y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha acusado a Trabajo de invadir "competencias del propio diálogo social" saltándose el acuerdo marco de negociación colectiva sellado por patronal y sindicatos. En este sentido, tras un desayuno informativo de Europa Press, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha insistido en que el conflicto con Trabajo no reside en que la CEOE no quiera reducir la jornada, sino que quiere hacerlo dentro de la negociación colectiva.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por su parte, ha asegurado que es "un disparate jurídico" que la CEOEhaya defendido en un documento presentado ante la Dirección General de Trabajo que la reducción de la jornada es inconstitucional. También en los desayunos informativos de Europa Press, Díaz ha subrayado que reducir la jornada laboral es "completamente constitucional" y ha pedido a una patronal "desdibujada" dejar las "estrategias políticas" y volver al "lugar correcto". La titular de Trabajo no ha querido dar plazos para la aprobación del proyecto de ley definitivamente porque se puede "equivocar" ante la negociación política con los partidos. Así, reconoce que incluso por la vía del trámite de urgencia "el lapso temporal es muy largo".

En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este lunes que el argumento de la CEOE de que la rebaja de la jornada es inconstitucional "no tiene recorrido jurídico". Mientras, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado "pueden achacarse muchas cosas en relación con la reducción de la jornada a 37 horas y media, pero que no sea constitucional, me parece que no".

Garamendi ha respondido a Díaz defendiendo que "la CEOE no tiene estrategia política, la que tiene estrategia política es la ministra". "Nosotros no funcionamos porque la política nos diga que sí o que no, sino que pensamos lo que es bueno o malo para España. Bueno o malo para las empresas", ha zanjado el presidente de la patronal CEOE en declaraciones tras intervenir en la presentación de la VIII edición CEPYME500. Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha pedido en el mismo acto a Díaz que "recapacite" sobre una medida que pone en "jaque" a la mediana y pequeña empresa. "No valen decisiones cortoplacistas que busquen el rédito político", ha añadido Cuerva, que ha emplazado a abordar la reducción de jornada en el marco de la negociación colectiva.

La pugna entre Trabajo y patronal se extiende también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (IMV). Díaz espera cerrar su alza este miércoles en una nueva reunión con sindicatos y empresarios, pero también ha afeado este lunes la postura de la CEOE. En concreto, la patronal ha planteado un incremento del 3%, hasta los 1.168 euros, desde los 1.134 euros de 2024, por debajo de la propuesta del Gobierno, que quiere elevar el SMI un 4,4%, hasta 1.184 euros. CC OO y UGT se desmarcan tanto del Ejecutivo como de los empresarios reclamando una subida superior al 5,8%, hasta situar el SMI en 1.200 euros mensuales. "Si no hay acuerdo, no es porque la patronal no quiera subir el salario", ha defendido Lorenzo Amor.