Para el Gobierno, no hay vuelta atrás: las centrales nucleares tienen fecha de defunción. No quiere dar marcha atrás en su decisión, aunque la transición total del sistema hacia las energías renovables no se haya completado y el resto de fuentes energéticas sigan siendo imprescindibles, incluidos los combustibles fósiles. El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que incluye el cierre paulatino de la totalidad de las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 y un nuevo y polémico plan de almacenamiento de residuos radioactivos, que ha disparado los costes y sólo ha resuelto el problema de manera temporal.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no quiere retrasos ni una vuelta atrás en el plan y se mantiene firme en su intención de no alargar «innecesariamente» la vida útil de estas centrales, salvo que las circunstancias y una posible caída de la producción la obliguen a replantearse fechas y nuevos permisos.

Pero, ahora mismo, el cierre marcado en el camino para las centrales nucleares españolas mantiene un horizonte temporal de 12 años. Ese fue el periodo de transición firmado en el protocolo entre Enresa y las compañías eléctricas propietarias de las instalaciones en marzo de 2019. Y, tras Garoña, este desmantelamiento comenzará con la cacereña Almaraz, con el cierre de la Unidad I, que cesará su actividad el 1 de noviembre de 2027, y con el mantenimiento de la Unidad II hasta el 31 de octubre de 2028, fecha límite de la autorización de explotación que se renovó en 2020. Por tanto, la esperanza de vida de Almaraz es de apenas cuatro años, pese a que está catalogada como una de las más eficientes y seguras del mundo, con una calificación de nivel 1, la máxima posible.

En todo caso, el director de la central de Almaraz, Rafael Campos, aseguró a LA RAZÓN –que ha realizado una visita a la instalación en un viaje con periodistas– que la central podría continuar operando «sin ningún problema» y «sin que se resintiera ninguno de los sistemas» aunque el Ejecutivo cambiase de parecer a última hora, incluso más allá del primer trimestre de 2025.

Almaraz comenzó a operar en 1981 y tuvo plenamente operativos sus dos reactores en 1983, hace 41 años. Campos certifica que podrían seguir operando «otros 40 años más, incluso el doble si se llevan a cabo mejoras», tras recordar que hay centrales nucleares en el mundo con más 60 y que «ya están preparándose para poder llegar a los 100 o más». El director de Almaraz confirma que ya se han preparado los protocolos previos al cese de operación de la central, porque suelen durar unos tres años y ya hay dos equipos trabajando en paralelo en las dos líneas. El primero actúa para que el primer reactor eche el cierre en 2027; y el segundo continuará operando pasada esa fecha y hasta la parada definitiva de 2028 del segundo. Pese a ello, se ha preparado un tercer escenario: para el hipotético caso de que el Gobierno decida extender el permiso para operar. En este caso, Campos advierte de que, «para hacer bien las cosas», esta decisión debería llegar antes del primer trimestre de 2025. «Ese sería el margen técnico aceptable para nuestros protocolos», aunque reconoce que incluso si la notificación gubernamental de la autorización llegara el día de antes, «Almaraz sólo estaría parada un año hasta reorganizar la plantilla». Aunque el coste sería elevado, «estaría marcado por el coste de la energía en ese momento», según incidió el director de Foro Nuclear, Ignacio Araluce. La central cifró en un estudio primigenio que el impacto negativo anual que supondría su cierre para la economía extremeña estaría en 91 millones de euros.

Por eso, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quiso dar su apoyo a la central visitándola el pasado mes de abril «en defensa de su continuidad» y trasladando a la Unión Europea en una carta su «gran preocupación» por el cierre de la central, por la destrucción de empleo y las pérdidas económicas en la zona de Campo Arañuelo. El propio secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido su continuidad «mientras no haya un proyecto claro, alternativo, definitorio y de la misma calidad que la instalación proporciona ahora».

Empleo y actividad

La central de Almaraz emplea a unas 800 personas fijas, pero cuando debe acometer alguna recarga de combustible, llegan a estar empleadas un total de 2.000 personas. Desde que se puso en marcha, ha generado una producción eléctrica equivalente a dos años y medio de consumo energético de todas las ciudades, pueblos, hogares y empresas de España, para un total de 611.000 gigavatios hora (GWh), liderando la producción de todas las instalaciones generadoras de electricidad en España y cubriendo el 7% de la demanda anual del sistema eléctrico, equivalente al consumo de cuatro millones de hogares y alimentando un parque de 400 kilovatios (kW), uno de los más importantes de España. Además, goza de la máxima calificación en seguridad. «Almaraz es como una cebolla, con decenas de capas de seguridad una sobre otra para evitar cualquier problema», defiende Campos.

Los datos avalarían cualquier decisión de mantener su operatividad, pero su rechazo procede de los residuos que se producen, cuya radiactividad sigue inalterable miles de años, con el consiguiente problema de almacenamiento, que continúa sin resolverse. Almaraz cuenta con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), que puede albergar combustible hasta 2028, justo al límite de la fecha de cierre. Pero queda pendiente una solución definitiva.

En un principio, todo ese material iba a trasladarse al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que iba a construirse en Villar de Cañas (Castilla-La Mancha), pero el VII PGRR desechó ese proyecto –después de invertir decenas de millones– y optó por la construcción de siete ATI, uno por central, lo que implicará el aumento en los costes, tanto de construcción como de gestión de los residuos radiactivos. Las compañías eléctricas y el Foro Nuclear han estimado que los cambios introducidos en el nuevo PGRR supondrán un gasto adicional de 10.140 de millones de euros, un 56% más, asumidos por las operadoras de las centrales que deben afrontar la construcción de estos siete nuevos almacenes en vez de uno central.

De momento, las fuentes gubernamentales consultadas confirman que estos residuos deberán mantenerse en los ATI más allá del año 2073, fecha en la que debería estar construido el Almacén Geológico Profundo (AGP), por lo que las compañías deberán mantener operativas sus instalaciones 50 años más, con el consiguiente coste adicional. El propio PGRR prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros.