La ministra Montero, obligada a desvelar las actas sobre la reforma fiscal

La Resolución 244/2022 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha del pasado 2 de septiembre, obliga al Ministerio de Hacienda y Función Pública a desvelar las actas del Comité de Expertos que ha planificado la reforma fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, con la que pretende incrementar anualmente la recaudación tributaria en más de 50.000 millones de euros.

El pasado 22 de marzo, Guillermo Rocafort, abogado y profesor de Economía Pública en la Universidad Carlos III, hizo una consulta a través del Portal de Transparencia para conocer las actas del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, pero, un mes después, la cartera de María Jesús Montero inadmitía la aportación de la documentación requerida al considerar las actas como «información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas».

Alegaban asimismo desde Hacienda que «si fuesen facilitadas [las actas], se vulneraría el compromiso de sus miembros, a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria».

Rocafort insistió ante el Consejo de Transparencia, que responde ahora en un documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se admite la petición en base a «consolidada jurisprudencia» del Tribunal Supremo, que considera las actas de los órganos colegiados de las Administraciones Públicas como un elemento que puede ser objeto de petición de los ciudadanos en base a la Ley de Transparencia.

Desde la notificación de la resolución, el ministerio de María Jesús Montero tiene un plazo máximo de diez días para aportar al reclamante una copia de las actas del Comité de Personas Expertas para la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal.

También está obligado el Ministerio de Hacienda a desvelar las dietas e importes percibidos por los miembros del comité de expertos, «dato que igualmente pretendían ocultar», denuncia Rocafort, y «cuyo conocimiento por la ciudadanía entronca directamente con los fines de la transparencia de “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”», según la resolución del organismo público independiente.

En opinión del letrado, «es preciso conocer las actas [del Libro Blanco], pues hay muchas cuestiones que desvelar a la opinión pública, como por ejemplo, por qué dimitieron dos relevantes miembros de ese Comité de Expertos, así como los detalles más importantes en la propuesta de reforma fiscal, que va a volver a esquilmar con más impuestos los bolsillos de las clases productivas y trabajadoras en España».

Guillermo Rocafort quiere además llamar la atención sobre las «prácticas ocultistas llevadas a cabo por un ministerio que se dedica a la extracción coercitiva de los impuestos a los españoles y que no es un comportamiento recíproco ni tampoco ético, al estar siempre apercibiendo sistemáticamente a los ciudadanos con que deben informar de sus ingresos cuando precisamente ese ministerio no está cumpliendo con la Ley de Transparencia, tal y como acredita contundentemente esta resolución».

Considera el reclamante «muy necesario que la Transparencia entre de lleno en un ministerio acostumbrado a intimidar y asustar a la ciudadanía; se ha de informar de dichas actas así como del dinero público que han cobrado sus redactores a cambio de elaborar un informe “ad-hoc” de “expertos” afines al Gobierno cuyo único fin, fijado de antemano, es avalar una nueva vuelta de tuerca contra los bolsillos de los sufridos contribuyentes». Lamenta el también doctor en Fiscalidad que se trata de «un comité que es instrumento político, no técnico, y solo sirve para aparentar una independencia y rigor que», a su juicio, «resultan inexistentes».