El Gobierno interviene los alquileres: limita las subidas al 2% y subleva a los propietarios

El“Plan de Respuesta” a la guerra de Ucrania anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene, aunque sea de forma temporal, una de las medidas largamente anheladas por Podemos, su socio en Moncloa: la intervención del precio de los alquileres. El plan de ayuda, valorado en 16.000 millones de euros, incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, según ha explicado el jefe del Ejecutivo. Una medida encaminada a minimizar el impacto de la importante escalada que el IPC está experimentando en los últimos meses.

En España, aunque no es obligatorio, el IPC se suele utilizar como indicador para regular la subida de la renta del alquiler en los contratos de arrendamiento. En caso de usarse, se hace cada vez que el contrato ha llegado a la anualidad y aplica el valor publicado dos meses antes. Si el valor de ese mes es positivo, la renta incrementará, mientras que si es negativo, disminuirá. El inquilino debe ser avisado con un mes de antelación al día en el que toque pagar la nueva mensualidad.

El tope a la subida de los alquileres, del que Sánchez no ha ofrecido más detalles, es la única exigencia que Podemos había puesto encima de la mesa durante la negociación del programa con el PSOE, según ha asegurado esta mañana el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en una entrevista en RNE. Para esta formación, resultaba determinante introducir una medida de estas características para aliviar las finanzas de las familias ahora que la inflación está desbocada por los precios de la energía y en febrero se disparó un 7,6% en tasa interanual, superando incluso el 10% en determinadas comunidades autónomas.

Echenique ha llegado a calificar incluso como de “tragedia” que la inflación pudiera repercutirse en los alquileres por el elevado impacto que tiene este gasto para muchas familias españolas. Y es que según un informe realizado por el Gabinete económico de CC OO, el 41% de los hogares españoles que residen en una vivienda de alquiler, unos tres millones de familias, destina al pago del alquiler de su vivienda más del 30% de sus ingresos, lo que se considera en términos económicos como un “sobreesfuerzo”. Según cálculos del portal inmobiliario idealista, los inquilinos a los que les tocó la revisión anual de su contrato de arrendamiento con el IPC de febrero vieron aumentadas sus cuotas mensuales en 53 euros de media. Es decir, en 636 euros al año.

Críticas

El anuncio de Sánchez ha suscitado duras críticas desde el sector inmobiliario, que rechaza cualquier intervención estatal del mercado. “El Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler”, ha denunciado en un comunicado el portavoz de idealista, Francisco Iñareta. “A falta de conocer la letra pequeña de la medida, el anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone. El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado”, ha criticado Iñareta. El portavoz de idealista ha alertado de que la experiencia vivida en Cataluña “ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas”. Entre ellas, ha citado la retirada de viviendas del mercado, la subida de los precios y dificultades para el acceso a una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables.

En términos muy parecidos se ha pronunciado la asociación de propietarios de viviendas en alquiler Asval. En su opinión, esta medida “carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta”. La asociación considera que la medida “generará inseguridad jurídica porque es cuestionable que los efectos de una Ley (Ley de Arrendamientos Urbanos) puedan limitarse de manera sustancial mediante un Real Decreto-Ley”. En su opinión, “tendrían más sentido medidas incentivadoras en las que se favorezca a los arrendadores que voluntariamente no agoten la actualización de IPC o directamente, ayudas a los hogares”. Asval ha solicitado, además, que la medida sea realmente “temporal” para no generar más daños al sector.

Algo más contemporizadora se ha mostrado la web inmobiliaria Fotocasa. En su opinión, la limitación de las subidas supondrá “un claro respiro” para los inquilinos, si bien ha reclamado medidas adicionales que compensen a los propietarios por esta decisión. Fotocasa cifra en un aumento próximo a los 85 euros mensuales (más de 1.000 euros al año) lo que supondría vincular al IPC el precio del alquiler de un piso en Madrid o Barcelona, que cuesta mensualmente entre 1.200 euros y 1.300 euros. Una cantidad “asfixiante” para quienes sus salarios no han aumentado al mismo ritmo, según admite el portal inmobiliario. No obstante, el portal ha advertido de que “la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas”. Aunque la inflación afecta en mayor medida al inquilino, el portal avisa de que el arrendatario también se verá perjudicado, no sólo porque dejará de percibir una cantidad estipulada en el contrato, sino porque varios de los gastos directos de la vivienda a los que el propietario tiene que hacer frente “también es probable que se incrementen”. “La Administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC no recaiga sobre los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados”, sostiene Fotocasa, que considera que tanto los inquilinos como los propietarios merecen “medidas excepcionales”. Asimismo, ha alertado de que el arrendatario, “si se encuentra en un ambiente desincentivador con modificaciones continuas de la normativa”, podría preferir el mercado de la compraventa en lugar del alquiler, “lo que contraería aún más la oferta”.