Por si las cuentas públicas españolas no estuviesen ya lo suficientemente maltrechas, Eurostat, la oficina de estadística europea, ha venido ahora a darles la puntilla. El organismo ha decidido que La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) deberá reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público, lo que supondrá un impacto en déficit y deuda pública en las cuentas de 2020. En concreto, los 35.000 millones de euros de deuda que mantiene Sareb pasarán a tener consideración de deuda pública. La deuda pública ascendió al 117,1% del PIB en 2020. Al sumarle el impacto de 35.000 millones de Sareb, escalará al 120%, por encima de la previsión inicial del 118,8% del Gobierno, según informa Ep.

El impacto en déficit, que será el patrimonio neto negativo que tenga Sareb al cierre de 2020, se definirá una vez que se aprueben las cuentas del «banco malo», lo que está previsto que suceda la semana que viene. A finales de 2019, el patrimonio neto negativo de Sareb rondaba los 7.000 millones de euros, a lo que debe sumarse las pérdidas que se hayan acumulado en los resultados de 2020, lo que permite avanzar que el impacto en déficit «estará bastante por encima» de los 7.000 millones, apuntan desde el Gobierno. En cualquier caso, a medida que se vendan las carteras de activos de Sareb se irá reduciendo la exposición del Estado.

Sareb se creó en el año 2012 para gestionar los activos tóxicos de la banca. Contaba con un 45% de capital del Estado y un plazo de liquidación hasta 2027. Pero las condiciones originales de su creación, que determinaron que la entidad quedase fuera del perímetro público, han variado, como aquella que implicaba que Sareb no tuviese pérdidas significativas. Esta situación motivó un replanteamiento por parte de las autoridades estadísticas. Ya desde el pasado año, Eurostat apuntaba que la solución tenía que pasar por la reclasificación.

El Gobierno español esperaba que se pudiese seguir valorando Sareb con la normativa estadística con la que se constituyó e incluso propuso incluir el resultado de Sareb en las cuentas públicas, pero confiando en que todavía contaba con el plazo de hasta 2027 para «no cambiar las reglas de juego».