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150 años de mitos perpetuados por la Primera República

Jorge Vilches cuenta en su nuevo ensayo la realidad del convulso periodo en España comprendido entre 1873 y 1874
150 años de mitos perpetuados por la República
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La Primera República es un periodo lleno de mitos. Esto se debe a la hegemonía de la historiografía, que lo ve como una ocasión descarrilada por la España reaccionaria. A los 150 años de su proclamación, un 11 de febrero de 1873, conviene deshacer esos mitos. Estos son:
Falso. La República llegó como resultado de un complot para hacer inviable la monarquía democrática de Amadeo. Fue proclamada por unas Cortes reunidas ilegalmente, por una mayoría de diputados pertenecientes a un partido monárquico. No hubo plebiscito ni se consultó al pueblo aun siendo una democracia. Se trató de una imposición de políticos que se atribuyeron la soberanía nacional por encima de su mandato y competencias.
Tampoco. Corrió la sangre. Los relatos nos presentan una España alegre aquel 11 de febrero. Pero hubo paisanos, políticos, guardias civiles y militares muertos en Valencia, Málaga, Sevilla, Córdoba, Murcia y Motril, entre otros lugares. En Montilla los federales asaltaron la casa de Francisco Solano de Riobóo, el más rico del lugar, a quien mutilaron y asesinaron. A esto se sumaron incendios, ajustes de cuentas y robos.
Falso. El desorden fue un instrumento político. En Barcelona se proclamó el Estado catalán contra la legalidad republicana. Fue el 8 de marzo. Hubo dos intentos anteriores: el 12 y el día 21 de febrero. El Gobierno de Figueras permitió el desorden en Barcelona para intimidar y chantajear a la Asamblea Nacional y así cedieran a sus pretensiones. Pi y Margall, ministro de la Gobernación, defendió que no había que reprimir la desobediencia porque eran de su propio partido, se dedicó a la «guerra telegráfica» y repartió armas a los milicianos federales contra los que luego combatió la República.
Falso. La historiografía cuenta que radicales y conservadores intentaron un golpe de Estado el 23 de abril de 1873. Un golpe de Estado es un acto ilegal para usurpar el Gobierno. El propósito era el cambio legal del Gobierno de Figueras, acusado de incompetencia, para establecer el orden. La Asamblea Nacional reunía los poderes y podía cambiar al Ejecutivo, siguiendo el acuerdo para la sustitución de gobiernos establecido el 11 de febrero a propuesta de Pi y Margall. El golpe lo dio Pi y Margall, ministro de la Gobernación, usando a los milicianos federales. Culminó con el asalto al Palacio del Congreso. Pi se convirtió en dictador y publicó un decreto disolviendo la Comisión Permanente de Cortes. Luego hubo cuatro días de represión, casa a casa, de los políticos de la oposición.
Falso también. Pi y Margall colonizó la administración provincial y municipal con personas de su partido para asegurar la victoria en las urnas. El 3 de mayo, poco antes de los comicios, su Gobierno publicó una circular electoral insultando a los partidos de la oposición, que no se presentaron a la convocatoria en protesta por el citado golpe de Estado de Pi y Margall. El 5 de mayo, Pi publicó otra circular más clara: «Las oposiciones, por mucha que sea su libertad y por heroicos que sean sus esfuerzos, han de quedar en notable minoría y ser arrolladas en los futuros debates». Romanones escribió que 16 gobernadores civiles de los nombrados por Pi resultaron elegidos diputados en mayo. La participación fue del 30% con sufragio universal masculino. De los 408 diputados, solo 56 rebasaron los 5.000 votos.
[[H2:Los «cojones» de Figueras]]
La frase es apócrifa pero descriptiva. El presidente huyó de España sin comunicárselo a nadie porque Pi y Margall, según escribió Figueras, le negó su apoyo. Esto sucedió cuando el partido republicano estaba dividido en cuatro facciones irreconciliables. Además, había ruido de sables federales. La escena se produjo al día siguiente, cuando el ministro de Estado, Castelar, fue a buscarle a su casa y el sirviente contestó: «El señor se ha ido en tren a París».
Salmerón dimitió por no firmar dos sentencias de muerte. Es totalmente falso, un mito creado por él mismo para salvaguardar su imagen. Dimitió porque no soportó la presión de sus aliados parlamentarios, que amenazan con dejarlo caer y pactar con Pi y Margall, y de las necesidades de la guerra, que eran restablecer el Cuerpo de Artillería y las Ordenanzas Militares en su totalidad para recuperar la disciplina en el ejército. Esos remilgos con la pena de muerte no quitaron, sin embargo, para que Salmerón pidiera a Pavía que sofocara los cantones andaluces a sangre y fuego, y que ordenara a Martínez Campos que bombardease el cantón de Valencia.
Falso. Las poblaciones de las ciudades declaradas cantón huyeron en masa. El motivo: los cantonales se dedicaban al robo, al asesinato y al encarcelamiento de disidentes. La flota de Cartagena se utilizaba para exigir dinero. En poblaciones pequeñas se lo llevaban todo, y la comida y la bebida que podían. Aguantaron hasta el 9 de enero de 1874 porque esperaban que a la caída de Castelar le siguiera un Gobierno que reconociera al cantón de Cartagena. Al ser derrotados, huyeron. Su empecinamiento ayudó a hundir la República.
La resistencia heroica de los diputados al asalto de Pavía el 3 de enero de 1874 es un mito. Salmerón falsificó el diario de Sesiones de Cortes. Su tarea como presidente de las mismas era redactar el acta de la sesión siguiendo las notas taquigráficas. Hubo dos versiones. La primera, más realista, se pasó a las embajadas y está en el archivo de la Academia de la Historia. La segunda, que se publicó días después en la Gaceta –el BOE de entonces–, es una versión falsa. Salmerón llenó el acta de bravatas de los diputados para «sembrar épica en las futuras generaciones», vengarse de Castelar y fundamentar su recurso contra el acto de Pavía.
Es otro mito que Castelar se enfadara por el golpe de Pavía. Sabía que se iba a producir y lo permitió. Los informes de los embajadores de Italia, Reino Unido y Francia indican que Castelar informó de su derrota parlamentaria a Serrano, que esperaba con los suyos el desenlace de la sesión, que era el momento de hacerlo. Castelar prefirió el golpe de Pavía a que se formara un gobierno favorable al cantonalismo, como tenían pensado Salmerón y Pi y Margall.
Fue dirigido por 29 diputados federales intransigentes que salieron de Madrid en tren entre el 12 y 14 de julio de 1873, siguiendo cinco rutas para levantar cantones en Andalucía, Levante y Castilla la Vieja. Pi y Margall dejó que Juan Contreras, luego jefe del cantón de Cartagena, llegara a dicha ciudad sabiendo que planeaba el levantamiento. El gobernador civil de Cartagena permitió su proclamación. La fuerza armada de los cantones levantados contra la República fueron los milicianos federales que durante meses armó el Gobierno.
Falso. La historiografía amable con el republicanismo corta el relato el 3 de enero de 1874 para alimentar el victimismo. Ese año España siguió siendo una República, con una dictadura constitucional como la de Pi o Castelar, bajo la presidencia del general Serrano, cuyo mandato superó al de los cuatro anteriores.