El Ayuntamiento de Alicante sigue en sus trece y defiende la ordenanza de la mendicidad

El Ayuntamiento de Alicante -en el que gobierna el PP en solitario con 14 de 29 concejales tras las elecciones municipales del 28M-, mantiene su postura respecto a Ordenanza de Convivencia Cívica, la conocida como ordenanza de la mendicidad, y la ha defendido ante el Tribunal Supremo; en concreto, presentó ayer, lunes 24 de julio, un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, que anulaba los artículos más lesivos de la más que polémica normativa.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV anuló los artículos 3.2II; 22 bis; 26-1; 29-3 y 31-2 de la citada ordenanza; unos artículos que afectan a mujeres que ejercen la prostitución, a menores y a personas sin hogar que duermen en la calle.

Sobre el recurso presentado ante el Tribunal Supremo ha informado hoy Manuel Villar, el portavoz del Gobierno y responsable de Asesoría Jurídica, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. Villar ha señalado que el escrito se presentó ayer, es decir, un día antes de que el plazo para presentarlo expirara. El Tribunal Supremo podría tardar entre dos y tres años en resolverlo, ha comentado. “La tramitación de la norma es correcta”, ha agregado para añadir que también lo es el preceptivo informe de igualdad que debía acompañar a la norma.

En cambio, el tribunal autonómico valenciano sostiene que la ordenanza carece del citado informe. Según la sala del TSJCV, el contenido más que sucinto no cumple las exigencias del requisito del informe de impacto de género; consta el trámite, asegura el tribunal, pero dado el carácter conciso del informe no cumple los fines que se le suponen.

El tribunal dio así la razón a Unidas Podemos que recurrió una ordenanza muy controvertida, aprobada por el pleno en febrero de 2022 por el gobierno local de entonces, formado por PP y Ciudadanos, y con los votos de Vox. La norma entró en vigor a finales de marzo del año pasado, generando gran controversia en la sociedad.

El Gobierno local, que lidera el alcalde Luis Barcala, de PP, ha optado ahora por recurrir en el Tribunal Supremo la sentencia contra una norma que multa con hasta 750 euros a las personas que duermen en la calle. En el caso de la prostitución, las sanciones son de 750 euros o más. A efectos prácticos, la ordenanza, por tanto, se sigue aplicando con los artículos declarados nulos, ya que la nulidad no será firme hasta que el Tribunal Supremo pueda ratificar que carecen de validez.

Se trata de una ordenanza que generó gran polémica en la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Alicante, cuando encontró la oposición de una parte importante de las entidades sociales del municipio y de los partidos políticos de izquierdas. Ahora, la ordenanza de la mendicidad ha llegado a los tribunales y sigue levantando polvareda.