¿Tiene razón ERC con su "no" a los presupuestos? Qué ha cumplido el Govern y qué no

Actualmente, Cataluña sigue con los presupuestos de 2023, los del Govern de Pere Aragonès. Y es que, después de unos meses de negociaciones entre Salvador Illa y sus socios de investidura, comunes y ERC, el ejecutivo tuvo que prorrogar el pasado diciembre las cuentas al no ser capaces de cerrar unos nuevos presupuestos para 2025.

Sin embargo, la semana pasada surgió la idea, cada vez más cerca de ser una realidad, de prorrogarlos por segunda vez. Diferentes portavoces del Govern, entre ellos Sílvia Paneque, consejera de Vivienda y Territorio, y Alícia Romero, consejera de economía, pusieron la idea encima de la mesa alegando que “el Govern puede gobernar igualmente” y que bastaría con modificar partidas y con añadir suplementos de crédito.

Estas prórrogas son consecuencia de que el gobierno de Illa no se haya ganado el respaldo de comunes y ERC para que estos negocien las cuentas y las aprueben. Aunque los comunes se han mostrado más conciliadores y es con la formación con la que más avances ha habido, ERC sí que ha sido mucho más tajante: si el Govern no cumple los pactos de investidura, los republicanos no negociarán los presupuestos. El Govern, sin embargo, anunció a finales de 2024 que su intención es cumplir el 45% de los pactos de investidura durante este 2025 y alcanzar más del 70% durante 2026.

Financiación y deuda

La piedra angular de la legislatura es la financiación singular. Hasta ahora, el Govern suscribe de arriba abajo el acuerdo e insiste en que se cumplirá lo que dice. Se ha situado la prioridad de fortalecer la Hacienda catalana, como dice el pacto, para poder asumir la recaudación del IRPF en el 2026. Sánchez e Illa reactivarán en febrero las comisiones bilaterales para poder materializar el acuerdo. Pero, hasta ahora, no hay nada puesto en marcha.

Vinculado con la financiación, pero no con el acuerdo de investidura, existe la condonación del 20% de la deuda autonómica del FLA. Esto lo pactó ERC con el PSOE para la elección de Sánchez a finales del 2023, pero aún no se ha cumplido. De nuevo, está a la espera de que se reúna la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Rodalies sí, pero tarde

El traspaso de Rodalies es otro de los grandes ejes sobre los que viene girando esta legislatura. Pactado para la investidura entre ERC y socialistas, el Govern anunció la semana pasada que le pedirían oficialmente al Gobierno de España la titularidad de la línea R1. Sin embargo, el acuerdo no podrá materializarse hasta febrero, y más a largo plazo, todavía quedarán las otras líneas de la red ferroviaria.

Además, el acuerdo de investidura establecía que antes de 2024 debía haberse presentado el borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora, y eso todavía no se ha hecho, al menos públicamente.

El Hard Rock no depende solo del Govern

El Hard Rock, carpeta que hizo saltar por los aires la pasada legislatura, también tiene protagonismo en esta nueva etapa. El Govern, en este punto, sí que ha cumplido: se ha impulsado el fin de los beneficios fiscales al juego, tal y como establecía el pacto de investidura con ERC y con los comunes La modificación legal debe tramitarla y aprobarla el Parlament. El hecho de que aún no se haya hecho se debe más a las trabas parlamentarias de Junts que a la falta de voluntad del Govern.

Ahora bien, mientras el ejecutivo revierte las reducciones impositivas, no deja de tramitar el plan director que debe facilitar el Hard Rock. El argumento es el mismo que utilizaba ERC: no hay alternativa, porque no tramitar ese plan puede ser un delito de prevaricación. El macroproyecto sólo morirá por completo si los inversores, que mantienen el silencio, desisten con el cambio de contexto impositivo.

El aeropuerto podría generar tensiones

Otra materia en la que ha habido cumplimiento es en la de dar continuidad a la labor de la comisión técnica que debe definir una propuesta para la ampliación o no del Aeropuerto de El Prat. En las próximas semanas deberían conocerse las conclusiones de una carpeta que genera tensiones entre los socios de investidura.

Los comunes se oponen a la ampliación y ERC es partidaria de modernizar la infraestructura pero respetando el medio ambiente y los espacios protegidos del entorno. El PSC también suscribe este punto, pero no esconde que quiere realizar la ampliación. Una vez sean públicos los trabajos de la comisión técnica, el Govern quiere empezar a moverse y tomar decisiones, lo que podría provocar tensiones entre los tres partidos que apoyan a Illa.

Otras leyes

A parte del anuncio de puesta en marcha unas multas de 90.000 euros para grandes propietarios de vivienda que incumplan la ley y especulen, algo más conseguido por los comunes, lo cierto es que con ERC también se pactaron algunas leyes que el Govern sí ha cumplido y otras que no.

Sí se ha impulsado el Estatut de los Municipios Rurales, la ley de memoria democrática o la continuidad con la ley de barrios. Illa, siguiendo la estela de los republicanos, también se opone a bajar impuestos como el de sucesiones o patrimonio, o deflactar el IRPF. También ha dado continuidad a los departamentos de Unión Europea y Acción Exterior, el de Igualdad y Feminismo o ha creado el de Política Lingüística, impulsando un Pacto Nacional de la Salud Mental.

Sin embargo, no tiene prisa con el plan piloto de la Renta Básica Universal, y más allá de elegir un nuevo director, también ha evitado renovar el contrato de los técnicos que trabajaban y quiere rediseñar el proyecto.