ERC da por hecha la prórroga de los presupuestos del Govern ante la "inviabilidad" de cerrar la financiación singular

Después de que el Govern advirtiera el pasado miércoles de que volver a prorrogar los presupuestos era «una opción real», la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha dado por hecho que este año no habrá cuentas y que el ejecutivo, presumiblemente, tendrá que aplicar de nuevo la prórroga. De este modo, ha dicho, la idea de ERC es «dar tiempo» al PSC para que pueda cumplir los acuerdos.

La secretaria general se ha referido a la entrevista de la consejera de Economía, Alícia Romero, que abrió la puerta a la prórroga presupuestaria. De las declaraciones de Romero ha interpretado que «ya está decidido» y ha asegurado que ERC y PSC «se han entendido» en esto.

Uno de los acuerdos que tiene que cumplir el Govern es el de garantizar la financiación singular de Cataluña. Alamany cree que esa «soberanía fiscal» no llegará en 2025 y, por lo tanto, creen que la negociación de las cuentas será a largo plazo, pues marcaron como condición para negociarlas la aprobación previa del cupo catalán. Además, ha dicho, el mismo PSC sabe que «este año no lo tendrán preparado» y, como no tienen otros apoyos más allá del de los comunes, «irán a la prórroga».

En cuanto a la estrategia de su formación, Alamany ha explicado que «donde somos más útiles es haciendo valer nuestros votos y fiscalizando para que en 2026 sí esté listo el proyecto y cumplan los acuerdos», así que, de momento, se dedicarán a esperar.

Por otro lado, al ser preguntada por el nivel de cumplimiento de los pactos, Alamany ha afirmado que es «fantástico» que haya gestos tanto por parte de la Generalitat como del gobierno español, pero ha subrayado que «lo que tiene que haber son cumplimientos».

«Los gestos no son calendarios, son resultados», ha advertido Alamany, pocos días después de que ambos gobiernos hayan acordado un calendario para la reactivación de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat, donde se debe definir la financiación singular.

La postura del Govern

Mientras tanto, los distintos portavoces de la Generalitat siguen insistiendo en que cumplirán «todos los acuerdos de investidura». De hecho, dicen, ya lo están haciendo. Además, mantienen que la relación con ERC y los comunes «es buena».

En cuanto a la negativa de sus dos socios a negociar las cuentas, su postura es firme: «No renunciamos a los presupuestos, pero tampoco a gobernar», decía el martes Sílvia Paneque, portavoz del Govern. Dijo, además, que la prórroga técnica «es una reflexión que todo el mundo debería hacer».

Y es que desde el Govern saben que pueden seguir gobernando sin tener las cuentas aprobadas. Basta con ir modificando partidas y añadiendo suplementos de crédito para tener recursos con los que financiar las iniciativas. Su idea es gobernar así hasta que comunes y ERC estén dispuestos a aprobar las cuentas, pero ellos no tienen prisa y aseguran estar tranquilos. Sin embargo, como los presupuestos actuales son los de 2023, sí que habrá complicaciones para sacar adelante medidas que no estuvieran presupuestadas.

¿Qué piden ERC y comunes?

El Govern, hasta ahora, no ha sido capaz de cerrar unos acuerdos presupuestarios ni con Esquerra ni con los comunes. Los republicanos ponen como condición indispensable el aprobar la financiación singular, o cupo catalán, para Cataluña. El Govern, aunque tiene a unos expertos estudiando la materia, tiene pendiente avanzar definitivamente en ello en las comisiones que se producirán en febrero entre el Estado y la Generalitat de Cataluña.

Paralelamente, el Govern le solicitó el pasado martes al Gobierno de España la titularidad de la línea R1 de Rodalies. Aunque también es una petición de Esquerra, no les parece suficiente. Además, también exigen la condonación del 20% del FLA, otro acuerdo pendiente con el Gobierno español aplazado a febrero.

Mientras tanto, los comunes, aunque se muestran satisfechos por el traspaso de la red ferroviaria y por las modificaciones en la fiscalidad del Hard Rock, también tienen una exigencia muy clara: la aprobación de un régimen sancionador en vivienda. Aunque Illa ha anunciado medidas para la construcción de 50.000 viviendas públicas, entre otras, la formación de Jéssica Albiach exige castigo para los «especuladores y grandes tenedores» que no cumplen las leyes actuales de vivienda.

Ante su exigencia, el Govern anunció el pasado jueves que, antes de que acabe enero, se pondrá en marcha el régimen para sancionar a los que incumplan la legislación con multas de 90.000 euros.