Así es la "Constitución" de los pueblos rurales que quiere aprobar Cataluña para combatir la despoblación

La despoblación rural es un desafío que afecta profundamente a España, especialmente en comunidades como Cataluña, donde amplias zonas del territorio ven cómo sus habitantes, en particular los jóvenes, emigran hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y educativas. Este éxodo deja a muchos municipios con un tejido social debilitado y una economía local en declive, poniendo en peligro su viabilidad a largo plazo.

Para frenar esta tendencia, el Govern de la Generalitat impulsó el pasado mes de octubre el Estatuto de Municipios Rurales, una ley que busca revitalizar las zonas rurales catalanas. Esta norma, que está siendo debatida en el Parlament esta semana tras su aprobación en uno de los primeros Consejos Ejecutivos del gobierno de Illa, se plantea como un instrumento clave para alcanzar un mayor equilibrio territorial y frenar la despoblación.

Un marco legal para reactivar los municipios rurales

El Estatuto está dirigido a los municipios de menos de 2.000 habitantes, que representan el 64% del territorio catalán, pero apenas el 4% de la población

Entre sus principales medidas se incluyen deducciones fiscales por la compra o alquiler de vivienda en estos municipios, la reducción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y la simplificación de trámites administrativos mediante la creación de un portal único. Además, se dotará a los ayuntamientos de mayor autonomía financiera para que puedan gestionar de forma más eficiente sus recursos.

En concreto, se pretende beneficiar a los 213 municipios rurales de Cataluña que tienen menos de 2.000 habitantes y que pertenecen a una comarca rural. Se ampararán también otros 381 municipios, entre los que no lleguen a los 500 habitantes y los que tengan entre 500 y 2.000 habitantes que tengan una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie. También incluye a aquellos que tengan una tasa de envejecimiento superior al doble de la media catalana y a los que hayan tenido una tasa de crecimiento menor al 10% en los últimos diez años.

El proyecto es una continuación de los trabajos realizados durante el mandato anterior de la Generalitat, y según el Govern, cumple con una "deuda histórica" hacia los pueblos rurales.