Inmersión lingüística
El TSJC permite a un padre pedir el 25% de castellano en todos los colegios
La Generalitat tiene de plazo máximo el 31 de mayo para aplicar la sentencia en los centros
Un auto de la sección 5ª de la sala contencioso administrativo del TSJC admite la personación de un particular, padre en un centro escolar, en la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia sobre la aplicación del 25% de castellano en los centros educativos, al entender la sala que debe “reconocer la legitimación de los alumnos y sus padres que comparecen con la legitimación que les otorga la condición de usuarios singulares de un centro escolar concreto”.
De esta manera, el TSJC acepta que un padre de un instituto indeterminado se persone como parte afectada en la sentencia del 25% de castellano y pueda pedir la ejecución forzosa de esta resolución que afecta a todo el sistema educativo de Cataluña, a todos los colegios. Por tanto, la justicia admite la legitimación de un particular, un padre con dos niños escolarizados que pidió la ejecución forzosa.
Un auto que se suma a la legitimación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)del propio TSJC, que ha dado hasta el 30 de mayo como máximo al Govern para aplicar esta sentencia e impartir una clase más en castellano que la propia de lengua en todo el sistema educativo catalán. Ahora, el independentismo explora una respuesta con dos vías abiertas para tratar de burlar el fallo: una nueva ley en el Parlament -pese a que ERC, Junts, PSC y Comunes siguen sin ponerse de acuerdo- y un decreto-ley del Ejecutivo que omita porcentajes en la educación.
El tribunal cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para fundamentar su decisión y concluye que “hay que reconocer la legitimación de los alumnos y sus padres que comparecen con la legitimación que les otorga la condición de usuarios singulares de un centro escolar concreto”. La decisión de los jueces va en contra de lo que pedía la Generalitat, que alegaba la falta de legitimación de un padre concreto para pedir la ejecución forzosa en todo el sistema educativo.
El pasado martes, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, explicó que el recurso presentado por parte de Educación pide suspender los efectos del auto que obligaba a aplicar el 25% de castellano en todos los centros hasta que se resuelva el recurso por los “graves perjuicios que puede suponer a toda la comunidad educativa” aplicar esta orden.
Para la Generalitat tener que aplicar esta sentencia a pocos días de finalizar el curso escolar “sería una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas”, alega en el recurso.
El recurso también argumenta que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que pidió la aplicación de la sentencia del 25%, “no tiene la legitimidad” para participar en esta causa y cree que considerar que esta entidad defiende los intereses colectivos de todos los alumnos es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque, según la Generalitat, no está legalmente habilitada.
Asimismo, considera que en el auto el TSJC “va más allá” de la sentencia del 25% porque considera que la altera y la modifica, algo que cree que también vulnera la jurisuprudencia del Supremo.
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